El Gobierno espera que las fisuras del PDeCAT impidan la declaración unilateral de independencia
El impacto de ver cómo los pesos pesados del empresariado catalán –CaixaBank, Banco Sabadell y Gas Natural Fenosa, entre otros– piden el cambio de sede fuera de Catalunya más las claras posiciones de la Comisión Europea y de las grandes familias políticas europeas en la Cámara de Bruselas contrarias a la declaración unilateral de independencia están agrietando al partido del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Estas fisuras en el PDeCAT, unidas al tirón de orejas de la Comisión Europea, que pidió al Gobierno que buscara una solución política dialogada para la crisis catalana, han hecho que el Ejecutivo de Mariano Rajoy proponga que el Parlament catalán se convierta en el escenario donde comenzar “a sellar la fractura”, ya que es el lugar “donde están sentados los representantes de los ciudadanos y donde se debe recuperar el diálogo y la convivencia”.
La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, señaló en una entrevista de la cadena SER sobre la declaración de independencia que “preocupa poco el tiempo, pero sí la palabra dada, que tenemos un compromiso, pero a su vez, que no queremos perder a nadie, y sobre todo que no queremos perder la complicidad internacional”. En sentido parecido se pronunciaba en un artículo en el diario Ara, el conseller de Empresa, Santi Vila, que abogaba por “acordar, si se me permite, un alto el fuego, no tomar decisiones irreparables en los próximos días”.
Esas “decisiones irreparables” o como lo ha denominado el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, esos “pasos irreversibles en la mala dirección” se concentran en la declaración unilateral de independencia, que en teoría Puigdemont pretende llevar a la Cámara catalana el próximo martes. Por este motivo, el ministro portavoz insistió en que el president “vuelva a la legalidad y se sitúe en el orden constitucional para que podamos hablar y dialogar”.
“Es importante cerrar esa brecha en el Parlament de Cataluña. Sería importante volver al diálogo donde se quebró la legalidad en las jornadas del 6 y 7 de septiembre”, cuando se aprobaron las leyes de referéndum y de transitoriedad, declaró Méndez de Vigo.
Anular la intermediación
El Ejecutivo pretende con el desplazamiento del diálogo a la Cámara catalana anular las variadas propuestas de intermediación internacional o local, que han sido asumidas como “una humillación para un Estado soberano”, y profundizar en el mensaje de que se trata de un problema interno, tras el salto internacional del proceso independentista provocado por la imágenes de violencia en la actuación policial el domingo 1 de octubre.
Además, en el Parlament se rebajaría el conflicto a un debate entre partidos catalanes, sin que el Gobierno entre en el diálogo como le exige el ala más dura de su partido, quedándose como observador a la espera de tomar medidas según los pasos que den las formaciones independentistas.
El Gobierno entiende que entre las filas del PDeCAT necesitan ganar tiempo y argumentos los dirigentes menos radicales y que el abandono de las empresas y los mensajes negativos desde Bruselas vayan calando entre las bases independentistas. Rajoy, una vez más, no tiene prisa por mover pieza. En Moncloa se asume que hay que dar una vía de salida a los independentistas que les permita diseñar una fórmula para no proclamar la independencia.
Imagen de firmeza
A la vez, el Ejecutivo de Rajoy no puede dejar de ofrecer la imagen de firmeza para evitar las turbulencias internas que provoca las peticiones de mano dura por parte del expresidente José María Aznar y un sector del PP y no dejar el espacio a Ciudadanos como único partido que hace frente a los nacionalistas.
Méndez de Vigo declaró este viernes que el Gobierno “tomará en el momento oportuno aquellas decisiones que tenga por conveniente y lo hará con inmediatez, con firmeza y con serenidad”, tras conocerse que durante la mañana Rajoy se había reunido con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que había vuelto a pedir que ponga en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir completamente la autonomía catalana.
Rajoy ha rechazado la aplicación del mecanismo constitucional. La guerra por la imagen en Bruselas es fundamental para los Gobiernos de Madrid y Barcelona. En Moncloa prefieren sanear su imagen en Europa tras la violencia del 1-O y solo dar pasos que no entrañen movilizaciones o sean posibles fuente de disturbios, como la aprobación del Real Decreto Ley para facilitar la salida exprés a las empresas que están en Catalunya y que quieran cambiar rápidamente su domicilio social. Si hay declaración unilateral de independencia, se cambiará la estrategia.
