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Catalá vuelve a ponerse del lado de los investigados por corrupción

Rafael Catalá, durante un pleno del Congreso.

Marcos Pinheiro

Rafael Catalá fue ascendido a ministro de Justicia a finales de septiembre de 2014, tras la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón. Desde esa responsabilidad ha ejercido como protector de sus compañeros de partido investigados por los tribunales, ha asistido a comidas con condenados por corrupción y ha despreciado públicamente confesiones que apuntaban a la corrupción en el seno del Gobierno de José María Aznar.

El sms a Ignacio González es la última línea del currículum del titular de la cartera de Justicia, que incluye una reunión con el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en mitad de su problemas judiciales con Púnica y una reprimenda pública a las fiscales que le acusaban de tres delitos de corrupción. Su mensaje al expresidente de la Comunidad de Madrid, confiando en la pronta solución de sus “líos”, ha vuelto a poner de manifiesto su actitud protectora con los compañeros de militancia que tienen problemas judiciales.

“Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”, escribió el ministro de Justicia a González el pasado 3 de noviembre. El expresidente madrileño llevaba ya varios meses imputado en el caso Ático, que investiga la compra de un piso de lujo en Marbella, y en junio de ese año se había judicializado el caso Lezo, que le ha enviado a prisión incondicional por sus negocios con el Canal de Isabel II.

Una reunión con el presidente de Murcia

Su anterior muestra de apoyo fue también para un presidente regional. El pasado mes de febrero, durante el 18º Congreso Nacional del PP, se reunió con Pedro Antonio Sánchez un día antes de que el juez de Púnica emitiese un auto que le acusaba de cohecho, fraude y revelación de secretos.

Las cámaras captaron cómo Catalá llamaba por teléfono a Sánchez para encontrarse en las instalaciones de la Caja Mágica, donde se estaba celebrando el acto del partido. Tras el encuentro en los pasillos del recinto, el ya expresidente de Murcia canceló la comparecencia que tenía prevista ante la prensa y abandonó el Congreso.

La relevancia de ese encuentro creció con el auto del juez de Púnica pero, sobre todo, con las revelaciones que hizo el propio Sánchez sobre su caso. En una comparecencia se refirió al criterio de los fiscales del Tribunal Supremo sobre su caso, en mitad de la polémica sobre las presiones a las dos fiscales del caso. Ese criterio no se había hecho público. Sánchez había accedido a información reservada sobre el caso de corrupción que le tenía a él como principal acusado.

Encontró entonces el apoyo público de Catalá. En una entrevista reconoció que la información de que la había hablado el presidente murciano era reservada, pero le quitó importancia y le echó otro capote, mucho más importante. Reprendió a las fiscales del caso, Gemma García y María Teresa Gálvez, por haber discrepado del criterio de sus jefes, contrarios a acusar a Sánchez. Aseguró que se ponía del lado de sus superiores y anunció posibles consecuencias contra ellas.

Unos días después, y a pesar de la polémica generada por sus palabras, Catalá se mantuvo en su apoyo a Sánchez. Redujo a “una mera investigación” el caso Auditorio, por el que se encontraba imputado por prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación. Esta investigación tampoco ha estado exenta de polémica.

En el cumpleaños de un condenado

Apenas unos días después de brindar protección pública al presidente murciano, Catalá viajaba a Baqueira para acudir a un cumpleaños. La celebración tenía como protagonista a Manuel Torreblanca, un empresario condenado a dos años de cárcel por siete delitos delitos fiscales. Evitó entrar en prisión, pero tuvo que pagar 4,6 millones de euros junto con el gestor de su fortuna de la familia de su mujer, Liliana Godia.

Catalá asistió a la comida celebrada en un restaurante de la estación de esquí de Baqueira, en el Valle d’Aran. No hay fotos del encuentro, pero el ministro de Justicia sí que se fotografió unos meses antes con otro empresario con problemas judiciales, Enrique Cerezo.

Ambos viajaron en el avión que el presidente del Atlético de Madrid fletó para acudir a la final de la Champions en Milán. Cerezo está imputado en el caso Ático, por cohecho y blanqueo de capitales, y este martes han salido a la luz una conversación entre ambos en la que bromean con que la única solución para cerrar la investigación es pegarle al juez “un par de tiros”.

Desprecio a la confesión de Correa

En su labor de ministro de Justicia se ha permitido también opinar sobre procedimientos en curso. Lo hizo con el juicio sobre la primera época de la trama Gürtel, cuando el pasado octubre se hizo la primera petición de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareciese como testigo.

Entonces aseguró que Rajoy no tenía nada que ver con ese proceso, recordó que ya había cientos de testigos citados y añadió que no el jefe del Ejecutivo no podía aportar mucho más. El tribunal no comparte su decisión, y hace una semana aceptó la declaración de Rajoy, secretario general del PP durante la época que se juzga en la Audiencia Nacional.

Un año antes, en octubre de 2015, había opinado también sobre este proceso. En esa ocasión lo hizo para despreciar la confesión de Francisco Correa que publicó eldiario.es, y en la que el cabecilla de la trama Gürtel aseguraba que había cobrado el 3% de comisión a los empresarios que querían adjudicaciones del Gobierno de José María Aznar. Correa ratificó luego esa confesión durante su declaración en el juicio.

Sin embargo, para el titular de Justicia esa palabras tenían “poco fundamento” y se trataban tan solo de una estrategia de defensa. De nuevo la Audiencia Nacional discrepó con el ministro, cuando el juez José de la Mata aceptó reabrir el caso de los papeles de Bárcenas por los nuevos datos aportados por Correa.

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