Una familia en el Ministerio de Ábalos: Koldo García, su mujer y un hermano cobraban sueldos públicos y comisiones

Pedro Águeda

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La rudeza de Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos que acompañaba al ministro a todas partes, no era lo único que creaba suspicacias entre sus compañeros del partido, del Gobierno, y también en la oposición y en los medios. El propio Ábalos trataba con naturalidad que todos conocieran que su asesor tenía un turbio pasado y ninguna experiencia en Transportes y que un hermano de éste, también ajeno a la materia, estuviera contratado por empresas públicas. O que la mujer de Koldo se convirtiera en ayudante de secretaria en el Ministerio. La operación Delorme ha permitido conocer que, además de sueldos públicos, habrían cobrado comisiones y que, en unidad de acción familiar, procedieron a blanquear. 

Introducido en los círculos del PSOE nacional por su paisano Santos Cerdán, el antiguo portero de prostíbulo Koldo García acabó recomendado a José Luis Ábalos, que lo convirtió en su sombra. García fue asesor del ministro, consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad.

Y no dejó a su familia atrás. Durante ese periodo, su hermano cobró, en distintos periodos de dos empresas públicas dependientes del Ministerio. Primero de Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte) y, a partir de marzo de 2022 y hasta la fecha, en Emfesa (Enajenación del Material Ferroviario). Faltaba su esposa, también vinculada al Partido Socialista de Navarra, que encontró una salida laboral en Madrid, concretamente en el Ministerio de Transportes, como ayudante de secretaria. 

La respuesta del Partido Popular a la querella de la oposición por el ‘pelotazo’ del hermano de Isabel Díaz Ayuso con contratos de mascarillas de la administración madrileña fue presentar todos los indicios recabados en prensa de otros concedidos por la Administración central e ir con ellos a la Fiscalía. Las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción se fueron cerrando sin encontrar irregularidades. Excepto el caso de Solución de Gestión, una empresa sin experiencia en el sector que había pasado de ingresar 0 euros en 2019 a 53,13 millones en 2020. La mayoría de esa facturación había corrido a cargo del Ministerio de Transportes, la nueva casa de la familia García Izaguirre. 

Antes de presentar su querella ante la Audiencia Nacional en junio pasado, la Fiscalía Anticorrupción hizo “un análisis detallado” sobre los movimientos de las cuentas bancarias, la información laboral y la tributaria de Koldo García Izaguirre y “su entorno familiar”. Lo primero que constataron fue que “la principal fuente de ingresos” del matrimonio formado por Koldo y Patricia Úriz era el asesor de Ábalos y, sin embargo, de todas las propiedades que acumulaban, él sólo figuraba en una de ellas. Todo estaba a nombre de su mujer. Y de su hija de dos años. 

Entre los años 2017 y 2022, Koldo y su esposa ingresaron en sus cuentas bancarias 1,4 millones de euros, pero solo 441.357, algo menos de la cuarta parte, procedía de sus sueldos. El matrimonio recibió 350.630,42 euros de operaciones en efectivo y 208.573,35 de transferencias. Además se habían embarcado en préstamos por un valor superior a los 380.000 euros. Todos esos ingresos ajenos a sus nóminas se habían incrementado especialmente en 2020, el año de los contratos investigados.

Un piso al contado y a nombre de una niña de dos años

Otro aspecto llamó la atención de los investigadores, el asesor de Ábalos y su mujer comenzaron ese año de la pandemia a comprar propiedades en Alicante: tres inmuebles en Benidorm por un valor total de 435.000 euros. De los pisos, el que cuesta 115.000 euros fue puesto a nombre de su hija, por entonces de dos años de edad. Se pagó en efectivo y a través de transferencias “ejecutadas por terceros”.

Para “ocultar su titularidad real”, dice Anticorrupción en su querella, también utilizaron al hermano de Koldo, Joseba, el empleado de las empresas públicas del Ministerio. Su contratación, considera Anticorrupción, “no puede desvincularse de la posición que su hermano Koldo ha tenido en este Ministerio y que le ha llevado a entablar relaciones con diferentes cargos públicos”.

Joseba García, sin que conste explicación de ello, ingresaba dinero en metálico en las cuentas de Koldo y Patricia. Entre 2020 y 2022 acudió a la entidad bancaria a hacer pagos por valor de 97.404 euros con destino a las cuentas de su hermano y su cuñada. A su vez, él también recibía dinero en metálico. En la época en que los hermanos García estuvieron en el Ministerio, la cuenta bancaria del hermano Joseba y de su entonces mujer recibió transferencias por valor de 435.278,84 euros e ingresos en efectivo de 292.044, 49, además de préstamos por más de 400.000 euros. Todavía en junio, Joseba trabajaba para Emfesa, al frente de la cual está Vicente Calzado Téllez, varios de cuyos encuentros con Koldo en restaurantes han sido monitorizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Calzado Téllez no figura como imputado. 

“Del análisis de las cuentas de Koldo García, su mujer y su hija, resultan un total de 138.062 euros en efectivo sin justificación, más los 224.908 euros también ingresados en efectivo sin justificación en las cuentas de Joseba García”, concluye la Fiscalía. Esas cifras, con independencia de la compra de los inmuebles. Anticorrupción cree que todo ese dinero procede de comisiones por los 53 millones de euros que Transporte, Interior y las comunidades autónomas de Baleares y Canarias desembolsaron para adquirir material sanitario a Soluciones de Gestión, detrás de la que se encontrarían los empresarios imputados Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. 

Los diferentes traspasos de una cuenta a otra representan “una excesiva complicación de operaciones bancarias” que la UCO atribuye a “una maniobra para tratar de dificultar su trazabilidad. Koldo García y Patricia Úriz fueron detenidos el martes en uno de sus pisos de Alicante. Joseba García, en Bilbao. Los hermanos fueron interrogados por la Guardia Civil y custodiados hasta su pase a disposición judicial el jueves por la mañana en la Audiencia Nacional. Patricia Úriz quedó en libertad tras declarar ante la UCO. Los tres están imputados por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal.