La Justicia militar rechaza investigar a un coronel por vejaciones a tres mujeres guardias civiles
Abuso de autoridad y discriminación por razón de sexo, atentado contra los derechos fundamentales y extralimitación en el uso del mando. Estos son los delitos que recoge la denuncia que una cabo primero de la Guardia Civil ha presentado contra el coronel jefe de la Zona de Cantabria y que un juez militar ha rechazado de plano, sin practicar una sola diligencia, bajo el argumento de que los hechos denunciados por la mujer no presentan indicios de delito.
El relato remonta al pasado 5 de octubre, durante unas prácticas de tiro a las que habían sido citados un grupo de agentes, entre ellos la denunciante, Pilar Villacorta, y otras dos mujeres del instituto armado que, según la denuncia, también fueron vejadas. Las tres habían sido autorizadas a hacer la práctica sin chaleco porque los que tienen son para hombres, les quedan grandes y no les permiten disparar en condiciones adecuadas.
Al terminar la práctica, los participantes pudieron retirarse a excepción de las tres mujeres, que fueron obligadas a permanecer en el lugar. Hasta 45 minutos después no llegó el coronel Luis Antonio del Castillo, quien anunció a las agentes que les iba a enseñar cómo colocarse la protección. Villacorta, la denunciante, había advertido a sus superiores de los problemas para disparar con el chaleco días antes de la práctica.
Y así, frente al coronel y otros cuatro hombres, comienzan los 23 minutos de presunta vejación. “La escena empieza a ser humillante cuando empiezan a apretarnos los velcros de los chalecos antibalas y la agente femenina que más pecho tenía le comunica que se siente incómoda con la prenda y que es evidente que su pecho es grande y no coge de forma adecuada al chaleco…”, relata la denunciante. El coronel no cesa en la orden y la escena se repite con la segunda guardia civil y con Villacorta, vocal de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en el Consejo Asesor del instituto armado.
“Indicar que este momento fue del todo lamentable al ser un hombre el que me coloca (nos coloca) los velcros y los aprieta oprimiendo mi pecho y, además, como si de un pésimo sastre se tratara, me indica que la colocación es básica para que la prenda quede bien cuando era más que evidente que no era el adecuado en talla y formas”, continúa el relato cuya.
Para completar la escena, el coronel les ofreció “una charla” sobre cómo se coloca el chaleco correctamente, antes de repetir la práctica de tiro. Las agentes le decían que estaban incómodas y el coronel les respondía que el tiro no es algo cómodo y que las situaciones en la calle son de peligro y “nada cómodas”. “Obviamente el señor coronel olvidó que a las que se dirigía eran agentes que trabajan todos los días en la calle y saben de la peligrosidad de su trabajo, la que suscribe tiene 23 años de servicio operativo en la Guardia Civil”, añade la denunciante.
Sin entidad suficiente
Otro coronel, pero del Ejército y juez togado, Miguel Rodríguez de Paterna, ha archivado la denuncia de plano, a propuesta del fiscal jurídico militar. Los hechos, dice el magistrado en el auto de archivo, “no tienen una entidad suficiente para considerar que existiera un grave atentado a la dignidad de la persona”. Los tres delitos del Código Penal Militar que recoge la denuncia pueden sumar un máximo de siete años de cárcel.
“El hecho de que ella (la denunciante) se sintiera humillada no justifica, por sí solo, la apreciación de ese ataque. En efecto, el coronel ordenar repetir un ejercicio, que no se había realizado como estaba ordenado, y difícilmente puede considerarse atentatorio a la dignidad de la persona”, se lee en el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es.
El juez Rodríguez de Paterna se explaya y dice que la “actitud” de los hombres encargados en ajustar el chaleco a las guardias “no es un hecho que pueda menoscabar la dignidad de la persona, aunque aquellas fueran mujeres y estos hombres”. “No debe olvidarse que en este tipo de prácticas es habitual que el aprendizaje requiera, en primer lugar, unas instrucciones de la manera correcta en que ha de colocarse el chaleco”, añade el juez togado.
Un juez designado por el ministro de Defensa
La denunciante pedía que se la citara a declarar, al igual que a los participantes en los hechos y al propio coronel Del Castillo, lo que rechaza el magistrado. Rodríguez Paterna fue designado a propuesta del ministro de Defensa, como la inmensa mayoría de los integrantes de esa jurisdicción. Tan solo cuatro han sido propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, consecuencia de una reciente reforma que iguala los nombramientos a los de la jurisdicción penal ordinaria.
La mujer denunciante describe en su denuncia el ataque de ansiedad que le produjeron los hechos. El juez dice que, aun siendo verdad que tuviera tal situación de estrés, “objetivamente no cabe apreciar la gravedad exigida” para que los hechos revistan indicios de delito. Por este motivo, y también a propuesta del fiscal, el juez togado remite la denuncia al director general de la Guardia Civil por si cupiera abrir expediente de tipo reglamentario al coronel. Desde la Comandancia de Cantabria niegan que la escena se desarrollara como consta en la denuncia, que así lo indica la inadmisión del juez y añaden que si prospera un eventual recurso se podrá demostrar en sede judicial.
A la denunciante le resta presentar recurso de queja ante la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central. La vía penal permite a la denunciante, como personada, conocer las decisiones que se tomen en el marco de la instrucción. Eso ocurre a diferencia de la tramitación de un expediente disciplinario que, de abrirse, se tramita sin que la denunciante conozca diligencia alguna de las que puedan llegarse a realizar.
[Una primera versión de esta información recogía que había sido imposible recabar la versión de la Dirección General de la Guardia Civil. Fuentes de la misma han trasladado posteriormente la versión de la Comandancia de Cantabria que aparece en el texto]
