IU acusa al Gobierno y al PP de 'obstaculizar al máximo' el caso Bárcenas

El líder de IU, Cayo Lara, ha acusado hoy al Gobierno y al Partido Popular de estar trabajando para “obstaculizar lo máximo posible” que el extesorero del PP Luis Bárcenas “tenga que declarar ante la Justicia” y de participar en la pelea “soterrada” por ver qué juez se queda con el caso.

Cayo Lara, durante la presentación de la campaña de movilización que su partido ha emprendido para exigir la dimisión del Gobierno, ha considerado una “obviedad” que el PP y el Ejecutivo, a través de la Fiscalía, están interviniendo para que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz asuma el “caso Bárcenas”.

“Ruz primero no quería saber nada del caso y después -una vez que la querella de IU recayó por reparto en el juez Javier Gómez Bermúdez- ha querido saber, empujado por la Fiscalía Anticorrupción y por la Fiscalía General del Estado, y otras posiciones que públicamente no aflorarán pero están en la cabeza de todo el mundo”.

En opinión de Cayo Lara, es obvio que “lo pide la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, lo está pidiendo indirectamente” el Gobierno, a lo que ha añadido que es “evidente” que el PP está trabajando para que Ruz se quede con el caso, aunque ha admitido que no sabe qué interés tiene en ello.

El líder de IU también ha calificado como “un plante descarado a la judicatura” la actitud de Bárcenas, que hoy se ha negado a declarar ante el juez y ha dicho que no volverá a hacerlo, y se ha preguntado si Ruz adoptará más medidas cautelares ante ese desafío.

Por el contrario, IU entiende que el caso debe llevarlo “el juez al que le corresponda, el que le toque” porque con el “caso Bárcenas” la Justicia “se está jugando la legitimidad”.

“Por qué ese interés en no dejar actuar a la Justicia como considere conveniente”, se ha preguntado Cayo Lara tras insistir en que se trata del caso más grave de corrupción desde el inicio de la democracia, que ha tocado el poder económico y el poder político.

IU, ha dicho, quiere creer en la Justicia, porque se trata de esclarecer una supuesta financiación irregular de un partido político por parte de empresas que pudieron obtener concesiones administrativas de instituciones gobernadas por ese partido.