El Parlament catalán pide al Gobierno cumplir las peticiones para liberar a los presos del 1-O

La moción ha sido aprobada por 77 votos a favor de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, y 57 en contra correspondientes a Cs, el PSC y el PP.

En ella se pide al Govern que exija al Gobierno la libertad y la anulación de las condenas del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat Jordi Sànchez por considerarlas una sanción “excesiva y desproporcionada”, en virtud de los informes de Amnistía Internacional y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

También pide la del resto de líderes independentistas según la petición del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU.

También se solicita al Govern que exija al Gobierno el cumplimiento de las medidas que el informe Greco impone a España para “despolitizar el ámbito judicial”, para que las autoridades políticas no participen en las etapas de los procesos de selección y para que la Fiscalía sea imparcial y libre de influencias políticas.

La diputada de JxCat Gloria Freixa ha apuntado a que España ha “caído en una deriva sin precedentes” después de que este martes el Tribunal Constitucional (TC) rechazase dejar en suspenso el cumplimiento de la pena de cárcel de los líderes independentistas encarcelados, mientras se resuelven los recursos de amparo presentados contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que les condenó por sedición.

Y pide exigir al Gobierno que siga las recomendaciones de estos organismos internacionales con el objetivo de mejorar la democracia, ya que “España sigue agudizando su aislamiento de la justicia internacional”, ha dicho, además de hacer un llamamiento a llevar a cabo una reforma legislativa del Poder Judicial español.

ÓRGANOS INTERNACIONALES

Nacho Martín Blanco (Cs) ha reprochado a la diputada de JxCat que la moción “está llena de especulaciones” y ha señalado a declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en anteriores ocasiones han reconocido a España como un Estado democrático de derecho con separación de poderes; y reprocha que la moción la han basado en unos organismos que --dice-- no son auténticas autoridades internacionales.

El diputado Jordi Orobitg (ERC) ha lamentado que el Grupo de Trabajo sobre la Corrupción del Consejo de Europa haya dicho que España “tiene déficits democráticos”, algo que cree que se debería tener en cuenta; y ha reivindicado la enmienda incluida por su grupo para pedir la liberación del líder de ERC, Oriol Junqueras, para ejercer sus derechos como eurodiputado igual que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Por el PSC, el diputado Ferran Pedret ha considerado que en esta moción JxCat se contradice al pedir cumplir una serie de resoluciones cuando “no hay puntos en la moción que estén realmente en manos del poder ejecutivo, ya que se refieren a cuestiones legislativas y del poder judicial”, y cree que --para él-- se han hecho afirmaciones excesivamente taxativas sobre el pronunciamiento de estos órganos.

PODER JUDICIAL

Por los comuns, el diputado Marc Parés ha manifestado el pleno compromiso de su formación con la “injusta situación de los presos y exiliados por motivos políticos” pero discrepan de la moción en el mismo sentido que el PSC, ya que consideran que el Gobierno no puede exigir al TS que libere a los líderes independentistas encarcelados, ya que es una competencia que corresponde al poder judicial.

El diputado Carles Riera de la CUP se ha mostrado favorable al contenido de la moción por pedir la liberación de los líderes independentistas encarcelados, la anulación de la sentencia y la inexistencia del delito de sedición, pero opina que España no llevará a cabo esta petición, después de la decisión del TC de este martes: “El Gobierno de España antes que ser progresista es el gobierno del régimen y del Estado y mantiene la represión”.

Por último, el diputado Alejandro Fernández (PP) ha sostenido que España lleva más de una década en la “restringida lista de 19 naciones mundiales consideradas democracias plenas”, y asegura que los informes en los que se basa la moción son de ONG y grupos de trabajo, pero no de una institución europea o mundial con resoluciones vinculantes.