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Los hijos del franquista Utrera Molina alegan que llamarle “asesino” por firmar penas de muerte atenta contra su honor

Entierro del exministro franquista José Utrera Molina en abril de 2017.

Aitor Riveiro / Mario Escribano

Los hijos de José Utrera Molina, uno de los prohombres del Franquismo, han demandado a la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez; al diputado de ERC Gabriel Rufián; y al exdirigente de Podemos en Toledo Alfredo Díaz-Cardiel Udaondo, por señalarlo como uno de los firmantes de la sentencia de muerte contra el joven catalán Salvador Puig Antich en los estertores de la dictadura. 

En la demanda, a la que ha tenido acceso eldiario.es, exigen una indemnización de 10.000 euros por sendos tuits publicados en el cuadragésimo cuarto aniversario de la ejecución de Puig Antich. El pasado 2 de marzo, Rodríguez, Rufián y Díaz-Cardiel publicaban en la red social un mensaje en recuerdo del que fuera último ajusticiado de la dictadura fascista por garrote vil.

En los tuits, los tres hicieron una referencia a Utrera Molina, que había fallecido un año antes.

En la demanda, los hijos de Utrera Molina reconocen todo el pasado falangista y franquista de su padre, así como la defensa que hizo de la dictadura durante toda su vida el que fuera fallido candidato por Málaga de la Alianza Popular fundada por Manuel Fraga y otros ministros franquistas, convertida hoy en el Partido Popular.

Los demandantes aseguran que los tres tuits tenían por objetivo “dañar la imagen y el nombre” de su padre “atribuyéndole la autoría material o, al menos, una responsabilidad directa en la muerte de Salvador Puig-Antich”. Algo que, en opinión de los hijos de Utrera Molina, “es absolutamente falaz”. Son, apunta la demanda, “insidias infamantes que provocan objetivamente el público descrédito” de su padre.

Los herederos del ya fallecido máximo dirigente falangista denuncian además que Rufián hiciera una referencia a que su padre muriera “en la cama” el pasado mes de abril de 2017. “Sugiere subrepticiamente que dicha muerte no era la que merecía el fallecido”, sino que “se le considera merecedor de haber muerto de una forma distinta (se supone violenta)”.

Utrera Molina formaba parte del Gobierno militar cuando Puig Antich fue condenado a muerte por el asesinato de un policía nacional. El Consejo de Ministros ratificó dicha sentencia, tal y como reconocen los demandantes. El matiz, según los hijos del que fuera máximo dirigente del Movimiento Nacional durante el juicio militar contra el joven anarquista catalán, es que el Gobierno daba “el enterado”, es decir, un mero “acuse de recibo” de las sentencias a muerte. “Ni aunque hubiera querido”, asegura el escrito, “podía ninguno de los ministros de aquél gabinete haber hecho nada para impedir la ejecución”.

La respuesta de Rufián

Gabriel Rufián ya ha presentado su escrito de respuesta a la demanda. En un largo documento al que ha tenido acceso eldiario.es, el diputado ve “imposible que un tuitero que profundizase sobre el mensaje hubiese deducido que D. José Utrera Molina era una persona ajena a aquella condena, puesto que la prensa aseveró que había firmado o autorizado esa ejecución”.

El dirigente catalán recuerda diversos artículos de prensa que abundan sobre el hecho de que la sentencia de muerte vino precedida de la firma de los miembros del Consejo de Ministros de Francisco Franco, tal y como reconocen los propios demandantes. 

Rufián también recuerda que la jueza argentina María Servini, que intentó juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura militar, “pidió su extradición” precisamente por los hechos que se denuncian en los tuits. 

El Gobierno de España y la Fiscalía rechazaron en su día la puesta a disposición de la Justicia de los 18 ex altos cargos franquistas cuyo testimonio reclamó Servini. Una decisión que los demandantes utilizan en su escrito para justificar la inocencia de su padre en la última ejecución por garrote vil del franquismo.

“La importancia de su cargo, el tenso momento histórico y la presión mediática, hacen pensar a cualquier observador objetivo que fue una ejecución en la que hubo de tener voz y voto y que fue meditada y debatida internamente”. Y sigue: “Su cooperación en el trámite está asumida con convicción y conformidad, por mucho que se quiera relativizar. Eso no equivale a acusarle de asesinato, como se pretende de adverso de forma grandilocuente, pero tampoco le hace inmune a la crítica social subyacente en los tuits”.

El diputado presenta un vídeo como prueba con una entrevista al propio Utrera Molina en el que asegura al respecto de la condena a muerte de Puig Antich: “Eso lo llevaba el ministro de Justicia y Franco lo firmaba, los demás no decíamos nada, estábamos de acuerdo con la medida que se podía tomar”. Y añade: “Ni siquiera recuerdo que pasara eso por Consejo de Ministros. No me acuerdo, sino lo diría. Pero habría dicho que 'sí' a una decisión colectiva frente a gente que se estaba acreditando en el asesinato y el ataque al Estado. Estábamos en contra de quienes querían subvertir el orden en España”.

Exaltación del pasado franqusita

Utrera Molina comenzó su prolija y ascendente carrera en la dictadura militar como gobernador civil de Ciudad Real, cargo que desempeñó también en Burgos y Sevilla. Además de procurador en Cortes durante dos décadas, llegó a ser ministro de Vivienda en el Gobierno de Carrero Blanco.

Tras su muerte en un atentado de ETA, el nuevo presidente, Carlos Arias Navarro, le ascendió a ministro-secretario general del Movimiento, lo que le convertía automáticamente en máximo dirigente de la Falange Española de las JONS, único partido político permitido por el dictador militar.

Los herederos reconocen este pasado. Incluso lo glosan a lo largo de la demanda. Tampoco tenía sentido esconder una trayectoria que recogen los libros de historia y que tuvo como colofón el entierro del propio Utrera Molina, en abril de 2017, y que supuso toda una exaltación del régimen dictatorial impuesto en España entre 1936 y 1975.

En el funeral, a la salida del féretro de la iglesia, un grupo de nostálgicos entonó el Cara al sol. Con el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón presente.

Los hechos generaron gran polémica, llegando a ser investigados por la Guardia Civil por posible incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

“Yo me responsabilizo de que se cantara el Cara al sol y de que se saludara con el saludo tradicional de la falange”, aseguraron en un escrito los hijos de Utrera Molina, entre los que se encuentra la esposa de Gallardón. El que también fuera alcalde de Madrid fue uno de los encargados de portar el féretro, aunque entonces rehusó hacer comentarios al respecto “al no estar ya en política”.

En el texto citado, los familiares también se responsabilizan “de homenajear a Francisco Franco y a José Antonio Primo de Rivera” y remarcaban querer “seguir haciéndolo” y “defender a los que lo hagan”. “Yo me responsabilizo de poner a mi padre su camisa azul y las cinco flechas en homenaje a él y a todos los que como él trabajaron con dignidad por una España unida, grande y libre”, rezaba el escrito.

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