León de la Riva y dos ediles vuelven al banquillo por el recurso del fiscal contra su absolución en las “comfort letter”
El caso que se convirtió en un “auténtico calvario” para el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, no ha acabado aún. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León han confirmado que el próximo martes tendrá lugar una vista por el recurso de la Fiscalía contra la sentencia del caso de las Comfort Letters, que absolvió al exregidor y a dos de sus concejales.
Las Cartas de Conformidad firmadas por León de la Riva para financiar el fallido soterramiento del tren, hicieron que el Ayuntamiento fuese el avalista de créditos de 400 millones sin que la decisión pasase por el Pleno y la Intervención.
La vista a cargo de la Sala de lo Civil y Penal se desarrollará con la presencia de León de la Riva y de quienes fueron concejales de Movilidad, Manuel Sánchez, y Hacienda, Alfredo Blanco. Los tres volverán a ocupar el banquillo de los acusados. Su presencia no estaba prevista por el TSJ, que pensaba deliberar y sentenciar el pasado 5 de noviembre. Atiende de esta manera el recurso de súplica de la Fiscalía, que consideró “de todo punto necesaria” la celebración de la vista con la presencia de los absueltos, quienes “deberán ser oídos en relación con la solicitud de revocación de la condena absolutoria y su sustitución por otra condenatoria”.
La Audiencia Provincial absolvió a los tres acusados el pasado 30 de julio. En el caso del exalcalde, se le eximió tres delitos de prevaricación en concurso con un delito de falsedad documental por el que se enfrentaba a 9 años de prisión. Sus dos concejales quedaron absueltos de tres delitos de prevaricación administrativa por los que se les pedía 8 años de inhabilitación para cargo público.
Según la sentencia, “no concurren en Francisco Javier León De La Riva el dolo falsario que caracteriza el delito de falsedad documental, de ahí que se absuelva por dicho delito”. El tribunal reconoció que la conducta de León de la Riva “ es constitutiva de una imprudencia, pero no dolosa y el delito de imprudencia de falsedad documental ha prescrito”. Sobre el delito de prevaricación, estimó que “existe una posible ilegalidad administrativa, pero los hechos no tienen entidad penal”.
La Fiscalía recurrió el fallo aludiendo a una “cascada de olvidos” que subrayó en un escrito de 31 folios. La fiscal del caso reprochó, entre otras cosas, el error en la valoración de la prueba. Así, impugnó los hechos probados por omitirse en ellos extremos relevantes que constan en la sentencia y que contienen afirmaciones que se contradicen con otros hechos probados y con la prueba documental.
Entre los olvidos y omisiones del tribunal cita desde un dictamen de Consejo Consultivo que descarta que las cartas de conformidad fuesen un “elemento novedoso” hasta correos electrónicos y actas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, donde los accionistas debatían cómo afrontar el problema del impago de los créditos, que computaban en la deuda pública de las administraciones que formaban parte de ella.
