El “pago por adelantado” que exige Junts: una ley de amnistía impulsada desde el Congreso antes de la investidura

Con la sesión de investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abocada al fracaso por su falta de apoyos más allá de la extrema derecha de Vox, los focos están puestos en las conversaciones entre el PSOE y sus aliados parlamentarios de cara a un posible acuerdo que permita a Sánchez su reelección como presidente. Especialmente sensibles son las conversaciones con Junts, cuyos dirigentes ya han expresado que la amnistía es su principal exigencia de partida. El debate se antoja complejo en el fondo, por los términos de una iniciativa que supondría borrar cualquier rastro de las causas del procés; pero también en las formas, por la vía que se utilice para tramitarla. 

La formación de Carles Puigdemont exige que esa propuesta de despenalización de las causas que derivan del octubre de 2017 se plasme en una iniciativa legislativa que esté en trámite parlamentario antes de votar a favor de la investidura de Sánchez. Es lo que Junts define como “hechos comprobables y pago por adelantado”. La estrategia es similar a la seguida en la votación para la presidencia del Congreso y la constitución de la Mesa de esa Cámara.

Entonces, la formación independentista exigió al Gobierno un resguardo firmado, sellado y compulsado como prueba de que habían solicitado al Consejo de la Unión Europea una reforma del reglamento lingüístico para que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales y de trabajo en el ámbito comunitario. Sólo entonces, los siete diputados de Junts garantizaron que apoyarían a Francina Armengol como presidenta del Congreso y propiciarían con sus votos una mayoría progresista en ese órgano.

Al estar en funciones, la ley impide al Gobierno presentar proyectos de ley, que es la vía habitual que utilizan los gobiernos para promover iniciativas legislativas. En este contexto, Junts defiende que la única vía posible para cumplir esa exigencia de “pago por adelantado” sería la proposición de ley: una fórmula prevista en la Constitución para abarcar las iniciativas legislativas de origen distinto del gubernamental y que está al alcance de cualquier grupo parlamentario o incluso cualquier diputado con la firma de otros catorce parlamentarios.

De hecho, el PSOE ha recurrido a ella en la última legislatura en varias ocasiones, aunque no sin polémica porque acorta los plazos de tramitación y, sobre todo, permite evitar los informes, preceptivos aunque no vinculantes, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. De momento, según las fuentes consultadas por este diario, los socialistas descartan aplicar esta fórmula a las posibles iniciativas de despenalización del procés. Reconocen que la vía de la proposición de ley es “viable técnicamente”, pero la consideran “inasumible” desde el punto de vista político con el Gobierno en funciones, informa Esther Palomera.

Los precedentes

Durante la última legislatura, el Ejecutivo de coalición fue ampliamente criticado por la oposición por optar por este modelo de tramitación para promover cambios legales especialmente controvertidos. Entre ellos, la aprobación de los nuevos impuestos a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas, la reforma que derogó el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés o la que prohibió al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como ahora, está en funciones. 

Esta última iniciativa provocó un sonado enfrentamiento con el órgano de gobierno de los jueces. 16 de sus 21 miembros suscribieron un acuerdo en el que acusaban a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar “las exigencias del principio de separación de poderes” por tramitar esa reforma de forma “urgente” y “sin audiencia de ningún tipo”. Ambos partidos –a través de la Mesa del Congreso, donde tenían mayoría– contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Meses después, el núcleo duro del sector conservador del CGPJ intentó sin éxito que los vocales hicieran, a iniciativa propia, un informe sobre la reforma de la sedición, también tramitada mediante una proposición de ley. 

Precisamente la Mesa del Congreso será un lugar clave en caso de que esa hipotética ley de amnistía se tramitara finalmente como proposición de ley, tal y como exige Junts. En 2021, los letrados del Congreso recomendaron al órgano de gobierno de la Cámara no tramitar una ley de amnistía propuesta por ERC y Junts al considerar que suponía una “contradicción palmaria y evidente” con el artículo 62.1 de la Constitución, que impide “los indultos generales” y señala que esta medida de gracia “corresponde al rey”. 

PSOE, PP y Vox siguieron el consejo de los servicios jurídicos y vetaron que la norma se pudiera debatir en el pleno. El compromiso que exigen ahora los independentistas es que en esta ocasión, la mayoría progresista de la Mesa sí califique el texto en el caso de que sea registrado y otorgue de esa forma luz verde a su tramitación. Sólo después se iniciaría el procedimiento parlamentario con la toma en consideración de la iniciativa y su posterior traslado a la Comisión competente y la apertura del plazo de presentación de enmiendas. 

Es un escenario que, en todo caso, todavía se prevé lejano. Está previsto que este martes Puigdemont desvele cuáles son las prioridades y propuestas de su partido de cara a una posible negociación con el PSOE. Este lunes, el expresident de la Generalitat se reunió en Bruselas con la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, y ambos acordaron explorar “todas las soluciones democráticas” para Catalunya.