El PP busca argumentos para que no fracase su recurso a los indultos mientras Vox y Ciudadanos le toman la delantera

El Partido Popular quiere preparar bien los recursos contra los nueve indultos a los dirigentes independentistas concedidos el martes por el Gobierno. La dirección de Pablo Casado está tratando de encontrar los argumentos que legitimen esa actuación ante la justicia dado que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los recursos tendrían muchas dificultades para poder prosperar.

El actual presidente del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el conservador Carlos Lesmes, dejó escrito en un auto de 2013 que los diputados y senadores que representan a partidos no estaban legitimados para pedir al Supremo que revocara un indulto del Gobierno. A diferencia de las causas penales, la jurisdicción contencioso-administrativa, ante la que se pueden recurrir los actos del Gobierno como el perdón a los presos del procés, es muy restrictiva a la hora de permitir la personación de los partidos políticos.

Lo más habitual es que el indulto lo recurra la víctima del delito, por lo que Casado y su equipo llevan días buscando razones para presentarse como una de esas partes afectadas. Esa es la razón por la que la formación se ha quedado rezagada a la hora de acudir a los tribunales, frente a las otras dos derechas de Vox y Ciudadanos –con las que comparte ofensiva contra los indultos y pelea desde hace años por el mismo electorado– que presentaron sus respectivos recursos este mismo jueves, menos de 48 horas después de que el Ejecutivo aprobara la medida de gracia.

Los principales dirigentes del PP han ofrecido en los últimos días distintas versiones para justificarse como víctimas de esos perdones. El martes, Casado anunció que iba a solicitar “la legitimación” para presentar su recurso al entender que él mismo es “parte afectada”. Su argumentación se basó en que un juez, a raíz de un informe de la Guardia Civil, tomó declaración a unos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) –grupos de activistas independentistas– que, según el líder del PP, “reconocieron que estaban investigando a personas del Partido Popular”, como el propio Casado, para “atentar”.

Casado: “Estuvimos en los listados de los CDR”

“Creo que en este caso podemos decir que si los CDR son la continuación del 1 de octubre, si son aquellos a los que el señor Torra les decía 'seguid apretando', y son aquellos que reportaban sus acciones al presidente de la Generalitat, al que apodaban Gandalf, podemos decir que somos parte perjudicada”, aseguró el líder del PP en una entrevista en Onda Cero. “Somos afectados y yo personalmente porque supimos que estuvimos en los listados de los CDR para atentar con nosotros”, insistió el presidente de los populares este jueves durante una rueda de prensa en Bruselas, a donde viajó para cuestionar los indultos ante sus socios ideológicos en los países de la Unión Europea.  

La interpretación de Casado choca con el hecho de que habla de dos causas distintas: la de los líderes del procés se juzgó en el Supremo y el PP ni siquiera ejerció la acusación popular, que estuvo en manos de Vox, mientras que el caso de los CDR sigue en fase de instrucción en la Audiencia Nacional y no hay fecha para el juicio. Los populares tampoco están personados en la causa de los CDR a día de hoy, aunque lo están estudiando según aseguró el martes la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Además, en el informe citado por Casado, la Guardia Civil se limita a atribuir a uno de los CDR investigados búsquedas en internet sobre el líder del PP y otros políticos contrarios a la independencia, como Manuel Valls. Apunta el Instituto Armado como posibilidad que las búsquedas “tendrían como objetivo la posible realización de una acción contra dichas personas”, pero no se encontró en los domicilios de los CDR investigados plan o documento alguno que fuera más allá de las citadas búsquedas de los personajes en internet. Todos los investigados en la causa siguen en libertad después de que la propia Audiencia Nacional sembrara la duda sobre el carácter terrorista del grupo mantenido por el juez instructor y la Guardia Civil.

Otra versión para justificar el recurso contra los indultos es la que ofreció este jueves el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Según él, “a nivel personal Pablo Casado va a interponer un recurso” y, por otro lado, “como partido” el PP “también va a actuar en la misma medida”. “Vamos a intentar buscar todas las fórmulas de legitimación del recurso contra los indultos para presentarlo ante la Sala Tercera del Supremo”, insistió en una entrevista en Telecinco.

