La Junta de Extremadura propone un cambio legal para salvar de la demolición el resort de lujo de Valdecañas

La Junta de Extremadura quiere salvar el complejo residencial de lujo de Valdecañas del derribo ordenado por el Tribunal Supremo. En una iniciativa legislativa a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Gobierno que lidera el socialista Guillermo Fernández Vara plantea una modificación de la actual Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana que incluye una disposición hecha a medida del complejo para indultarlo de la demolición decretada por la Justicia. Isla de Valdecañas es un resort con 185 chalets, campos de golf y embarcaderos construido en suelos protegidos ambientalmente por estar en la Red Natura 2000.

La intención del Ejecutivo extremeño es que la Asamblea regional eleve al Congreso, la cámara competente, una propuesta de modificación de esa norma estatal. Así se lo plantearon a los grupos parlamentarios (PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos) en una reunión el pasado 23 de marzo. Fuentes del Gobierno autonómico aseguran a esta redacción que todavía se está hablando con los partidos y que no han tomado la decisión de presentar formalmente la iniciativa aún. En cualquier caso, la pretensión del Ejecutivo de Fernández Vara sí es mantener en pie el complejo de Valdecañas, a pesar de los pronunciamientos judiciales que acumula en su contra a instancias de Ecologistas en Acción tras 13 años de ardua batalla legal.

La modificación se sustancia, según la propuesta a la que ha accedido elDiario.es, en un artículo único, una disposición transitoria, dos finales y una derogatoria. Es la segunda, la transitoria, la que se refiere expresamente a “Usos del suelo y transformaciones urbanísticas afectadas por resoluciones judiciales pendientes de ejecución material”. Y tiene por objeto único “legalizar” aquellas construcciones que, a la entrada en vigor del cambio planteado, “se hayan aprobado en espacios naturales protegidos, en espacios incluidos en la Red Natura 2000 o en todos aquellos en los que tales actuaciones no estuvieran expresamente prohibidas por su legislación específica de protección”.

Ese cambio se recoge en el artículo uno de la modificación planteada y viene a establecer un mecanismo de autorización previa para permitir urbanizar suelo rural en zonas protegidas.

El Gobierno extremeño alude en la justificación de la reforma a “la seguridad jurídica” y a la “estabilidad económica y social”, así como al “derecho a una vivienda digna, el derecho a unos servicios públicos (sanitarios y educativos, por ejemplo) adecuados y suficientemente dimensionados, el derecho al desarrollo socioeconómico, etc.” que, asegura el documento, “no pueden ser postergados sin justificación en la interpretación de las normas”.

En opinión del Ejecutivo socialista, que es quien plantea el cambio legal, “se ha postulado una interpretación” de la Ley del Suelo “que provoca inseguridad jurídica y efectos indeseados, apartándose además de la directriz establecida en la normativa ambiental”. Continúa la exposición de motivos: “Los terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000 pueden incluir extensas superficies de terreno; afecta a un elevado porcentaje del territorio nacional y en no pocas ocasiones engloban el término municipal entero”. Y añade: “La conclusión tajante de que todos los terrenos Red Natura han de clasificarse como suelo no urbanizable especialmente protegido, incluso los terrenos de menor valor ambiental y mayor grado de antropización por su inmediatez al suelo urbanizado y habitado, supone cercenar el crecimiento de municipios cuyo entero término municipal está incluido en aquella Red”.

Lo que pretende el PSOE de Fernández Vara con esa iniciativa es que el Congreso modifique la Ley del Suelo de manera que la autoridad medioambiental estatal pueda decidir si se construye o no en un espacio protegido. El Estatuto de Extremadura confiere a la Asamblea la posibilidad de solicitar al Gobierno de la nación la adopción de proyectos de ley o remitir al Congreso de los Diputados proposiciones de ley.

“La sentencia del Tribunal Constitucional lo que vino a decir es que con la Ley del Suelo actual en Red Natura no se puede hacer nada”, señalan fuentes del Gobierno extremeño sobre el varapalo judicial que se llevó la Junta de Extremadura cuando el tribunal de garantías anuló la modificación legal con la que en 2011 permitió la construcción de esa urbanización.

