El 54% de los indultos del Gobierno de Rajoy contaron con un informe desfavorable de jueces o fiscales
El Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido 873 indultos desde 2011 de los que el 54% contaba con un informe contrario de la Fiscalía, de la sala del tribunal o de ambas instancias judiciales. Es el periodo con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia en el que más conmutaciones de pena se aplican y cuando hay un mayor desfase entre las concesiones y los informes contrarios al perdón por parte de jueces y fiscales.
Entre los indultos aprobados el 46% (406 conmutaciones de pena) no cuenta con un informe desfavorable, mientras que el 40% (351) de los indultos que concedió el Gobierno tiene un informe contrario de la Fiscalía, un 9% (79) tiene el dictamen contrario del órgano jurisdiccional sentenciador, y un 5% de ambas instancias judiciales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha concedido 47 indultos a pesar de que fiscales y jueces coincidían en que no se tendía que aprobar dicha medida de gracia a esos condenados.
La mayoría de los indultos concedidos por el Gobierno de Rajoy han contado con algún informe en contra
Indultos concedidos por el Gobierno entre 2012 y 2017 según los informes del Tribunal sentenciador y el Ministerio Fiscal
Los datos se han hecho públicos tras la comparecencia de la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, el jueves pasado en el Congreso. El Gobierno llevaba sin informar sobre la concesión y denegación de indultos en el Congreso desde 2015. Esta dejadez suponía el incumplimiento de la Ley de indultos que obliga a un representante del ministerio de Justicia a trasladarse cada seis meses a la Cámara Baja para explicar las razones para conceder o denegar el perdón a los convictos y entregar un informe sobre este asunto.
Roldán aseguró que el Gobierno había sido “extremadamente cauteloso” en la utilización de esta medida de gracia con una “adhesión elevadísima” a los criterios contenidos en los informes técnicos del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal “que expresaron su parecer favorable en el 95% de los indultos concedidos”.
El ministerio asegura en su informe que “la trascendencia de los informes oficiales del Tribunal sentenciador y del Fiscal resulta pues evidente”. Sin embargo, el departamento que dirige Rafael Catalá hace una trampa a la hora de contabilizar los perdones. En el informe se da por favorable un indulto que cuente con el visto bueno de una de los dos organismo judiciales aunque uno el otro se haya mostrado contrario a la concesión de la medida de gracia.
Es decir, para Justicia en el año 2015 un 99% de los indultos tuvieron el visto bueno de las instancias judiciales pese a que el fiscal o el tribunal habían realizado un informe negativo sobre el 30% de los perdones permitidos por el Gobierno.
La subsecretaria de Justicia insistió en “el carácter excepcional” a la hora de la concesión de indultos. “Se trata de una acto político, que supone una interferencia en otro poder del Estado, la injerencia pretende que sea lo más estricta y rigurosa posible, en consonancia con la realidad social del momento, que es cambiante”, resaltó el cargo del ministerio de Justicia.
El nivel de aprobación de la Fiscalía y los tribunales ha ido en consonancia con el número de indultos que concedía el Ejecutivo. Con la asunción de Rafael Catalá de la cartera de Justicia en 2014 se desploma la aprobación de esta medida de gracia por parte del Gobierno y el peso de los informes negativos de las instituciones judiciales.
Evolución de los indultos concedidos por el Gobierno entre 2011 y 2017 según los informes del Tribunal sentenciador y el Ministerio Fiscal
Es significativo que durante 2012 y 2013, cuando el ministerio de Justicia estaba bajo la dirección de Alberto Ruiz Gallardón los informes negativos de los fiscales y jueces al perdón de las penas sobrepasan a los indultos sin ninguna opinión desfavorable. Así, en 2012 el 60% de las conmutaciones de pena contó con la posición contraria de organismos judiciales mientras que en 2013 el 59% de las medidas de gracia se concedió pese al criterio negativo de jueces o fiscales.
Uno de los indultos que más alarma social provocó fue el del conductor 'kamikaze' que fue condenado a 13 años de prisión por causar la muerte de un joven de 25 años tras conducir durante cinco kilómetros en dirección contraria por la AP-7. La polémica saltó cuando polémica se conoció que el hijo del ministro Ruiz Gallardón trabajaba en el despacho de abogados de Uría y Menéndez que tramitó la petición de la medida de gracia y el abogado del condenado era Esteban Astarloa, hermano del diputado del PP Ignacio Astarloa. El indulto tenía los informes en contra del tribunal y la Fiscalía. El Tribunal Supremo anuló la medida de gracia para el kamikaze.
También fue muy polémico el indulto concedido, con la opinión contraria del tribunal y el fiscal, al entonces presidente de la UD Las Palmas, el empresario Miguel Ángel Ramírez, sentenciado a tres años de cárcel por delito urbanístico. Ramírez aparecía en la contabilidad oficial del PP como donante de 50.000 euros y mantenía una relación de gran amistad con el que fuera ministro de Industria en ese tiempo, José Manuel Soria. El Tribunal Supremo también anuló este perdón.
La polémica de la concesión de indultos persiguió a Ruiz Gallardón durante su etapa en el minsiterio. Ya con Catalá al frente de Justicia, el Gobierno optó por parar la creciente indignación social con la caída en picado de la aprobación de la medida de gracia. Tanto en 2014 como en 2015, el número de perdones con informes negativos están en el 39% y el 31%, respectivamente.
2016 es el año del Gobierno en funciones en el que se conceden 27 indultos y cinco tienen opiniones desfavorables de fiscalía y tribunales, solo un 12%. Ha sido el primer semestre de 2017 cuando Catalá ha visto como los informes negativos de tribunales y fiscalía representan el 40% de las 20 conmutaciones de pena concedidas. El fiscal se opuso a la concesión de indulto de los seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), con una alcaldesa del PP, condenados por prevaricación a los que se les rebajó la pena de cuatro años y medio de prisión a dos. El ministerio de Justicia no incluye este delito como corrupción porque “no hubo enriquecimiento” de los funcionarios, según la subsecretaria de Justicia.
La reforma de la Ley de Indultos se encuentra ahora trabada en la Comisión de Justicia tras la inclusión de una proposición de Ley del PSOE hace seis meses con la idea de prohibir la conmutación de penas a condenados por delitos de corrupción y violencia de género. Los grupos parlamentarios ha presentado enmiendas para que se denegue también el perdón a condenas por terrorismo, pederastia o trata de personas, lo que está retrasando su aprobación.
