La hija de expresidenta Chamorro recurre contra la ley de ciberdelitos en Nicaragua

Managua, 26 feb (EFE).- La periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), presentó este viernes un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por el sandinismo, porque, a su juicio, “reprime” a todos los nicaragüenses.

“Presentamos este recurso esperando que la Corte Suprema de Justicia escuche este clamor, que creo es de todos, es de ustedes (los periodistas) también, porque nos sentimos verdaderamente intimidados”, señaló Chamorro Barrios, que renunció el mes pasado a la dirección de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión.

“Con esta ley ya no somos inocentes, somos acusados permanentemente sólo por decir la verdad o por tratar de informar a la población”, continuó la también vicepresidenta de la junta directiva del influyente diario La Prensa.

A juicio de la también hija del periodista y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por criticar al presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle, esa ley tiende a “intimidar, a reprimir, a quitarnos todos nuestros derechos, y a ir haciendo de Nicaragua una gran cárcel para todos los nicaragüenses”.

“A nosotros nos están apresando con leyes de este tipo, porque nos están dejando sin nuestros derechos”, denunció.

La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento), entró en vigencia el pasado 30 de diciembre, y, según el gremio periodístico independiente, amenaza la libertad de prensa, “criminaliza” al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.

La controvertida ley, que ha sido bautizada como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” por la prensa no oficial nicaragüense, y rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Parlamento Europeo (PE) y Estados Unidos, entre otros, entró en vigencia 60 días después de que fuera sancionada por el presidente Daniel Ortega.

LO QUE DICE EL GOBIERNO

El Ejecutivo sostiene que la ley persigue fortalecer y regular la protección de los sistemas de comunicación del Estado, y sancionará a quienes sin autorización accedan, intercepten o hagan uso de sistemas informáticos, se apropien de programas o datos, intercepten, capten o graben imágenes, conversaciones o vídeos que no están destinados al público.

La norma, compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

La ley contiene 25 definiciones, sin embargo, según advierten sus críticos, no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) e información tergiversada.

Es decir, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, según ha advertido el gremio periodístico independiente, que ha comparado esa ley “con un fusil apuntando a la cabeza” de los periodistas.

El denominado Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua ha rechazado esa ley bajo el argumento de que busca censurar y amenazar a la prensa y ciudadanía en general, y que apunta a controlar y censurar la información en internet, criminalizar a los informantes e impedir las investigaciones periodísticas.

La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.