Ese cambio legislativo serviría para todo el territorio nacional en proyectos futuros, pero la disposición adicional permitiría legalizar con efecto retroactivo construcciones como el resort que la justicia ha declarado ilegal. “Si en Red Natura se pueden hacer cosas porque las autoriza la autoridad medioambiental, ¿por qué no se va a poder hacer Valdecañas?”, expresan las fuentes consultadas, que recuerdan que el complejo contó con la validación administrativa pertinente: “Medioambientalmente cumplió todo”. “Tenemos que acabar con la despoblación, pero si no podemos hacer nada, ¿cómo lo hacemos?”, se preguntan esas fuentes, que aseguran que hay contactos con el Gobierno de Pedro Sánchez para buscar una solución al conflicto urbanístico. 

Desde Ecologistas en Acción, la organización que promovió el proceso judicial, califican de “aberrante” la intención del Gobierno de Fernández Vara. “Es tremendamente peligroso porque pretende dar cobertura legar a urbanizar en Red Natura 2000 aunque no sea terreno urbanizable, algo que ahora mismo en España no se puede hacer”, asegura Paco Segura a elDiario.es.

El coordinador estatal de Ecologistas recuerda que la Junta “ya modificó la ley extremeña tras la primera sentencia del Tribunal Superior de Extremadura” y señala que entonces se le impuso a la organización una fianza “de 41 millones de euros” que hizo imposible que se paralizaran las obras. Tres años después el Tribunal Supremo confirmó la sentencia, pero entonces ya se había construido buena parte de la urbanización.

Segura muestra una “oposición radicalísima” a una modificación legal que, para salvar Valdecañas, abriría “la espita de poder urbanizar en áreas rurales en los terrenos mejor conservados que tenemos”, algo que considera “muy peligroso” en un país como España, “con la corrupción urbanística que ha existido”.

Ecologistas en Acción no tiene dudas de que los grupos parlamentarios de la Asamblea de PSOE, PP y Ciudadanos apoyarán la modificación, en función de las declaraciones que han hecho en los últimos años y días, como la reciente del portavoz de Ciudadanos: “Quiero más Valdecañas, que vengan todos los ricachones en vez de irse a Ibiza a gastarse las perras”. Desde Unidas Podemos, señala Segura, sí se han mostrado en contra. El coordinador de Ecologistas asegura que tanto desde los socialistas como desde el PP y Ciudadanos se arremete contra su grupo “sin diferenciarse de Vox”. “Nos califican casi de terroristas por defender la ley. Todos se han posicionado”, zanja.

Una maraña judicial

La batalla se remonta a 2007, cuando la Junta de Extremadura dirigida entonces por Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE) declaró el “Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla de Valdecañas” como de interés regional. Así podía reclasificar y ordenar los terrenos protegidos y encargar la construcción de la urbanización a Marina Isla de Valdecañas, S.A.

La organización Ecologistas en Acción recurrió ese decreto sobre el que se sustentó el proyecto. Y ganó. Lo que ocurre es que esa victoria judicial llegó en 2011 y no era firme. No hubo manera de paralizar las obras. Aunque los magistrados admitieron la petición de Ecologistas para paralizar cautelarmente los trabajos, solicitaron al mismo tiempo una fianza mientras se resolvía el recurso.

El Gobierno extremeño, entonces en manos de José Antonio Monago (PP), pidió que la organización pusiera 39 millones de euros porque la empresa le había informado de que su perjuicio económico sumaría 175 millones. Los jueces impusieron, un año después de la sentencia que anulaba el decreto de interés regional, una fianza de 41 millones de euros. La isla siguió como si nada.

Mientras los magistrados del Supremo estudiaban el caso, la Junta extremeña sacó adelante una modificación de la Ley del Suelo autonómica diseñada para dar cobertura al complejo. De hecho, ese retoque legal se hizo 20 días después de la primera sentencia de 2011 que declaró el complejo fuera de la ley. Mucho tiempo después, en 2019, el Tribunal Constitucional anuló el cambio creado para salvar la urbanización, pero ya era muy tarde.

El Tribunal Supremo confirmó el fallo en 2014: Isla de Valdecañas era ilegal. No supuso el fin del proyecto de resort de lujo. La maraña judicial siguió enredada y los chalets en pie. Otro salto de años hasta que, en junio de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura decidió que bastaría con demoler lo que está a medio construir, es decir, permitió que lo que ya se ha levantado permaneciera por “imposibilidad material” de echarlo abajo.

Pero Ecologistas en Acción no se dio por satisfecho y llevó ese auto de ejecución al Tribunal Supremo, que dio la razón a la asociación y en febrero de 2022 dictaminó la demolición de todo el complejo. El Gobierno regional ya ha anunciado que recurrirá esa decisión ante el Tribunal Constitucional, para lo que cuenta con el apoyo del PP.