El PP lanza el bulo de que el Congreso está cerrado en enero

El Partido Popular de Pablo Casado ha decidido atacar al Gobierno porque la Constitución que siempre dice defender y el Reglamento del Congreso de los Diputados aprobado en 1982 por la práctica unanimidad del Parlamento, también por Alianza Popular –predecesora del PP, entonces integrada en el grupo de Coalición Democrática- no incluyen el mes de enero dentro de los periodos ordinarios de sesiones de la Cámara Baja. Nada más comenzar el nuevo año, los populares han lanzado una nueva campaña de descrédito contra el Ejecutivo asegurando que la Cámara Baja está “cerrada”, una afirmación falsa. El PP sostiene, además, que si el Parlamento no se abre es porque no lo quiere el Gobierno que, siempre según la teoría de los de Casado, trata así de alargar una suerte de “vacaciones” hasta febrero.

“España no está para que el Gobierno se vaya de vacaciones. Pedimos abrir el Congreso en enero para tomar medidas contra la inflación y el precio de la luz, controlar el caos de la 6ª ola Covid y el reparto a dedo de los fondos UE, que solo se ha ejecutado el 5% de 24.000 millones”, escribió el domingo en Twitter el propio líder del PP, que se encuentra confinado tras dar positivo por coronavirus. “Con la dura situación que vive España, el Congreso no puede parar en enero. La sexta ola y la gestión de fondos europeos exigen mantener el control al gobierno frente a su pasividad y su oscurantismo. Solicitamos que comparezcan y funcionen las comisiones”, añadió, por su parte, la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, en la misma red social.

La realidad es que el Parlamento no estará parado en enero de 2022, como tratan de defender los principales dirigentes del PP. El Registro para presentar iniciativas estará abierto todo el mes. Y, tal y como recordaba en otro tuit el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y diputado socialista, Rafael Simancas, la presidenta del Congreso ya ha autorizado que el próximo 13 de enero tenga lugar una sesión extraordinaria de la subcomisión para la reforma de la ley electoral. Un día antes, el 12 de enero, se reunirá la ponencia sobre la proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, la llamada 'ley mordaza'. El día 18 se celebrará previsiblemente la subcomisión que analiza cómo reforzar los organismos de regulación frente a la corrupción. A lo largo del mes habrá además reuniones de la ponencia que debe elaborar el dictamen sobre la ley de igualdad de trato.

Todas esas convocatorias fueron solicitadas por una mayoría absoluta del Congreso el pasado 23 de diciembre, con la firma de los diputados del mismo PP que dice ahora que no va a haber actividad parlamentaria con el único fin de desgastar al Ejecutivo progresista. Además, Moncloa prevé pedir un pleno extraordinario para aprobar ayudas para La Palma, y el control al Gobierno citado por Casado se ejercerá en el Senado a lo largo de este mismo mes, con comparecencias de distintos ministros.

Lo que dice el Reglamento

El artículo 73 de la Constitución establece que las Cámaras “se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio”. Del mismo modo, según establece el Artículo 61 del Reglamento del Congreso, la Cámara Baja “se reunirá anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio”, por lo que queda excluido enero de ese periodo ordinario. Pero ese mismo texto establece que, “fuera de dichos períodos, la Cámara sólo podrá celebrar sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso”, que es lo que ha sucedido con las subcomisiones antes citadas y que sí tendrán lugar este enero.

Si con esa apelación a “abrir el Congreso en enero” lanzada por Casado el líder del PP se refería a la celebración de plenos extraordinarios, su grupo podría, según el reglamento, tratar de lograr el apoyo de una mayoría absoluta de diputados. Pero fuentes de la dirección del partido consultadas por elDiario.es han asegurado que, por el momento, a lo único que se van a limitar los populares es a solicitar que se reúna la Diputación Permanente –que sustituye al Pleno fuera de los periodos ordinarios de sesiones y que debe ser convocada por Batet a iniciativa propia o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de aquella– para estudiar posibles comparecencias de ministros en sus respectivas comisiones. Desde el Congreso apuntan, además, que no consta en el registro ninguna solicitud oficial de que se celebre un pleno extraordinario en enero.

Las afirmaciones de principios de año de Casado y otros dirigentes populares no tienen otro objetivo pues que seguir atacando al Gobierno, al que consideran ilegítimo desde su creación, en enero de 2020, por la coalición de PSOE y Unidas Podemos así como por el apoyo de fuerzas nacionalistas vascas y catalanas.

Desde el PP también buscan continuar desgastando la labor de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a la que ya censuraron por aceptar, nada más iniciarse la legislatura, que diputados independentistas y de Unidas Podemos utilizaran fórmulas de acatamiento de la Constitución alternativas a los habituales 'sí, juro' o 'sí, prometo', tal y como había ocurrido en legislaturas anteriores en las que la Cámara Baja estaba presidida por parlamentarios populares. Pese a ello, PP y Vox recurrieron esos acatamientos al Tribunal Constitucional, que aún no ha hecho pública su decisión sobre si esos parlamentarios incumplieron la normativa, aunque ya avaló fórmulas similares en el pasado.

Ataques al Gobierno y a Batet

Otro momento de enfrentamiento entre el PP –y también Vox, que pugna con los populares por el mismo electorado– y Batet se produjo en octubre tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por ese mismo tribunal por pegar a un policía en 2014.

Su posible inhabilitación como parlamentario –la condena establecía la suspensión de su derecho al sufragio pasivo– que finalmente se produjo a finales de ese mes, generó un embrollo jurídico entre el Alto Tribunal y la Cámara Baja, que se agravó con la presión de las derechas sobre Batet, exigiéndole la suspensión del exparlamentario pese a que un informe de los letrados del Congreso consideró inicialmente que podía mantener el acta. En aquella ocasión, desde el PP se llegó a acusar a la presidenta del Congreso de querer “boicotear” la sentencia del Alto Tribunal.