El Gobierno pospone a después de las andaluzas la renovación del Constitucional que bloquea el PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y la ministra deJusticia, Pilar Llop.

Irene Castro


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El mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional ya está caducado y el Gobierno tiene la determinación de nombrar los dos que le corresponden sin esperar a que el PP se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene que designar otros dos, pero que no puede hacerlo al estar en funciones. No obstante, Moncloa esperará como mínimo a que pasen las elecciones en Andalucía de este domingo para dar ese paso y, al mismo tiempo, da margen al PP para que se avenga a negociar los nombramientos.

Feijóo mantiene el bloqueo de Casado en el Poder Judicial y lo extiende al Constitucional

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La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha preparado el terreno para la renovación de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponden al Gobierno al asegurar que es “bastante viable” llevarlo a cabo, a pesar de las dudas jurídicas que existían dado que la Carta Magna establece que ese organismo se renueve por tercios. El que tiene su mandato vencido desde este domingo es el que corresponde al Ejecutivo y al órgano de gobierno de los jueces. El Gobierno está convencido de que puede designar a los dos que le tocan. “Tiene la facultad”, dijo en una entrevista en Onda Cero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hace unos días.

No obstante, no lo hará en el primer Consejo de Ministros tras el vencimiento del mandato de Pedro González-Trevijano, que es además el presidente del tribunal de garantías; de los también conservadores Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares; y del progresista Juan Antonio Xiol. Con la renovación de ese tercio, sumado al acordado hace unos meses con el PP de Pablo Casado, el Gobierno confían en recuperar la mayoría progresista de la institución en un momento en el que tiene varios fallos clave pendientes. Pero la decisión tendrá que esperar al menos hasta que Andalucía vote. Fuentes de Moncloa confirman elDiario.es que no es uno de los asuntos que formará parte del orden del día de la reunión del gabinete de este martes.

Después de los comicios del 19 de junio el Gobierno tiene que decidir el margen que le sigue dando al PP para renovar el Poder Judicial para que el órgano de gobierno de los jueces pueda designar los dos magistrados que le corresponden, o si nombra a los dos suyos sin esperar. “El anuncio que procede del PP es que cuanto antes digan que van a cumplir la ley y la Constitución”, ha respondido Bolaños en una rueda de prensa tras la audiencia con el papa Francisco en el Vaticano a la pregunta de si el Ejecutivo pretende mover ficha en solitario.

El bloqueo al CGPJ se acerca a los cuatro años y el PP no ha dado muestras de pretender renovarlo. A pesar de la presión que le llega del propio órgano de gobierno de los jueces, Alberto Núñez Feijóo dejó claro que pretende mantener el bloqueo hasta que pasen las elecciones andaluzas. Sin embargo, este mismo lunes enfrió aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez. Génova ha vuelto a la casilla de salida y exige a Moncloa que se acuerde “a la vez” una reforma íntegra de la Justicia que incluya una nueva fórmula de nombramientos, según ha explicado Esteban González Pons, que es el mandatado por Feijóo para estos asuntos. La intención de los conservadores es dilatar aún más el proceso y enviarán a los socialistas una propuesta en el plazo de un mes, informa Aitor Riveiro. Teniendo en cuenta que julio y agosto son meses inhábiles en el Parlamento, la renovación se iría como mínimo a otoño.

En todo caso, el PSOE rechaza un cambio en la forma de elección del órgano de gobierno de los jueces –que en la actualidad requiere de mayoría reforzada en el Congreso y el Senado frente a la propuesta de que sea la propia carrera judicial la que elija su órgano de gobierno–. Esa fórmula ha sido, además, rechazada en el Parlamento en varias ocasiones. Moncloa apremia al PP a cumplir con las normas actuales y renovar las instituciones sin condiciones.

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