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Opinión - ¡Con los jueces hemos topado! Por Esther Palomera

La Fiscalía pide a Llarena que vuelva a solicitar la extradición de Comín, Serret y Puig

Toni Comín, ayer en Bélgica

Oriol Solé Altimira

La Fiscalía del Tribunal Supremo no tira la toalla. El ministerio público ha solicitado al magistrado Pablo Llarena que envíe a Bélgica una nueva orden europea de detención y entrega contra los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, y que antes dicte un auto de ratificación de la prisión provisional en España contra los tres dirigentes independentistas.

En un comunicado, la Fiscalía ha explicado su respuesta al revés belga a la extradición. Las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega a España de los exconsellers porque el juez Llarena no vinculó correctamente las euro–órdenes con una orden de detención nacional, tal y como exige la normativa comunitaria, sino que lo hizo con el auto de procesamiento dictado el pasado 21 de marzo.

La Fiscalía no esconde sus críticas a sus homólogos belgas. Argumentan los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena que el auto de procesamiento “reúne la doble cualidad de auto de prisión u orden detención nacional previa a la OEDE a los efectos de la reclamación”, un criterio que no apreció la Fiscalía de Bruselas.

No obstante, los fiscales piden al magistrado acomodarse a los requisitos formales planteados por Bélgica para tramitar la euro–orden, habida cuenta de que el error inicial del magistrado ha impedido a las autoridades belgas entrar en las cuestiones de fondo de las euro–órdenes.

“Vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas por las autoridades judiciales competentes de Bélgica”, los fiscales solicitan al juez que dicte un auto de mantenimiento y ratificación de la prisió provisional incondicional acordada en noviembre por la Audiencia Nacional respecto a Comín, Serret y Puig, y que emita una nueva orden europea de detención y entrega.

De aceptar la petición fiscal, serían las terceras euro–órdenes que las autoridades judiciales españolas envían a Bélgica. La primera fue en noviembre y la cursó la Audiencia Nacional. El juez Llarena la retiró en diciembre para evitar que Bélgica limitara la acusación por rebelión, y envió una nueva en marzo, que fue tumbada este miércoles por un defecto formal.

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