Los guardias civiles del 8M confiesan que incumplen la coordinación con la Policía impuesta tras los atentados de Atocha

El brigada de la Guardia Civil imputado por confesar ilegalidades en una grabación reconoció durante su declaración en la Audiencia Nacional que el grupo de investigación al que pertenecía hasta el pasado verano se saltaba los mecanismos de coordinación creados por el Gobierno tras los fallos que facilitaron la masacre yihadista del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Atocha. Con naturalidad, el mando del instituto armado explica ante el juez Pedraz que ignoran las bases de datos conjuntas para evitar que la Policía Nacional “reviente” sus operaciones, en alusión a que la otra fuerza de seguridad averigüe a qué individuos investiga y se apresure a detenerlos.

El guardia civil está imputado en la misma causa en la que antes actuó como investigador de un importante grupo de narcotraficantes. En una grabación incorporada a la misma, el brigada Sergio B. confiesa a una mujer las ilegalidades que comete su grupo en el transcurso de las investigaciones, entre ellas la utilización de dispositivos de seguimiento sin autorización judicial. Las defensas de los presuntos narcotraficantes creen que la verdadera razón de que los guardias civiles no registraran sus avances en las bases de datos es que no estaban investigando a los presuntos narcotraficantes en otoño de 2020 y que, a posteriori, fabricaron seguimientos que nunca habían realizado. El objetivo final sería ocultar el verdadero origen de la información que les llevó hasta los investigados.

El Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de Madrid es el autor de los atestados incorporados al denominado caso 8M, en el que estuvo imputado el delegado del Gobierno de Madrid por permitir la marcha feminista de 2020, acusado de haber contribuido así a la propagación de la COVID-19. La causa fue finalmente archivada tras un intento de los agentes por implicar al epidemiólogo Fernando Simón y señalar a varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez a través de informes repletos de tergiversaciones, bulos y mentiras con un claro sesgo ideológico. 

La actual imputación del brigada Sergio está relacionada, sin embargo, con los métodos utilizados en el marco de la Operación Águila-Frozen contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Una mujer, con la que el guardia civil mantenía una relación incipiente, le grabó a escondidas. Ella aseguró durante su declaración como testigo ante Pedraz que fue una precaución que adopta en sus relaciones con hombres casados. El agente, por contra, acusa a la testigo de ser una infiltrada de la banda de ‘narcos’ y que todo lo que él dice en el audio son falsedades que inventa dentro de una estrategia policial. La cita grabada acaba con el guardia civil y la mujer reservando una habitación de hotel. 

A petición de los investigados por narcotráfico, el juez ha acordado diligencias para demostrar que las afirmaciones que realiza el brigada se corresponden con hechos reales, como los comentarios sobre balizas ilegales que hallaron sus investigados escondidos en sus vehículos. El caso 8M o la operación Águila Frozen se suman a otros supuestos excesos cometidos por el Grupo en otras investigaciones, de las que habla el propio brigada en la grabación.

“Soy el más ilegal de los ilegales”, llega a decir el brigada en la grabación incorporada a la causa. O “mi jefe es buen chaval, pero solo quiere que suene”, en relación al teniente que dirige el grupo. Su declaración en sede judicial acerca de que el grupo no respeta los mecanismos de coordinación abunda en que la prioridad de los agentes es sumar detenidos, cosechar eco mediático y, finalmente, ser recompensados con medallas, ascensos y destinos.

En el transcurso de la declaración del brigada en la Audiencia Nacional su abogado le pregunta por qué no registraron los datos de los investigados en la operación Águila-Frozen. “El motivo de no grabarlo es muy sencillo: tuvimos en ese sentido conversaciones mi jefe [el entonces teniente Abel Marín] y yo al inicio. No nos interesa grabarlo porque puede saltar. Primero si lo grabamos en base CITCO y en la aplicación que tenemos para que cruce con CITCO podían saltarnos coincidencias que no nos interesaban”.

