Jueces para la Democracia ve “graves” las maniobras del juez Alba con Victoria Rosell
“Son hechos de una enorme gravedad”. La asociación Jueces para la Democracia (JpD) se muestra muy crítica con las acciones del juez Salvador Alba. Su portavoz, Joaquim Bosch, no descarta que el juez que sustituyó a Victoria Rosell en Canarias haya cometido, además de faltas disciplinarias, delitos de prevaricación y coacciones si se comprueba que maniobró contra la exdiputada de Podemos.
El portavoz de esta asociación progresista de jueces se ha ha pronunciado así sobre las grabaciones publicadas por eldiario.es, en las que el juez Alba, que sustituyó a Rosell en el Juzgado de las Palmas, pacta con el empresario Miguel Ángel Ramírez su declaración para que esta sostenga las acusaciones contra Rosell. “Cuando yo te haga esas preguntas y tú contestes, lo que sí tienes que decir es que voluntariamente”, dije el juez durante la conversación.
Ambos mantuvieron un encuentro en el despacho de Alba, donde hablaron sobre la futura declaración de Ramírez y sobre el archivo de la causa contra el empresario, que llega a pedir al juez que no se limite a dictar la nulidad y que argumente su inocencia. Hablan incluso de volver a verse cuando acabe el proceso. “Bueno, después de esto puedo ser amigo tuyo”, dice el empresario.
En conversación con eldiario.es, Joaquim Bosch, ha asegurado que, de confirmarse, los hechos “son de una enorme gravedad”. “Un juez instructor no puede hablar con un investigado fuera de los cauces del proceso, y mucho menos orientar y dirigir su declaración, casi dictársela”, ha afirmado.
Para Bosch esto es especialmente grave tratándose de un caso que afecta a otro miembro de la judicatura. “Un juez que ha orientado una declaración debe necesariamente abstenerse de la causa”, dice Bosch, que considera acertado que el Poder Judicial haya abierto una investigación para aclarar si hay infracciones disciplinarias y responsabilidad penal.
El Consejo General del Poder Judicial ha dado el primer paso para investigar a Alba este mismo jueves. El órgano de gobierno de los jueces ha incoado el expediente y ha puesto al frente de la investigación al Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Fonseca-Herrero.
Bosch cree que Alba, al reunirse con el empresario, comprometió el principio de imparcialidad que debe guiar la acción de todos los jueces y quedó “contaminado”. Así, entiende que de esa forma de actuar se deduce “una infracción grave de las obligaciones judiciales”, siempre que se demuestren los hechos.
En el ámbito penal, el portavoz de JpD advierte de que el juez podría haber cometido un delito de prevaricación “en caso de que se haya orientado al imputado y se haya emitido un informe al tribunal Supremo manipulado previamente, con una declaración que ha sido conducida”. También podría derivarse un delito de coacciones si se demuestra que ha coaccionado a una parte del proceso a cambio de determinados favores procesales.
Dependiendo de lo que el promotor del expediente contra Alba consigue demostrar, el final de este proceso podría acabar con la expulsión del juez de la carrera judicial. Bosch no descarta este extremo, aunque señala que al final la sanción podría ser menor, como una suspensión temporal, una multa económica o un traslado forzoso.
Su asociación no se pronuncia
Alba pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la que fue portavoz en Canarias. Esta asociación, de carácter conservador, no ha querido pronunciarse sobre las informaciones publicadas por eldiario.es. “Declinamos hacer declaraciones sobre el tema”, ha sido la respuesta del portavoz nacional, Celso Rodríguez, ante los requerimientos de este medio.
Su sustituto en la portavocía de la APM en Canarias tampoco ha querido valorar las grabaciones. “Nos remitimos al comunicado que envió nuestro compañero”, ha dicho Ramón Toubes.
Desde el Foro Judicial Independiente, su presidente, Conrado Gallardo, ha dicho que, a la espera de que las grabaciones pasen un control judicial, sí que puede decirse que las actuaciones de los jueces implicados “suscita bastante preocupación y bastantes dudas”. “Es un asunto bastante turbio”, añade.
Gallardo cree que aunque no está prohibido reunirse con un imputado, no es un comportamiento correcto. Si ese encuentro se produce, su asociación cree debe de llevarse a cabo con la presencia del secretario y con la participación de la otra parte. “”No creo que esté bien recibir a partes en el despacho de esa forma“, añade, aunque advierte que hasta hace poco el propio CGPJ defendía que los jueces se reuniesen con quien se lo solicitase.
Tampoco ha querido entrar al fondo del asunto la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Su portavoz Raimundo Prado ha evitado pronunciarse hasta que concluya la investigación abierta por el CGPJ. “No podemos decir nada sobre cualquier cuestión que esté siendo investigada”, ha expresado Prado.