García Egea: “Fuimos parte del proceso a través del Gobierno de Rajoy”

Su tesis es que fue el PP quien “llevó a los independentistas ante el Supremo” desde el Gobierno de Mariano Rajoy. García Egea trata así de equiparar al partido con el Ejecutivo. “La Fiscalía General del Estado fue la que actuó contra los independentistas y gracias a esa actuación del Gobierno estos señores fueron a la cárcel. Por tanto, el PP sí era parte del proceso a través del Gobierno de Mariano Rajoy y de las medidas que se tomaron en su momento como el 155”, apuntó este jueves el número dos' del PP. Con todo, para García Egea el PP “se siente legitimado” como “partido político que defiende el orden constitucional”, pero también como “parte afectada” en el caso de Casado.

Fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por elDiario.es no se atreven a poner una fecha a la presentación de dichos recursos. “Lo primero es presentar la legitimación”, explican, algo que no sucederá previsiblemente hasta la semana que viene. Este viernes Casado mantendrá una reunión con el equipo jurídico del partido en busca de esos argumentos. En el encuentro estarán el secretario de Justicia de los populares, el también consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, el senador Fernando de Rosa y el diputado Luis Santamaría.

Génova 13 asume así que sus dos grandes rivales en la derecha –Vox y Ciudadanos– hayan tomado la delantera al PP presentando sus recursos este mismo jueves y escenificando esa actuación a las puertas del Supremo.

Ciudadanos y el “atropello” a sus derechos

Precisamente para apuntalar su legitimación y evitar que el Supremo pueda inadmitir a trámite su recurso, Ciudadanos no ha impugnado los indultos como partido político. Ha optado por que ejerzan esa acción su presidenta, Inés Arrimadas, y los ahora también diputados en el Congreso José María Espejo y Carlos Carrizosa. Los tres tenían un escaño en el Parlament en 2017 cuando se aprobaron las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica antes de la consulta del 1 de octubre, por lo que sufrieron un “atropello” a sus derechos, según recogen los recursos, a los que ha tenido acceso elDiario.es. 

En sus escritos, Ciudadanos cita las sentencias del Tribunal Constitucional que anularon ambas leyes al entender que incurrieron en “muy graves quiebras del procedimiento legislativo” y afectaron a “la formación de la voluntad de la cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes”. 

“Si el indulto extingue la pena por unos delitos cometidos violentando los derechos fundamentales de mis representados, a estos no les resulta irrelevante la legalidad de los mismos porque también están en juego sus derechos fundamentales”, sostienen los recursos, que han sido admitidos a trámite de oficio. En las providencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, se reclama al Ministerio de Justicia que remita los expedientes de indulto a la Sala en un “plazo improrrogable” de 20 días. Se trata de un trámite automático, que no adelanta ninguna decisión sobre el fondo del asunto ni sobre la legitimación para recurrir, asuntos que se resolverán más adelante.

“No es un partido quien alega la legitimación activa, sino las personas cuyos derechos se ven afectados por un proceso judicial o la sentencia que le pone fin. Este recurso lo presentan tres diputados de Ciudadanos en el Parlament presentes en los hechos de 2017. Por lo tanto, tienen legitimidad, desde el momento en que la sedición fue posible gracias al atropello de sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos en el Parlament de Catalunya”, afirman fuentes del partido de Arrimadas, que aseguran que la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés fue muy clara al decir que “la sedición no habría sido posible sin las ilegales leyes aprobadas en el Parlamento que usó el gobierno catalán para violentar derechos”. 

Vox y la acusación popular

Vox, por su parte, justifica su legitimación para impugnar los indultos por su intervención “en el proceso penal como acusación popular, formulando el escrito de calificación en el que se ejercitaba la acción penal”. Sin embargo, no es lo mismo ejercer la acusación popular en una causa penal que tener “legitimación activa”, es decir, la capacidad de ser parte en un caso contencioso para, en este caso, poder recurrir la decisión del Gobierno de otorgar esta medida de gracia. 

Fuentes jurídicas coinciden en que pese a haber ejercido la acción popular, el partido de extrema derecha tampoco resulta beneficiado o perjudicado por el indulto, al contrario de lo que ocurriría con una víctima del delito que ejerce la acusación particular. Otro elemento a tener en cuenta sobre la legitimación de Vox en su impugnación de los indultos es que la propia Sala de lo Penal le negó la posibilidad de informar sobre su concesión. Argumentó que la ley del indulto no prevé el dictamen de la acusación popular, sino tan solo el de la Fiscalía y el de la acusación perjudicada por el delito, que en el caso del procés fue la Abogacía del Estado por el delito de malversación. Fuentes jurídicas argumentan que si Vox no ha sido oído en los trámites del indulto, ahora tampoco puede recurrirlo. En todo caso, será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la última palabra.