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El Gobierno concederá a las víctimas el derecho a recurrir siempre la libertad condicional de sus agresores

Gallardón niega que el proyecto sea un forma de calmar a la AVT.

Luz Sanchis

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El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto del Estatuto de la Víctima en el que se propone que éstas puedan recurrir la excarcelación del culpable aunque no estén personadas como acusación. Aunque desde Justicia insisten en que este cambio está pensado para proteger a las víctimas de cualquier delito, el anteproyecto se aprueba sólo dos días antes de la manifestación de la AVT contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de la etarra Inés del Río.

El pasado miércoles, Jorge Fernández Díaz, reconoció que el inminente visto bueno del plan guarda relación con la preocupación del Ejecutivo por demostrar su cercanía con los que han sufrido el terrorismo de ETA.

Pero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha intentado que no se interprete como una voluntad del Ejecutivo de calmar los ánimos de la AVT. Así, ha subrayado que en este tema se lleva trabajando un año y que es un compromiso del programa electoral del PP. De hecho, ése es el tiempo que ha pasado desde que presentó el primer informe en el Consejo de Ministros, en octubre de 2012. En aquella ocasión, Gallardón prometió tenerlo listo en el plazo de tres meses.

Las víctimas podrán recurrir la libertad condicional, los permisos y beneficios penitenciarios de sus agresores en el caso de de delitos de terrorismo, homicidio, lesiones y contra la libertad sexual penados con más de cinco años de cárcel, es decir, la mayoría de los delitos graves, o cuando se traten de hechos que puedan derivar una situación de peligro para la víctima.

Además del reglamento específico para ellas, este estatuto pretende que estén informadas en todo momento del proceso penal aunque no estén personadas.

Así, si lo solicitan, podrán saber los detalles del juicio, la adopción de medidas cautelares, la puesta en libertad del condenado o el levantamiento del período de seguridad si han pagado las indemnizaciones impuestas por el delito cometido. También podrán recurrir los archivos de las actuaciones judiciales durante un plazo más amplio, de 20 días.

El anteproyecto pasa ahora a ser analizado por órganos como el CGPJ, el Consejo de Estado, el de la Abogacía, las Comunidades Autónomas con competencias en justicia y los colectivos mayoritarios de víctimas. Después, el proyecto final será remitido al Congreso de los Diputados.

Protección para las más vulnerables

Además de facilitar toda la información a las que lo soliciten por escrito, el proyecto contempla medidas de protección para las víctimas que se consideran más vulnerables, además de las del terrorismo. Por ejemplo, no tendrán que cruzarse con el delincuente si les supone sufrimiento, estarán acompañadas en todo momento en los interrogatorios y los menores podrán hacerlo mediante una grabación para no tener que verse con el acusado durante el juicio.

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