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El Gobierno no descarta explicar en el Parlament las consecuencias de una secesión

El Gobierno no descarta explicar en el Parlament las consecuencias de una secesión

EFE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que el Ejecutivo "no tiene ningún inconveniente" en explicar en el Parlament las consecuencias que considera que tendría una eventual secesión de Cataluña a la que aspira el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Sáenz de Santamaría ha respondido así al ser preguntada por la posibilidad de que el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, comparezca en el Parlament para explicar el informe "Por la convivencia democrática" que su Ministerio ha difundido a las embajadas y consulados españoles.

CiU ha pedido hoy la comparecencia de García-Margallo en la comisión de estudio del Derecho a Decidir del Parlament para poder discutir las cifras sobre la situación económica en la que quedaría una eventual Cataluña independiente.

El propio ministro de Exteriores accedió ayer a discutir en sede parlamentaria el informe de su Ministerio sobre el impacto negativo de la independencia en el PIB catalán, para lo que ofreció que el director general de Asuntos Económicos de su ministerio compareciese en el Parlament.

Sáenz de Santamaría ha dicho que el informe es público -está en la web del Ministerio de Exteriores- y ha hecho hincapié en que los ciudadanos tienen "derecho" a saber las "consecuencias completas de las proposiciones que hacen algunos", en este caso, el presidente de la Generalitat.

Preguntada por si el Gobierno considera que es García-Margallo el que debe dar las explicaciones en el Parlament, Sáenz de Santamaría ha respondido que al ministro de Exteriores "le ha correspondido y le corresponde" a nivel internacional, "poner de manifiesto" a las embajadas "cuál es la situación y las consecuencias" que tendría una Cataluña independiente.

En cualquier caso, ha insistido en que "lo importante" y "lo fundamental" es que los ciudadanos tienen que saber cómo afectaría a su economía y a la posición internacional de Cataluña, porque una independencia supondría su salida de la UE y del euro, además de dificultades para el reconocimiento internacional.

Sáenz de Santamaría ha indicado que la obligación del Ejecutivo es decir que el referéndum que plantea Artur Mas, "no es legal" y "no es constitucional" y actuar en consecuencia porque su Gobierno debe ser "el de las leyes y no el de la voluntad de algunos hombres".

"Las leyes están para cumplirlas y las constituciones para respetarlas porque son la base de nuestra convivencia" porque "el Gobierno tiene que ser el Gobierno de las leyes y no de la voluntad de algunos hombres", de manera que "ningún Gobierno va a permitir actos de naturaleza ilegal", ha dicho.

La vicepresidenta ha asegurado que su Gobierno es de "España y también de los catalanes" y procuran que "los catalanes se vean lo menos perjudicados posible" y que "su bienestar sea lo menos cuestionado posible".

Ha señalado que la obligación del Ejecutivo es también tratar de evitar lo que algunos están haciendo vivir a Cataluña, en referencia a Mas, en relación a "una división social" y a una "incertidumbre" que, ha dicho, "ningún Gobierno debería alentar, ni promover".

Sáenz de Santamaría ha recordado a Mas que es presidente porque "la Constitución y las leyes" le permiten serlo, y que "todos estamos sujetos a la ley" pero además los que ostentan cargo público tienen la obligación de "cumplirla y hacerla cumplir".

En este sentido, ha dicho que "no es bueno ver a un cargo público" de la "naturaleza" e "importancia" de Mas hablar "abiertamente" en los términos que lo hace y le ha hecho un llamamiento a su propia posición no hace muchos meses cuando "era consciente de que la legalidad nos obliga a todos".

Sáenz de Santamaría ha señalado que la Generalitat sabe perfectamente que el referéndum que plantea y ha remitido a través de un proyecto de ley del Parlament al Congreso de los Diputados "no es acorde con la Constitución".

Preguntada por si el Gobierno piensa actuar frente a la denominada Asamblea Nacional de Cataluña, la vicepresidenta ha dicho que el Gobierno "ya ha tomado decisiones en relación a algunas actuaciones que afectan a la asociación de municipios por la independencia de Cataluña".

Sáenz de Santamaría ha precisado que la delegación del Gobierno ha recurrido ya 28 de las aportaciones hechas por cerca de 30 ayuntamientos a dicha asociación.

Ha recalcado que a través de la abogacía del Estado "se están recurriendo aquellas decisiones de ayuntamientos que están colaborando con esta asociación para perseguir un fin que nuestra Constitución no ampara".

La vicepresidenta, que ha dicho, que existe una "posición muy activa por parte del Ejecutivo a la hora de preservar nuestra legalidad", ha comentado que a día de hoy "todavía no se ha resuelto ninguno de estos recursos".

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Publicado el
14 de marzo de 2014 - 17:42 h

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