La FIDH y AI dicen que el sobreseimiento de Gbagbo deja a las víctimas abandonadas

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y Amnistía Internacional (AI) y condenaron hoy la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de retirar los cargos que pesaban contra el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, acusado de supuestos crímenes de lesa Humanidad.

El sobreseimiento del caso de Gbagbo, detenido en La Haya (Holanda) desde 2011, y de su exministro de Juventud, Charles Blé Goudé, es “otro paso hacia la impunidad”, denunció hoy la FIDH en un comunicado conjunto con el Movimiento Marfileño de Derechos Humanos(MIDH) y la Liga Marfileña de Derechos Humanos (LIDHO).

El presidente de LIDHO, Pierre Adjoumani Kouamé, aseguró que la decisión tomada por la Corte Penal Internacional (CPI) representa “una noticia desastrosa para las víctimas, abandonadas sin remedio posible”.

La retirada de cargos a Gbagbo y su antiguo ministro se suma a la amnistía promulgada por la Asamblea Nacional del país africano el pasado mes de agosto de 2018, que cubre a cerca de 800 personas implicadas en la violencia postelectoral de 2010-2011.

En esos comicios, Gbagbo se enfrentó en las urnas al líder opositor y actual presidente, Alassane Ouattara, y unas 3.000 personas murieron a causa de la violencia desencadenada cuando ambos candidatos se declararon ganadores.

Según las organizaciones firmantes del comunicado, la decisión de la CPI significa que “aquellos con una mayor responsabilidad por estos crímenes, entre los seguidores de Gbagbo y los seguidores de Ouattara, nunca serán castigados”.

“Hacemos un llamamiento a la Oficina del Fiscal para que apele la decisión de hoy y describa, una vez más, la responsabilidad penal de Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé”, afirmó el representante de la FIDH ante la CPI, Amal Nassar.

“La CPI en su conjunto debe aprender de sus dificultades para condenar a los (antiguos) líderes políticos que tienen la mayor responsabilidad en la comisión de delitos y revisar adecuadamente sus políticas”, añadió Nassar.

Sin condenas, las víctimas “ya no esperarán reparaciones”, denuncian las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Por su parte, AI definió la decisión de la CPI como una “decepción aplastante para las víctimas de la violencia postelectoral”, aunque subrayó que “los jueces encontraron que la Oficina del Fiscal no había presentado las pruebas necesarias para probar su caso más allá de toda duda razonable”.

Según Amnistía, “las víctimas de la violencia de 2010-2011 aún deben ver justicia y reparaciones por el daño que sufrieron”.

“Este fallo de la CPI nos recuerda que un juicio justo y el debido proceso deben estar en el corazón de la justicia penal internacional”, concluyó AI en un comunicado.

La crisis de 2010-2011 derivó en un conflicto armado que dejó más de un millón de desplazados, y terminó con la detención de Gbagbo en abril de 2011 en su residencia de Abiyán, capital comercial del país, por parte de los hombres de Ouattara, que recibieron el respaldo de la ONU y de Francia.

Gbagbo ha sido el primer ex jefe de Estado juzgado por la CPI y su liberación supone el segundo revés en menos de un año para la Fiscalía de La Haya, que vio cómo en junio de 2018 una sala de apelaciones absolvía al exvicepresidente de República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba.