Con o sin indulto, el PSOE no se da por aludido por la sentencia de los ERE

Unidas Podemos está en contra de la concesión del indulto a José Antonio Griñán, condenado por malversación en la sentencia de los ERE. Esquerra no está muy por la labor. El PP se opone con su estruendo habitual. El líder del PSOE andaluz ni se atreve a firmar una petición de indulto. La ministra de Justicia insiste en contar que la petición de la medida de gracia se estudiará de la misma forma que se hace con otras, una frase que nadie puede creerse a menos que lo ignore todo sobre la política. El PSOE o el Gobierno han criticado la sentencia condenatoria, pero sin dar ninguna información sobre la futura petición de indulto.

No es que el tema de los ERE sea el elefante en la habitación dentro del PSOE. Es como si la sede de Ferraz fuera el arca de Noé y albergara a todos los herbívoros de África.

Mientras tanto, los socialistas se comportan como si todo esto en el fondo no fuera con ellos. Como si no se estuvieran jugando las próximas elecciones generales con una mezcla de arrogancia y fingida ignorancia sobre lo que pasó en Andalucía en las décadas que gobernaron esa región.

Pedro Sánchez ofreció una de las primeras reacciones a la sentencia condenatoria por el Tribunal Supremo y las penas impuestas a dos expresidentes de la Junta, a Griñán por malversación y a Manuel Chaves por prevaricación. “Podemos afirmar que están pagando justos por pecadores”, dijo en julio. La respuesta causaba una cierta perplejidad. ¿Quiénes son los “pecadores” que supuestamente se han ido de rositas? ¿Se puede llamar “justos” a los responsables políticos bajo los que floreció un sistema de asignación de ayudas públicas preñado de corrupción?

El presidente citó otro argumento que ha aparecido en varias declaraciones socialistas: Griñán no se había metido dinero en el bolsillo. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y exconsejera andaluza, incidió este jueves en la misma idea. “Se pone en evidencia que ninguno se ha enriquecido personalmente, es decir, que no ha habido ningún lucro personal por parte de ninguna de estas personas imputadas”.

La corrupción es algo más que embolsarse dinero que no es tuyo. Delitos como la prevaricación han aparecido en muchos casos de corrupción en los que el beneficio fraudulento obtenido no fue económico, sino político. Nadie ha demostrado que Esperanza Aguirre se llevara un euro a casa, pero es notorio que el PP de Madrid, cuando era presidido por ella, acudió dopado a las elecciones con fondos no lícitos. Y el PSOE la ha criticado duramente por ese motivo.

Según Montero, la sentencia prueba que no hubo “un enriquecimiento del partido político” de los condenados. La ministra quiere hacernos creer que los socialistas no consiguieron un beneficio político por la creación de un Estado clientelar durante 36 años, del que los ERE fueron un buen ejemplo. Uno que se prolongó a lo largo de casi una década, entre 2001 y 2009.

La ley no obliga solo a los políticos a no robar, sino también a poner todos los medios para impedir que otros roben fondos públicos y a gobernar a través del cumplimiento escrupuloso de la ley. 

El PSOE hace ver que el tema de la responsabilidad política está cerrado desde que Chaves y Griñán dimitieron de sus puestos en el partido. En ningún momento se ha planteado que esos delitos se cometieron en nombre del Gobierno socialista de Andalucía por altos cargos del PSOE o personas nombradas por estos últimos. Nunca ha intentado pedir perdón a los ciudadanos andaluces por esos hechos de forma más o menos solemne o convincente.

Si lo hubiera hecho, ahora tendría más fácil conceder las medidas de gracia. Contaría con más credibilidad a la hora de dar ese paso por polémico que fuera.

¿Está implicado el PSOE en esa triste historia? Veamos quiénes fueron los condenados: dos presidentes de la Junta, tres consejeros autonómicos, seis viceconsejeros y cuatro directores generales. Con independencia de la pena y los delitos mencionados en la sentencia, los socialistas no pueden recurrir a la célebre teoría de las manzanas podridas de uso tan habitual, y en general no muy convincente, en los casos de corrupción.

Un indulto es una decisión discrecional del Gobierno. En este caso, ni siquiera todo el Gobierno se muestra proclive a concederlo. “Nosotros pensamos que la prerrogativa del indulto no puede ser utilizada para este tipo de cosas”, ha dicho Pablo Echenique, de Unidas Podemos. “Somos la fuerza política que más ha trabajado por desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa por corrupción y el indulto está para otro tipo de cosas”.

La referencia a Rajoy es apropiada. El PSOE llegó a La Moncloa en 2018 a causa de una sentencia por un escándalo de corrupción que hizo posible reunir los apoyos necesarios para el triunfo de la moción de censura. No puede sostener que la suya en Andalucía fue una corrupción de baja intensidad, un desliz producto de un simple error de gestión.

Desgraciadamente para el PSOE, no sorprende que no hayan hecho un reconocimiento rotundo de las malas prácticas en Andalucía. Se veía venir con las declaraciones de los finalmente condenados. Una entrevista a Griñán en 2013 dejaba claro y cristalino hasta qué punto negaba la realidad. El que fue consejero y presidente de la Junta negó que la Intervención de la Consejería alertara de la existencia de un fraude, solo de un “procedimiento inadecuado”. No sabían nada, no hicieron nada mal, “se actuó” cuando se conoció el fraude. Ahí se acababa todo.

El PSOE ni siquiera aceptó que la comisión de investigación del Parlamento andaluz señalara la responsabilidad política de dos exconsejeros de Empleo, el departamento que fue el foco del escándalo.

Griñán afirmó entonces que había que esperar a que la Justicia se pronunciara (“Dejemos que se sustancie el caso”) y se conocieran todos los hechos. Eso es lo que ha ocurrido en dos ocasiones con sentencias de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo. “Los condenados actuaron con conocimiento de las irregularidades y persiguiendo una concreta finalidad cuya ilicitud conocían”, dice la sentencia del Supremo.

Por las declaraciones de sus dirigentes, se deduce que el PSOE confía en que los argumentos del voto particular de dos magistradas que rechazan la culpabilidad de los condenados surtan efecto en un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Esa respuesta legalista puede ser aceptable para un abogado o un político al que se le acaban las opciones. Es menos probable que la entiendan los votantes en las próximas elecciones generales. El PSOE tiene algo más de un año para asumir ese precio. Cuanto más tarde, más graves serán las consecuencias.