Impuestos en Madrid: libertad y motor económico o “dumping” y desigualdad

Madrid, 29 abr (EFE).- Elogiada por unos y atacada por otros, la política fiscal madrileña ha sido tema de debate nacional desde hace dos décadas y motivo de confrontación entre administraciones y partidos, por quienes defienden que los bajos impuestos son sinónimo de libertad y de impulso económico y quienes ven “dumping” hacia otras regiones y favores a los más ricos.

En la inusual campaña de las elecciones madrileñas de 2021, marcada por el coronavirus y la alta crispación, el “clásico” de los impuestos no podía faltar, un elemento que inmediatamente capta la atención del votante y que garantiza adhesiones hacia un lado u otro.

Si la derecha aboga por mantener los impuestos como están o incluso bajarlos, la izquierda (con la excepción del PSOE esta vez) defiende la necesidad de que suban para los más pudientes. Y todos aseguran que sus recetas servirán para recaudar más e invertir en mejores servicios sociales.

Como trasfondo, siempre la comparación con otras autonomías, muchas de las cuales critican que Madrid venda como un logro recaudar más con impuestos más bajos, cuando en realidad, dicen, las mejores cifras económicas de la región no se deben a una buena gestión impositiva, sino a las ventajas que conlleva la “capitalidad”.

LAS DEDUCCIONES EN EL IRPF

Todas las autonomías -salvo País Vasco y Navarra, que se rigen por sus normas forales- tienen competencias sobre una parte del IRPF y gestionan directamente otros impuestos como el de sucesiones y donaciones, patrimonio o transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

En el tramo autonómico del IRPF, Madrid ha aprobado sucesivas rebajas de la escala aplicable sobre la base liquidable general en 2007, 2014, 2015 y 2018.

Además, se aplican deducciones por gastos educativos (aplicable desde 2009, pero incrementada sustancialmente desde 2011); por familias con dos o más descendientes e ingresos reducidos (aplicable desde 2010); y vinculadas con la creación de empleo.

En 2018 se incrementaron varias deducciones: por nacimiento o adopción, por acogimiento de mayores de 65 años y/o personas con discapacidad, por arrendamiento de vivienda habitual, por gastos educativos, y por inversión en entidades. Además, se establecieron dos nuevas deducciones: por donativos a fundaciones y clubes deportivos y por cuidado de hijos menores de 3 años (para empleados de hogar).

Según fuentes de la Consejería de Hacienda, las rebajas fiscales en el IRPF se han concentrado en las rentas más bajas, que han visto reducir el tramo mínimo en un 25 %, mientras que esta reducción se ha limitado al 2,3 % en el caso de las rentas más altas.

“Los límites de renta aplicables a las diversas deducciones que se aplican en la Comunidad de Madrid hacen que las mismas estén destinadas precisamente al 75,6 % de madrileños con rentas inferiores a 33.000 euros”, aseguran.

Y como ejemplo, afirman que un contribuyente madrileño que obtiene únicamente rentas del trabajo, soltero y menor de 65 años, con una renta bruta de 20.000 euros paga 103,24 euros menos que un asturiano y 260,96 euros menos si su renta asciende a 45.000 euros. Si tiene dos hijos mayores de 3 años paga 77,74 euros menos si tiene 20.000 euros de renta y 235,46 euros menos si sus rentas son de 45.000 euros.

LOS TRIBUTOS MÁS BONIFICADOS

Uno de los tributos que más se compara entre regiones es sucesiones y donaciones, que en Madrid está bonificado al 99 % de la cuota por adquisiciones, tanto “inter vivos” como “mortis causa”, para personas incluidas entre los grupos I y II de parentesco (descendientes y ascendientes en línea recta y cónyuge).

Desde la consejería lo ilustran con otro ejemplo: “Un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a la vivienda del fallecido, en Madrid pagará 1.586 euros en impuestos, mientras que la misma herencia se grava con 103.135 euros en Asturias o 63.193 euros en la Comunidad Valenciana”.

Patrimonio es un impuesto que desde 2008 está bonificado al 100 % en Madrid, de manera que, por ejemplo, “un contribuyente que tiene un patrimonio de 800.000 euros deberá pagar en la Comunidad Valenciana 560 euros anualmente, mientras que la cifra se eleva hasta los 1.164 euros en Aragón”. En Madrid, en cambio, no paga nada.

Respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, Madrid tiene los tipos más bajos de todas las regiones de régimen general, con varias reducciones que se vienen aplicando desde 2005, lo que hace, según la consejería, que por ejemplo por la compra de una vivienda usada de 150.000 euros no destinada a vivienda habitual se paguen en Madrid 3.000 euros menos que en Aragón o Asturias, mientras que por la escrituración de esa misma vivienda en Madrid se pagan 675 euros menos que en Asturias o 1.125 menos que en la Comunidad Valenciana.

CONTROVERSIA HISTÓRICA

La controversia sobre la política fiscal de Madrid viene de lejos, y las acusaciones de “dumping” o de ser un “paraíso fiscal” son recurrentes entre fuerzas políticas y entre regiones.

Tanto los partidos de izquierdas como los sindicatos han acusado históricamente al PP de perjudicar a los madrileños por unas políticas fiscales que entienden que benefician a los más ricos y que restan ingresos a las arcas regionales, lo que repercute en menos dinero para atender la sanidad, la educación o las políticas sociales.

Y para sostener la crítica, recalcan que Madrid está a la cola de las regiones en cuanto al dinero que destina por habitante o por alumno a materias como la sanidad o la educación, partidas que podrían crecer si se recaudasen más impuestos.

Unas críticas a las que los diversos gobiernos regionales -de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y ahora Isabel Díaz Ayuso- siempre han respondido tirando de cifras de recaudación, alegando que, con impuestos más bajos, se recauda más que en otras autonomías.

Pero además sostienen que, siendo la región con impuestos más bajos, es la más “solidaria” con la caja común al ser la que más aporta para financiar a otras autonomías.

Argumento al que, a su vez, responde la izquierda -entre otros, el propio Gobierno de Pedro Sánchez- alegando que si recauda más no es por tener impuestos más bajos sino por beneficiarse del efecto “capitalidad”.

Otra acusación recurrente, que en general llega desde otras comunidades autónomas, es la de que Madrid hace “dumping” fiscal, al convertirse en un señuelo para que las empresas se instalen en su territorio por la menor carga impositiva que les aplica, dejando a otras provincias con menos posibilidad de atraer inversión.

Acusación que los gobiernos madrileños responden alegando que se podría hablar de “dumping” si el resto de regiones no pudiera hacer lo mismo con sus impuestos, pero cada una es libre de bajarlos en la misma medida que Madrid si así lo quisieran hacer.

LA AMENAZA DE ARMONIZACIÓN

Si los impuestos son arma habitual, más lo han sido durante esta campaña, que ha coincidido con la propuesta de reforma fiscal del Gobierno de Sánchez, un plan de armonizar tributos como patrimonio o sucesiones y donaciones, como asegura Moncloa que reclama la UE.

El anuncio de esta propuesta de armonización -que en la práctica se traduce en que Madrid suba estos impuestos- puso en un brete los primeros días de campaña al candidato socialista, Ángel Gabilondo, que se apresuró a garantizar que si gobierna no tocará los impuestos en los próximos dos años porque en una situación de pandemia no se le pueden pedir más esfuerzos a los madrileños.

El propio Gobierno respaldó a Gabilondo asegurando que una posición y otra no son contradictorias: Moncloa persigue integrar en su reforma fiscal todas las “sensibilidades” autonómicas, que a veces difieren aún siendo gobernadas por el mismo partido, y el candidato socialista se circunscribe a Madrid y a la nueva legislatura, que solo va a durar dos años.

Más Madrid o Unidas Podemos suscribieron lo propuesto por Moncloa porque denuncian un “desajuste fiscal” en Madrid que termina “apadrinando” a los millonarios sin que haya una verdadera “justicia fiscal”.

PP, Vox y Ciudadanos, a su vez, no tardaron en utilizar esta cuestión como arma electoral, advirtiendo a los votantes del “hachazo fiscal” que se vendría encima si gobernase la izquierda.

Así las cosas, y a pocas jornadas de ir a votar, ni el coronavirus ni la crispación han evitado que, una campaña más, los impuestos hayan vuelto a ser protagonistas: bandera para unos, arma de justicia social para otros.