El Parlamento de Castilla y León ventilará en dos meses los grandes casos de corrupción tras dos años de boicot del PP
El próximo 2 de abril se disuelven las Cortes de Castilla y León, condición obligatoria ante la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 26 de mayo. Con la disolución del Parlamento regional desaparición muere definitivamente la comisión que aborda los casos de corrupción del Gobierno Herrera: Perla Negra, Trama Eólica y la polémica contratación de las sedes de la Junta en el exterior. Las comisiones de investigación sólo tienen vigencia durante la legislatura en la que se componen, nada excepcional si no fuese porque el Partido Popular, que tiene la mayoría, ha bloqueado la comisión durante dos años y cuatro meses . No lo dicen los grupos de la oposición, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, a quien acudió el PSOE en busca de amparo.
“Se ha producido objetiva o materialmente una obstaculización impropia e intensa del natural ejercicio del derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución –derecho de participación política y en concreto el derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes–, con una ralentización innegable, y frustrando hasta la fecha y pese al largo transcurrir del tiempo, la finalidad y el propósito de la comisión, con un riesgo cierto de que no se pueda llevar a cabo antes de la finalización de la legislatura su cometido”, falló el Constitucional.
Esta sentencia obligó a la Mesa de las Cortes a anular el acuerdo de 20 de diciembre de 2017 en la que denegaba el amparo solicitado por los socialistas, después de que desde el 10 de febrero de 2016 solicitasen una y otra vez que se aprobase el calendario de comparecencias. Antes, el PP había recortado las 130 propuestas y las redujo a 43. Entre los comparecientes estaba el presidente Juan Vicente Herrera.
Una de las razones aducidas para paralizar la comisión es que los casos Perla Negra y Trama Eólica, dos graves casos de corrupción con altos cargos de los Gobiernos de Herrera acusados de un rosario de delitos, estaban siendo ya investigados por juzgados de instrucción y no se quería interferir en la Administración de Justicia.
En este sentido, en su sentencia, el Constitucional recordaba que “el propio Reglamento de las Cortes de Castilla y León, como no podría ser de otro modo, dispone en su art. 50 que las conclusiones de las Comisiones de Investigación no serán vinculantes para los Tribunales. Indica también que no afectarán a las resoluciones judiciales, debiendo plasmarse, antes al contrario, en un dictamen al objeto de que sea discutido en el Pleno de las Cortes, sin perjuicio de que la Mesa de las Cortes pueda dar traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones legales oportunas”.
Añadía que “es preciso evitar toda confusión entre la labor investigadora que puedan llevar a cabo las Asambleas autonómicas o las Cortes Generales y aquélla que corresponde a los órganos integrantes del Poder Judicial.
Las Comisiones parlamentarias, cuando actúan en el ejercicio de sus facultades de investigación y estudio, emiten, como les es propio, juicios de oportunidad política que, por muy sólidos y fundados que resulten, carecen jurídicamente de idoneidad para suplir la convicción de certeza que sólo el proceso judicial garantiza“.
Salvar al presidente Herrera
Lo que el PP ha intentado evitar a toda costa es que el presidente de la Junta tuviese que declarar en la comisión, donde está obligado a decir verdad. Una operación para salvar a Herrera. Para evitar el trance de presentarse ante una comisión de investigación por corrupción, Herrera solicitó comparecer en una Comisión de Economía y Hacienda en mayo de 2017, donde los grupos de la oposición dispusieron de apenas 10 minutos para preguntar al presidente de Castilla y León.
Pero, además, sólo se les permitió tratar un tema, la Trama Eólica. Herrera definió el caso como “corrupción de personas, no corrupción política” , a pesar de que en ella figuraban como investigados altos cargos suyos durante varias legislaturas, mientras que el PSOE aludía a la “omertà” propia de los regímenes mafiosos. Ningún partido creyó que Herrera no estuviese al tanto de que Iberdrola, con cuyos directivos mantiene relación cercana, estaba recomprando con cantidades millonarias las sociedades eólicas creadas por altos cargos y empresarios afines a la Junta, mientras que otras sociedades veían como sus procedimientos de autorización se paralizaban sin explicación.
Herrera evitó así tener que dar explicaciones sobre el caso Perla Negra, en el que la Consejería de Economía convocó un concurso amañado para construir un enorme edificio administrativo fuera de Valladolid, en Arroyo de la Encomienda, y con un sobrecoste millonario del que fue advertido por uno de los consejeros de la sociedad pública que lo sufragó, Pablo Trillo.
Tampoco se ha pronunciado nunca en sede parlamentaria por las 'embajadas' de la Junta repartidas por todo el mundo y sobre las que eldiario.es publicó una investigación que apunta a múltiples irregularidades. La Junta de Castilla y León, no sólo tuvo sedes secretas gestionadas mediante empresarios elegidos no se sabe con qué criterios, sino que llegó a pagar el alquiler de su sede en Bruselas a los promotores del edificio Perla Negra, camuflados en una sociedad belga. Nadie ha sido capaz de pronunciarse tampoco sobre las cantidades que se invertían en comidas, cenas y limusinas, cuando los altos cargos de Castilla y León, viajaban a Bruselas.
La Mesa de las Cortes, cumpliendo con la sentencia del Tribunal Constitucional, ya ha convocado para este jueves reunión de la Comisión de Investigación y, por primera vez en dos años, en el orden del día está fijar el calendario de comparecencias. El PSOE ya ha adelantado su propuesta en el orden: quiere que de los 43 el primero en comparecer sea Juan Vicente Herrera y que le siga la actual consejera de Economía y Hacienda y candidata a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo. Estas declaraciones llegarían, si el PP finalmente no vuelve a bloquearlas, en plena precampaña de las elecciones autonómicas y locales.
La jugada, obliga a que la comisión se desarrolle condensada y con prisas, pero al final de la legislatura se ha convertido en una bomba de efecto retardado para el Gobierno Herrera.
