El Gobierno considera “respetable” y “contundente” la decisión de Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre

El Gobierno considera “respetable” y “contundente” la decisión de Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre. Así consta en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso eldiario.es y en la que el Ejecutivo defiende que esa decisión supone “una declaración de confianza en las instituciones”.

El pasado 15 de marzo el jefe del Estado intentó con este anuncio salir al paso de las informaciones que vinculan a ambos con sociedades opacas en el extranjero y de las sospechas cada vez más fundadas de que Juan Carlos I se benefició de comisiones millonarias de Arabia Saudí supuestamente guardadas ahora en paraísos fiscales. Felipe VI también anunció que quitaba al monarca emérito la asignación anual de casi 200.000 euros de dinero público.

No obstante, juristas consultados por eldiario.es sostienen que ese anuncio es un “brindis al sol” y una “mera declaración de intenciones” porque el Código Civil recoge de forma tajante que no es posible aceptar o rechazar una herencia hasta que no tiene lugar el fallecimiento de la persona que lega. De hecho, algunos expertos incluso dudan de que las fundaciones en el extranjero en las que Juan Carlos I y su hijo aparecerían como beneficiarios —Lucum y Zagatka— estén realmente dentro del patrimonio del emérito y vayan a figurar en una futura herencia.

El pasado 2 de mayo Pedro Sánchez volvió a marcar distancias con Juan Carlos I después de que se conociera que usó el mismo gestor que la trama corrupta Gürtel y que llevó 1,9 millones de euros a Suiza en un maletín cuando era jefe del Estado. “El actual jefe del Estado ha marcado claramente las líneas de conducta, ejemplaridad y transparencia de la Casa Real y me atengo a ese tipo de criterios”, expresó el presidente del Gobierno en referencia a la decisión de Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre y de retirarle la asignación presupuestaria que recibe anualmente.

Colaboración con la Justicia

Por el momento, los instrumentos y protagonistas del sistema de Juan Carlos I para esconder el dinero al fisco español son objeto de una causa secreta de la Fiscalía del Cantón de Ginebra donde hay al menos tres imputados: la empresaria alemana Corinna Larsen, expareja del rey y receptora de parte de sus fondos; el gestor financiero al que recurrió el monarca, Arturo Fasana; y el abogado que trabajaba con éste Dante Canónica.

A este respecto, el Gobierno sostiene en la citada respuesta parlamentaria que es consciente de “la importancia de la transparencia” y de “la necesidad de seguir confiando en las instituciones del Estado”. “Por eso, y como no puede ser de otra manera, se continuará colaborando con las autoridades judiciales cuando estas lo requieran, en las investigaciones ya iniciadas tanto por ellas como por la Fiscalía”, asegura el Ejecutivo.

En todo caso, la inviolabilidad del rey en el momento de los hechos dificulta la imputación de Juan Carlos I –ahora aforado ante el Tribunal Supremo– en Suiza y más aún en España, aunque expertos jurídicos ven posibilidades de investigar al rey emérito si el delito fiscal se ha prolongado más allá de su abdicación. Otros indican que la inviolabilidad que protege al monarca por hechos anteriores a 2014 no alcanza a la justicia de Reino Unido o Suiza.

Sobre esta cuestión también se pronuncia el Gobierno en la citada respuesta parlamentaria. Subraya que los “privilegios e inmunidades” de los que gozan los representantes de las instituciones del Estado se encuentran definidos en la Constitución Española y, en “caso de duda”, corresponde a los jueces y tribunales definir su alcance.