119 de los 133 controladores de Madrid acusados por el caos aéreo de 2010 pactan con la Fiscalía para reducir sus multas

119 de los 133 controladores acusados en Madrid por el caos aéreo de 2010 han pactado con la Fiscalía reconocer el delito de abandono de servicio público para reducir las multas a las que se enfrentan y evitar el juicio que ha empezado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid. Siete de ellos, que formaban parte de la junta directiva del sindicato USCA o eran miembros de su comité ejecutivo, han aceptado multas de 30.000 euros y cinco meses de suspensión de empleo, mientras que el resto únicamente abonará una sanción de 15.000 euros.

El plante masivo de los controladores durante el puente de la Constitución de 2010 llevó al Gobierno a declarar el estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia y a militarizar el control del tráfico aéreo. El caos aeroportuario obligó a cancelar 1.352 vuelos y afectó a unos 700.000 pasajeros. El desencadenante del conflicto fue un decreto que limitaba las horas extra que podían hacer los controladores –y, en consecuencia, su sueldo–, así como otras medidas laborales. 

“Se ha asumido la acusación para no tener que celebrar un juicio que creemos que es más político que jurídico”, ha explicado a las puertas de los juzgados el portavoz del sindicato USCA, Daniel Zamit, que ha asegurado que sus abogados les habían trasladado que sería “muy complicado” invertir la carga de la prueba. “No protestamos, no hicimos ninguna acción. Nadie abandonó su puesto de trabajo”, ha añadido. En todo caso, el pacto con la Fiscalía no será efectivo hasta que los acusados lo ratifiquen ante la jueza. 

Los catorce controladores que no han aceptado la propuesta de conciliación del Ministerio Público defenderán su inocencia en la vista, de la que han pedido sin éxito su suspensión para que se puedan reproducir íntegramente en la sala grabaciones de las torres de control de los días en los que se produjeron los hechos. Trece de los catorce trabajadores que no han pactado se enfrentan al pago de indemnizaciones de 60.000 euros. El único que afronta sanciones más altas es César Cabo, que fue portavoz de USCA durante el conflicto, y para el que la Fiscalía pide las mismas multas agravadas que solicitó en un primer momento para los directivos del sindicato: 75.000 euros y un año de suspensión de empleo y sueldo. 

Durante el trámite de cuestiones previas, los abogados de algunos de los encausados han aludido a una supuesta vulneración a la tutela judicial efectiva por la conformidad parcial de gran parte de los acusados; al derecho de igualdad de trato en alusión a la absolución decretada por otros juzgados españoles; y a un proceso con todas las garantías por supuestas presiones por parte de la jueza a los acusados que han decidido no aceptar el acuerdo propuesto por la Fiscalía. 

La Abogacía del Estado no participa en el proceso como acusación, pero acude para reclamar que la Administración –a través de la empresa pública Enaire–  no tenga que pagar las indemnizaciones de los viajeros afectados y sean los controladores los que las asuman dicho pago al entender que hubo un “acción concertada” de estos trabajadores para paralizar el tráfico aéreo. 

La vista prevista para este miércoles es la más numerosa y la segunda que se celebra sobre este suceso tras el procedimiento que se llevó a cabo en Palma de Mallorca. En ese caso, también previo acuerdo de la Fiscalía, los acusados reconocieron los hechos y asumieron el pago de multas que oscilaban entre los 15.000 y los 31.500 euros. Previamente, jueces de Santiago y Barcelona habían archivado causas abiertas por estos mismos hechos.