El Gobierno que no sabía nada y que ahora está seguro de que hubo una rebelión en Catalunya

Los estudios científicos revelan que si un sujeto reprime sus recuerdos durante un largo periodo de tiempo, puede ser extremadamente difícil recuperarlos. Mariano Rajoy no ha necesitado que transcurran muchos años para esconder en algún lugar recóndito de su memoria los acontecimientos ocurridos en Catalunya en septiembre y octubre de 2017, que son los que se dirimen en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. Por eso, ahora aparenta tener problemas para recordar lo que ocurrió, como se vio esta semana cuando varios responsables políticos prestaron declaración en la vista.

“Era evidente que la situación se veía venir y los acontecimientos que se produjeron, también. Lo sabían todos”, dijo Rajoy en el típico comentario que es de poca utilidad para el tribunal que juzga el caso. Cuando le preguntaron sobre hechos concretos relacionados con la actuación de su Gobierno –todas esas cosas que un testigo está obligado a contar al tribunal–, el expresidente fue mucho más impreciso hasta el punto de que dijo no saber nada sobre lo que había hecho el Ministerio de Interior del Gobierno que él presidía.

No fue Rajoy el único que alegó desconocimiento. Su ministro de Interior en aquellas fechas, Juan Ignacio Zoido, respondió con “no lo sé”, “lo desconozco” o “no tengo ni idea” a varias preguntas sobre el dispositivo policial desplegado por su Ministerio en Catalunya. Por razones difíciles de entender, Zoido no estaba inicialmente en la lista de testigos de este juicio. Fue un abogado defensor el que solicitó su presencia en las cuestiones preliminares planteadas en el primer día de la vista, petición que fue atendida por el tribunal. 

Al igual que los demás testigos, Rajoy se identificó a petición del magistrado Manuel Marchena: “Mariano Rajoy, 63 años, registrador de la propiedad, casado”. En su vida anterior, fue el presidente del Gobierno. Pero no le pregunten sobre los policías y guardias civiles que su Gobierno envió para el referéndum del 1 de octubre: “Mire, he sido ministro del Interior, puedo asegurarle que jamás he tomado ninguna decisión sobre un dispositivo policial. Son decisiones que competen a quienes están al frente de los operativos”. Por eso, testificó que fueron “los operativos” los que decidieron trasladar a miles de agentes a Catalunya. Quizá él se enteró por la prensa.

No era eso lo que supieron los lectores de ABC que vieron el 24 septiembre de 2017 una portada que decía que “Interior tutelará a los Mossos para evitar la consulta”. El Gobierno envió mensajes claros a la opinión pública –se supone que con el permiso de su presidente– sobre lo que pretendía hacer en Catalunya. 

Santamaría no responde

Lo de Soraya Sáenz de Santamaría no fue un ataque de amnesia. Escuchó una pregunta clara del abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn sobre el papel de las fuerzas policiales enviadas: ¿fueron a apoyar a los Mossos para el 1-O o a sustituirlos en las tareas de orden público? No era una pregunta menor. Lo primero revelaría que confiaban en que la policía autonómica cumpliera parte de sus funciones. Lo segundo serviría para fundamentar la tesis de la fiscalía de que se estaba produciendo una rebelión en esa comunidad autónoma con la complicidad de los Mossos. 

La exvicepresidenta se negó a responder y se limitó a decir que fueron enviados para cumplir una resolución judicial. Los testigos están obligados a decir la verdad, pero eso es más complicado de lo que parece con los políticos en un juicio. Ante las reiteradas peticiones de que respondiera, incluida la del presidente del tribunal, Santamaría se atuvo a su respuesta inicial. 

Santamaría tenía un problema si quería sostener que los Mossos estaban metidos en la conspiración y que sólo las fuerzas de seguridad podían conseguir que se cumpliera la ley. En la carta enviada por Zoido a la Generalitat, Interior comunicó oficialmente que los refuerzos policiales eran “para apoyar a los Mossos en el mantenimiento del orden”. Eso fue el 21 de septiembre. Casi veinte días antes del 1-O, el Gobierno no se había enterado aparentemente de que había una rebelión en marcha.

Lo que no se puede negar es que el Gobierno central había asumido con el despliegue competencias en orden público reservadas en exclusiva a los Mossos, lo que originó la protesta de Joaquim Forn. Sólo podía hacer eso, protestar, porque la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad permite al Gobierno central intervenir “por decisión propia” en las comunidades autónomas en materia de orden público.

Las cargas policiales producidas el 1-O también permitieron a Zoido otro ejercicio de ignorancia forzada. Fueron las imágenes que provocaron la perplejidad de varios Gobiernos europeos sobre lo que estaba sucediendo en España. El Gobierno de Rajoy les había prometido que no habría referéndum y que la situación estaba bajo control. Lo que se vio fue una situación insólita en Europa occidental. 

El entonces ministro de Interior no asumió ninguna responsabilidad. Esto es lo que dijo Zoido a la pregunta de la fiscal Consuelo Madrigal sobre quién ordenó poner fin a las cargas: “La decisión la tomaron los mandos operativos y ellos sabrán por qué lo hicieron”. De la misma forma que su jefe, Zoido se puso de perfil. No tomó ninguna decisión, a pesar de que, según la fiscalía, se estaba produciendo una rebelión contra el orden constitucional.

Conectados por videoconferencia

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, afirmó después que se trató de “una decisión técnica y no política”. La cúpula policial había optado por concentrar el 80% de sus efectivos por la mañana, lo que dejaba muchos menos para la tarde, según contó a El Periódico. Nieto estaba en Barcelona, junto al delegado del Gobierno, Enric Millo, y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que era el jefe del operativo. Todos estaban conectados por videconferencia con el Ministerio de Interior, lo que parece que no fue suficiente para que Zoido se enterara de nada si hay que creer su testimonio como testigo en el Supremo.

Sin embargo, existía un plan para entrar en los colegios y requisar urnas y papeletas durante el escrutinio por la tarde, según informó El País el día después citando fuentes policiales. El impacto creado por las imágenes de las cargas fue lo que hizo que Interior decidiera no llevar a la práctica ese plan. Una decisión extraña si es verdad que se estaba produciendo una rebelión. 

En su esclarecedor testimonio ante el tribunal, el lehendakari Iñigo Urkullu dijo que llamó a Rajoy el día después de los incidentes del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía. Urkullu le dijo que la situación se estaba “yendo de las manos” y que estaba preocupado por el riesgo de incidentes violentos: “Rajoy me dijo que en lo posible haría lo mínimo y cuidaría lo máximo en todo lo que se hiciera”. Otra actitud singular si fuera cierto que había una rebelión en marcha.

“A veces se acierta y otras no, y otras ni siquiera sabemos si hemos acertado”, dijo Rajoy durante su testimonio. En cierto modo, la frase fue una forma de colaborar con la defensa. Los consellers acusados podrían pensar en utilizarla en su alegato final ante el tribunal.