CITCO es el acrónimo de Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. El organismo es el resultado de la fusión entre el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), ambos creados en mayo y octubre de 2004, respectivamente, dentro de la estrategia de seguridad nacional puesta en marcha por el Gobierno de Zapatero tras los atentados terroristas del 11M, que causaron 193 muertos. La investigación de los ataques terroristas reveló graves fallos de coordinación previos entre los distintos cuerpos policiales. 

Para remediar la descoordinación y sus trágicas consecuencias se crearon unas bases de datos a las que debían aportar todas las unidades de investigación. De forma simplificada, el sistema consiste en detectar que dos cuerpos han hecho una consulta o investigan a un mismo individuo, el teléfono que utiliza o el coche que conduce. Si salta la alarma se activan mesas de coordinación para cooperar o solventar quién se hace cargo de las pesquisas, siempre bajo el paraguas de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

“La Policía nos reventó una operación”

El brigada Sergio B. explica al juez Pedraz que su Grupo evita el mecanismo de coordinación. “Recuerdo en este acto que con el anterior titular de este Juzgado ya tuvimos una coincidencia con Policía y reventó la operación y detuvo a dos de nuestros objetivos, precisamente por ese motivo [utilizar las bases de datos]”, afirma.

Una vez ofrecida esta explicación, el brigada ofrece otra adicional. Los investigados por narcotráfico están –“entre comillas o esa es la consideración que nosotros teníamos”, afirma– vinculados a la extrema derecha. El supuesto temor del grupo era que si incluían en la base de datos su identidad lo sabrían investigadores de este fenómeno radical.

Entre los imputados en la operación Águila-Frozen hay un guardia civil acusado de haber obtenido información reservada y entregársela al grupo, justifica Sergio B. Ese guardia civil, un capitán, hizo las consultas que le han valido la imputación cuando no trabajaba en Información, según fuentes del instituto armado. Luego pasó a un destino relacionado con un organismo internacional y dependía de la estructura antiterrorista, pero solo a efectos administrativos.

El juez Pedraz está pendiente de que un juzgado de Plaza de Castilla se haga cargo de la investigación al brigada por ser competente en un presunto delito cometido por funcionario público, tal y como le solicitó la Fiscalía Antidroga. La Guardia Civil abrió una información reservada al brigada por si hubiera incurrido además en infracciones disciplinarias y le apartó a un puesto burocrático en la Comandancia de Madrid. 

Otro desliz en la declaración: las balizas ilegales

La colocación de balizas sin autorización judicial es una de las prácticas que el guardia civil confesó en la grabación que le realizó la mujer. En un escrito recientemente enviado al juzgado de la Audiencia Nacional, la defensa de uno de los investigados presenta lo que considera nuevos indicios de que los guardias civiles recurrieron a esta practica ilegal. Alega que Sergio B. confesó durante su declaración el lugar donde fue detectado uno de estos dispositivos, un taller de Móstoles, imposible de saber si la baliza no perteneciera a los guardias civiles. 

El brigada justificó ante el juez que ese taller es es “conocido policialmente” por dedicarse a “rastrear balizas” o por ponérselas a otros coches. Sin embargo, la defensa del investigado Borja V. ha incorporado una denuncia en sede judicial de abril de 2021 tras el hallazgo del dispositivo en el taller. “En dicho taller, cuando el vehículo se encuentra en elevadores, observan la existencia de una baliza colocada en la parte trasera”, recogía la denuncia.

En el escrito incorporado ahora, la defensa de Borja V. afirma: “En caso de haber realizado algún seguimiento que finalizara en dicho taller, muy difícilmente, por no decir imposible, se puede advertir desde el exterior con qué fin se ha llevado el vehículo a un taller a no ser que el propio dispositivo el que advierta de su propia desinstalación”. En dicho escrito se adjunta una imagen de la fachada del taller “con nula visibilidad hacia el interior”.