Sánchez e Iglesias tratan de aplacar los roces de la coalición y buscan una solución al conflicto por los desahucios

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias conversan en el Congreso durante un Pleno para debatir la prórroga del estado de alarma.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tratan de suavizar los roces surgidos en la coalición la semana pasada y que provocaron un intenso intercambio de reproches entre algunos de sus miembros, entre ellos la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra. El presidente intentó calmar las aguas este domingo: no solo descartó una crisis de Gobierno, manifestó su “confianza total” en todos los ministros.

No, los desahucios no están prohibidos como dice el Gobierno: hay al menos 70 cada día

No, los desahucios no están prohibidos como dice el Gobierno: hay al menos 70 cada día

Y este lunes en la habitual reunión de "maitines" en la que se aborda el trabajo de la semana, Sánchez, Iglesias y sus principales colaboradores se reunieron en el Palacio de la Moncloa y abordaron tanto las desavenencias de la semana pasada como el conflicto generado por el aumento de la presión para aprobar una moratoria de todos los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad en plena pandemia.

El asunto amenazaba con enconarse durante toda la negociación parlamentaria de los Presupuestos Generales de 2021 tras la enmienda presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para urgir al PSOE a abordar el asunto. Para cumplir el calendario previsto, las cuentas para el año que viene deben deben ser aprobadas la semana que viene en el Congreso y salir hacia el Senado, para volver al Congreso si hay modificaciones. Todo, antes de que finalice diciembre.

El presidente y el vicepresidente acordaron en la reunión del lunes zanjar este tema dentro del Gobierno en los próximos días, aunque todavía no está clara cuál será la fórmula jurídica que se utilice.

Lo que sí parece descartado es que se aborde a través de la enmienda a los Presupuestos que presentó Unidas Podemos junto con ERC y EH Bildu. Un movimiento para presionar al socio de Gobierno que causo un gran malestar en la parte socialista del Gabinete. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó a los de Iglesias que las cuentas ya habían sido pactadas internamente y que ahora era el turno de negociar con el resto de fuerzas políticas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pidió “no mezclar” los asuntos. La más dura fue Margarita Robles, titular de Defensa, quien reclamó “humildad” a Iglesias, al que recordó que el presidente es Sánchez, y pidió igualmente a sus socios que fueran “leales” con las decisiones adoptadas. 

Sin embargo, la política de vivienda es uno de los caballos de batalla de los que Unidas Podemos no se va a bajar y, ante el conflicto generado, Sánchez ha optado por buscar una solución que satisfaga al socio minoritario, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, con asuntos como el precio del alquiler o algunas medidas sociales impulsadas durante la pandemia, entre ellas el Ingreso Mínimo Vital. 

Así, apenas tres horas después de la reunión en Moncloa, el secretario de Organización y ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se mostraba completamente dispuesto a extender la paralización de los desahucios que finaliza el 31 de enero de 2021 y de ampliar los supuestos para que puedan acogerse a esa medida aquellas que no estén directamente relacionadas con el coronavirus, tal y como sucede hasta ahora, y que es una de las exigencias de Unidas Podemos. 

“Estamos abiertos a, desde el rigor, mejorar estas situaciones. No nos importaría revisar la extensión de imposibilitar los desahucios a situaciones anteriores al propio COVID, lo podríamos ver, pero siempre se trata de dar seguridad y hay que, además de limitar los desahucios, procurar alternativas habitacionales”, expresó Ábalos en una rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del PSOE en la que, no obstante, no se tocó esta cuestión, según fuentes socialistas. 

Ábalos aseguró que ese asunto se va a abordar esta misma semana en reuniones de los equipos técnicos del Gobierno, aunque la semana pasada ya mostró su disposición a plantearse “qué pasa con esas personas que antes del estado de alarma ya estaban en situación de vulnerabilidad”. “Estamos abiertos, con tal de evitar esos dramas de los desahucios;  pero también queremos advertir que este refuerzo, esta protección debe ser coordinada con la Administración de Justicia y las comunidades autónomas, que son las competentes en esta materia”, expresó el ministro, que dos día después de esas palabras lamentó haberse enterado por la prensa de la presentación de una enmienda en esa dirección por parte de Unidas Podemos, que avisó, por su parte a la portavoz socialista, Adriana Lastra. 

Desde el PSOE muestran su malestar con la maniobra de Unidas Podemos de llevar este asunto a los medios y de presionar a través de una enmienda a los Presupuestos que consideran que no es el marco en el que encajar esa propuesta que aseguran, además, que siempre ha contado con la “complicidad” del gabinete. En todo caso, sostienen que se abordará la cuestión internamente y al margen de la negociación presupuestaria en el Parlamento. “A mí lo que me preocupa es solucionar los problemas, el cómo tiene que ser del modo más eficaz, más eficiente y respetando el marco legal y aquí también hay limitaciones de carácter legal porque hay que combinar determinados derechos remató Ábalos este lunes-. Estamos abiertos como Gobierno con presupuestos o sin presupuestos”. 

El problema, según han contado desde Unidas Podemos en las últimas semanas, surgió en septiembre, cuando se negoció la prórroga de la moratoria para los desahucios. Entonces se redujo la protección para que la moratoria solo se aplicara a los casos de vulnerabilidad provocados por la pandemia, lo que dejaba fuera a otras casuísticas previas o con otro detonante y ha llevado el caso de lanzamientos hasta superar los 70 al día. Desde entonces han aumentado tanto el número de lanzamientos de personas sin alternativa habitacional como la contestación social para que el Gobierno los impida.

Los colectivos por el derechos a la vivienda, como la PAH, Stop Desahucios o el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos llevaron sus planteamientos al Congreso, donde fueron apoyados por buena parte de los grupos que apoyan al Gobierno, incluído Unidas Podemos, que se desmarcaba así de su socio de coalición. Pero los de Pablo Iglesias fueron más allá al trasladar esas peticiones a una enmienda a los Presupuestos que ha obligado finalmente al PSOE a terminar de definirse. Los equipos tienen que buscar ahora la fórmula jurídica para que los desahucios se detengan al menos lo que dure el estado de alarma, activo en principio hasta el próximo mes de mayo.

Etiquetas
Publicado el
23 de noviembre de 2020 - 19:32 h

Descubre nuestras apps

stats