Sánchez incorpora a todo el Consejo de Ministros a la gestión de los fondos europeos tras la queja de Iglesias por ser excluido

Moncloa tiene ya preparado el decreto con el que pretende gestionar los fondos europeos a través de las estructuras para canalizar los 140.000 millones que llegarán de Bruselas en los próximos años. Tal y como ha dicho Pedro Sánchez en numerosas ocasiones, la aprobación y dirección del Plan de Recuperación y Resiliencia iba a recaer en una comisión interministerial y así figuraba en el borrador del decreto. Sin embargo, la queja del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por quedar fuera de ese organismo ha motivado que el presidente haya dado la instrucción de que sea el Consejo de Ministros el que pilote la gestión de los fondos.

Sánchez siempre ha dicho públicamente que la gestión de los fondos -que también se canalizarán a través de las comunidades autónomas en un 50% y de la colaboración público-privada- se llevaría a cabo a través de una comisión interministerial. El borrador recogía que once ministros formaran parte de ese organismo, entre ellos la vicepresidenta económica, Nadia Calviño; la de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la de Hacienda, María Jesús Montero; la de Educación, Isabel Celaá; el de Sanidad, Salvador Illa; el de Agricultura, Luis Planas; el de Ciencia, Pedro Duque; el de Transporte y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la de Industria, Reyes Maroto; y el de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá. De la cuota de Unidas Podemos, solo tendría presencia la de Trabajo, Yolanda Díaz, y quedaba fuera el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que confiaba en que se corrigiera esa decisión. También formarían parte segundos escalones, como los secretarios de Estado de Economía y Empresa, de Presupuestos, de Hacienda; la directora general de fondos europeos y el responsable del Departamento de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, “que ejercerá las funciones de secretario de la Comisión”.

Fuentes del entorno del vicepresidente segundo aseguraban este martes que conocían su exclusión desde la semana pasada y admitían el malestar por esa decisión de dejar fuera a Iglesias, que tiene entre sus competencias las políticas sociales del Ejecutivo así como lo relativo a la Agenda 2030, y aseguraban que es un asunto que ya ha abordado con Sánchez y que tenía el “compromiso” de que estaría representado en la comisión que dirigirá el plan de recuperación. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que “hace unos días” el presidente había dado “instrucciones expresas” de que fuera el “Consejo de Ministros el que haga ese encargo” ya que “las estrategias abarcaban a la totalidad del Gobierno”.

“El presidente ya había dado instrucciones expresas que no aparecen recogidas en ese borrador en relación de que quienes van a velar por el cumplimiento y la ejecución de los fondos europeos van a ser la totalidad de los departamentos puesto que todos y cada uno tenemos una parte más o menos intensa en la propia distribución de esos fondos europeos”, ha expresado la ministra de Hacienda.

Además, Montero ha querido restar importancia a ese roce y ha asegurado que desconoce si la rectificación de Sánchez se produjo antes o después de la queja de Iglesias. “Que en vez de que sea una comisión interministerial o sea el Consejo de Ministros... estas no son las materias que ocupan al Consejo de Ministros. Las materias que puedan crear una cierta tensión en momentos determinados corresponden a cuestiones de calado. Que en una comisión esté un número de ministros u otro no forma parte de los debates habituales y son cuestiones de trámite”, ha respondido la portavoz, que ha insistido en que el borrador no era el definitivo.

La pretensión del decreto también es que sea en Moncloa donde se haga el seguimiento de la ejecución del plan de recuperación, que pretende contar con colaboración público-privada. Habrá un comité específico que designará, a su vez, la comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencias que se encargará de proporcionarle asistencia y soporte técnico, según recoge el decreto, adelantado por la Cadena Ser. Además, será en la presidencia del Gobierno donde se centralice la unidad de seguimiento del plan. La relación con los distintos actores público-privados se llevará a cabo mediante la creación de “foros y consejos de alto nivel”.

El decreto también busca agilizar la tramitación de los fondos europeos “lo que hace preciso revisar los obstáculos y cuellos de botella existentes en la normativa y en los procedimientos e instrumentos de gestión pública y, una vez analizados, es preciso acometer reformas que permitan contar con una administración moderna y ágil capaz de responder al desafío que la ejecución de proyectos vinculados a los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación plantean”, según señala la exposición de motivos. La finalidad es eliminar las trabas administrativas, tal y como adelantó Sánchez en el foro económico de La Toja el pasado mes de octubre.

La intención es que se puedan adelantar fondos a los proyectos “con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones previstas en este tipo de negocios, pudiendo llegar hasta el cincuenta por ciento de la cantidad total a percibir”, estipula el decreto ley. En el caso de aquellos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que son los que se canalizarán a través de la colaboración público-privada, el adelanto puede ser de hasta el 90% al entender que supone un “riesgo” para las empresas. Se considerarán PERTE “aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, que exigen la colaboración público-privada por la presencia de riesgos significativos que obstaculizan a la iniciativa privada”, recoge el borrador. Será el Consejo de Ministros, a propuesta del departamento correspondiente, el que declare qué proyectos son considerados PERTE.

La intención del Gobierno es contar con un buen número entidades que se involucren en esos PERTE. Así, el Ministerio de Industria creará un registro especial de esas entidades, que serán de carácter público o privado y “que tendrán carácter preferente para formar parte de consorcios creados por las Administraciones Públicas”.

Rectificación

En una versión anterior de esta información se afirmaba erróneamente que el borrador del decreto ley de medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia ya había sido aprobado en la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios, el paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros.