Los tribunales deberían entregar un manual de instrucciones para consulta de todos los que se acercan a ellos para presentar recursos. Para el Partido Popular, el folleto debería contar con ilustraciones. Grandes ilustraciones, como las que incluye Ikea para el montaje de sus muebles. Le serviría para no sufrir derrotas jurídicas como la de este jueves en el Tribunal Supremo, aunque en realidad ese revés no le importa tanto. Las plañideras que se quejan de los ataques a la independencia judicial son las primeras que intentan utilizar a los tribunales para obtener victorias políticas o sencillamente cazar titulares.
El Supremo ha decidido rechazar los recursos contra los indultos a los presos del juicio del procés concedidos por el Gobierno. Allá fueron en tropel PP, Ciudadanos y Vox para tratar de impedir las medidas de gracia que son competencia del poder ejecutivo. Para justificar legalmente la intervención, Pablo Casado llegó a decir que él mismo era parte afectada: “Somos afectados y yo personalmente porque supimos que estuvimos en los listados de los CDR para atentar con nosotros”.
No hay pruebas de ese supuesto proyecto de realizar atentados y el PP ni siquiera estaba personado en la causa que investigaba en la Audiencia Nacional a esos miembros de los CDR (tampoco en la causa que culminó en el juicio del procés en el Supremo). Casado alegó que los indultos eran una agresión a “millones de españoles”. Esa era una valoración política que no podía obligar a que los tribunales consideraran al PP como parte afectada por los indultos por muchos millones de votos que consiga en las urnas.
Por tanto, no es extraño que el Supremo haya decidido que los recurrentes no están legitimados para intentar anular los indultos en los tribunales. También en el caso de Vox, que ejerció la acusación popular en el juicio del procés. Hay que suponer que los licenciados en Derecho tengan claras las diferencias entre acusación particular y popular, pero no ha habido esa suerte.
Se habla mucho de la politización de la justicia si a alguien se le ocurre criticar el contenido de una sentencia. No se comenta tanto cuando los partidos de la oposición se pasan el día ante un tribunal o la Fiscalía para dirimir las luchas políticas apelando al Código Penal o el Código Civil. Lo que importa en esos casos no es tanto el respeto a la legalidad, sino el derecho inalienable a cazar titulares en los medios de comunicación y deslegitimar al Gobierno.
Para ello, ni siquiera es imprescindible que una ley exista. Casado anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional la ley de vivienda de la que el Gobierno aún no ha enviado el texto como proyecto de ley al Parlamento.
En los últimos días, hemos sido testigos del patinazo del Gobierno de Madrid, tan interesado en ocupar el espacio político de Casado que presentó un recurso en la Audiencia Nacional contra el reparto de los fondos europeos de reconstrucción. Se dieron tanta prisa que no se dieron cuenta de que debían haberlo hecho ante el Tribunal Supremo. Sectores de la derecha sienten una atracción fatal por la Audiencia Nacional, ya que si allí se investiga a terroristas, mafiosos y grandes delincuentes económicos, no puede haber mejor sitio para empurar a los miembros del Gobierno. Y eso que el Gobierno de Díaz Ayuso cuenta como consejero de Justicia con Enrique López, el exmagistrado del Tribunal Constitucional y exvocal del CGPJ al que se le suponen conocimientos de Derecho más extensos que los de Casado o la presidenta madrileña.
En el PP, se está produciendo una carrera para obstaculizar como sea la llegada de los fondos europeos a España o al menos conseguir que la Comisión Europea acuse al Gobierno de irregularidades de algún tipo. Se trata de conseguir el titular que diga que Europa castiga al Gobierno de Sánchez o le deja en ridículo.
El Gobierno de Díaz Ayuso ya ha hecho saber que va a “llevar a la Unión Europea” ese reparto, pero ni siquiera tiene claro cuál es la ventanilla. “Hay varias posibilidades: Comisión Europea, Parlamento Europeo y Comité de las Regiones”, según las fuentes citadas por La Razón. La segunda y la tercera casi son el equivalente a una pataleta política. Es la vía de la Comisión la única que tiene sentido.
El problema para el PP, en el caso de que le importe, es que es la Comisión la que tiene encomendada la función de fiscalizar el uso de los fondos de reconstrucción. Ya lo ha hecho al aprobar los planes generales enviados por 22 de los 27 países. España es el único que recibió la primera partida en 2021.
Deberías tener muy amarrada la denuncia si quieres plantarte en Bruselas con una protesta. En la práctica, supone acusar a la Comisión de no estar haciendo bien su trabajo. De lo contrario, tendrá la tentación de explicarte que no necesita ayuda o, aún peor, de responderte que no sabes de lo que estás hablando.
La Comisión hace lo posible por no implicarse en las contiendas políticas internas de cada país –en público, en privado es otra cosa–, pero necesita dejar claro a los gobiernos europeos que se toma en serio su papel de vigilancia. Y hasta ahora no ha mostrado un gran interés por dar la razón al PP. Más bien al contrario. Afirma que la ayuda se irá concediendo en función de criterios estrictos y que no hay razones para pensar que eso no ha ocurrido en el caso de España.
Nada de esta realidad importuna al PP. Ha denunciado la concesión de ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra, también en el Parlamento Europeo. Ha afirmado que Bruselas no iba a dar el visto bueno al proyecto de presupuestos que terminó aprobando el Congreso en diciembre. Ha sostenido que la Comisión reaccionará contra el deseo del Gobierno de cambiar la reforma laboral de Rajoy.
Nada de eso ha sucedido. Mientras en España Casado ya presenta como algo evidente que los fondos se emplearán para crear una red clientelar en favor de los partidos del Gobierno y García Egea se permite comparar el uso de ese dinero con el escándalo de los ERE, la Comisión Europea dice que de momento todo bien y que, en el caso de que sea necesario, cuenta con instrumentos eficaces de vigilancia, a los que se pueden sumar la OLAF (la agencia europea antifraude) y el Tribunal de Cuentas.
En el plano político, Nadia Calviño ya se ocupa de mantener informada a la Comisión para que no haya sorpresas. De vez en cuando, consigue algún éxito claro, como este lunes cuando el vicepresidente de la Comisión, el conservador Valdis Dombrovskis, calificó de “un buen ejemplo de diálogo con los agentes sociales” tanto el plan de recuperación como la reforma laboral.
Al PP no parece preocuparle mucho esta disonancia. Le vale con que salgan en los medios sus titulares sobre denuncias en Bruselas con las que confirmar su alegato de que estamos ante “el Gobierno más radical que hay en Europa” (a Casado no le parece que la extrema derecha que gobierna en Polonia o Hungría sea muy radical). Si luego esas denuncias se quedan en nada, no importa en absoluto, porque ellos ya estarán metiendo pólvora a la siguiente. El caso es no dejar de disparar.