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Louzán y Piñeiro confían en que el juicio por prevaricación "quedará en nada"

Louzán y Piñeiro confían en que el juicio por prevaricación "quedará en nada"
Pontevedra —

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Pontevedra, 20 nov (EFE).- El expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán y la delegada territorial de la Xunta, Luisa Piñeiro, han coincidido en vaticinar que la causa por fraude y prevaricación por la que hoy viernes serán juzgados "quedará en nada".

Ambos han realizado declaraciones a los medios a su llegada a los juzgados de Pontevedra y han ofrecido un relato previo en el que también han coincidido en trasmitir "mucha tranquilidad".

El primero en llegar a los juzgados de A Parda ha sido Rafael Louzán, quien acompañado de su abogado ha dicho que este juicio es una pieza separada de la 'Operación Patos', en la que "parecía que podía haber visos de alguna irregularidad y la realidad es que de las sesenta personas que de alguna manera estábamos investigadas, más de 50 ya están fuera de este proceso".

Louzán ha recalcado que en la causa que se juzga hoy, relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de unas obras en un campo de fútbol por parte de la Diputación, "no hay ningún perjuicio para la administración, que es importante cuando se trata de responsabilidades públicas".

"Es una cuestión puramente técnica, no me compete a mí ni a la alcaldesa. Hay un proceso que se hizo con el procedimiento legal para ello", ha esgrimido.

También ha subrayado Louzán que ésta es "la primera vez" que es juzgado en un tribunal "aunque pueda parecer que pude haber estado en alguno más", pues ha recordado que en otro proceso, relacionado con el alquiler de unos locales comerciales en Vigo, "parecía que podía terminar en un juicio y sin embargo se comprobó claramente y de forma manifiesta que no era el proceder de lo que se decía".

Louzán se ha mostrado convencido de que "después de siete u ocho años termina un proceso que acabará en nada. No hay ningún perjuicio para la administración, que es lo que realmente me preocuparía", ha insistido.

Cree que la causa procede de "comentarios que otras personas hacen y hoy comprobaremos que no hay nada" y de "unas fotografías del campo que el fiscal dice que se podía sobreentender que algunas obras antes de la inauguración ya estaban hechas. Una cosa es que estén hechas, que supongo que se demostrará hoy, y otra cosa es que estarían sin pagar", ha indicado.

Además, ha alegado que "si quisiéramos cometer alguna irregularidad no hubiésemos llamado a la prensa a esa visita a las obras, en donde se hicieron las fotos. Todo fue con luz y taquígrafos, que es lo que me da mayor tranquilidad", ha zanjado.

Tras Louzán, la delegada de la Xunta en Pontevedra y por entonces alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, ha indicado que confía en la justicia y en que "esto tiene que salir bien. Confío en que vaya a quedar en nada", ha reiterado.

Sobre la causa que hoy será juzgada, ha dicho que "hubo una obra de un campo de fútbol y luego hubo unas mejoras. Todo lo que está proyectado está pagado y hecho. El fiscal tendrá que demostrar su tesis. Nosotros vamos a demostrar que todo lo que está hecho está pagado. Es una obra con unas mejoras a mayores y nada más".

En el juicio que hoy acoge el juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra se sentarán en el banquillo de los acusados otras seis personas, entre ellos el responsable de la empresa Eiriña, adjudicataria de las obras, varios empresarios o el entonces director de infraestructuras de la Diputación.

El fiscal pide tres años de prisión y nueve de inhabilitación para Rafael Louzán, Luisa Piñeiro y Manuel G.J., el director de infraestructuras, por prevaricación y fraude, aunque los dos últimos solo en calidad de cooperadores necesarios en el caso de la prevaricación.

Las penas solicitadas para los otros cinco acusados oscilan entre los dos y tres años de cárcel y los tres y cuatro años de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas.

En el escrito de acusación, el fiscal fija el inicio de esta actuación irregular en diciembre de 2011, cuando la Diputación de Pontevedra aprobó un convenio con el Ayuntamiento de Moraña.

Dicho convenio, que tenía como objeto remodelar el campo de fútbol de este municipio, suponía una aportación de casi un millón de euros por parte del gobierno provincial, dinero al que había que sumar otros 21.000 euros para la redacción del proyecto.

La actuación se financió mediante una subvención discrecional de Louzán, entonces presidente de la Diputación, y fue adjudicado a la empresa constructora Eiriña.

Dos años después, la Diputación aprobó modificar el proyecto para, según asegura el fiscal, abonar unos 86.000 euros a la constructora por un sobrecoste relativo a unas obras no contratadas, a pesar de que la ley impedía rebasar el importe de la adjudicación.

Según el fiscal, ante la negativa de los técnicos de la Diputación de abonar ese incremento, los acusados "idearon un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa Eiriña el importe que reclamaba sobre el presupuesto aprobado".

La alcaldesa solicitó una nueva subvención a la Diputación para ejecutar una serie de mejoras en el vestuario y las gradas del campo que, añade el fiscal, hacían referencia a la ejecución de obras que, al menos parcialmente, ya habían sido realizadas.

A pesar de que el proceso de contratación incluyó a otras empresas -propiedad de dos de los acusados- como "mero trámite", según el fiscal, las obras fueron adjudicadas a Eiriña mediante una partida de libre disposición del presidente para cubrir el sobrecoste inicial, sostiene el fiscal en su escrito.

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