“Si el PP llama a Rivera a la comisión de financiación de partidos, irá sin ningún género de dudas”

Ignacio Prendes (Gijón, 1965), diputado de Ciudadanos por Asturias, es el vicepresidente primero de la Mesa de Congreso y el portavoz de Justicia de su grupo, una parcela que como jurista conoce bien. Al igual que su compañero Toni Cantó, proviene de las filas de UPyD.

Hace escasas semanas, su nombre fue enfrentado al de la canaria Ana Oramas para presidir la comisión de Cajas que investigará el rescate financiero. Al no salir elegido, renunció a formar parte de la comisión, porque, asegura, tiene mucho trabajo y no puede multiplicarse. 

En esta entrevista Prendes sale al paso de un rumor que extendieron tanto el PP como el PSOE de que el expresidente de La Caixa Isidre Fainé pidió a Rivera que Ciudadanos presidiera esa comisión sobre el rescate financiero. “Es una pura y burda intoxicación”,  sentencia.

La modernización de la Justicia sigue siendo la asignatura pendiente de todos los gobiernos. ¿Cuáles cree que son las causas? ¿Falta de voluntad política, escasez de presupuesto, dejadez?

Ha habido un poco de todo, pero sobre todo desorientación y falta de voluntad política. Se ha cambiado de criterio con demasiada frecuencia y cada gobierno que ha llegado ha querido hacer su gran reforma. Pero no ha habido realmente una política de Estado, de construcción de una Justicia moderna a la altura del siglo XXI. Y también ha habido un afán de control político que ha puesto el foco en el Consejo del Poder Judicial y en otros órganos mientras se ha olvidado hacer políticas de modernización y una inversión sostenida en medios.

¿Con el Gobierno del PP de Rajoy ha empeorado la situación?

No es que haya empeorado, es que ha continuado con el proceso de deterioro que se arrastraba desde hace tiempo. Aunque lo que ha sucedido en los últimos meses en relación con la Fiscalía General del Estado y la política de nombramientos creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso, el estrambote final del retroceso en el que se está llevando a la Justicia desde hace mucho tiempo.

La reforma que propone Ciudadanos supone que al fiscal general del Estado le debe ratificar dos tercios de la Cámara, pero la propuesta del nombre seguirá siendo del Gobierno. No parece que garantice del todo que deje de ser un fiscal “partidista”.

Es que el artículo 124 de la Constitución es muy claro al respecto y dice que el fiscal general del Estado lo nombra el rey a propuesta del Gobierno. Por lo tanto, la propuesta tiene que seguir siendo del Gobierno si queremos que se respete el marco constitucional. Pero al tener que ser ratificado por una mayoría de dos tercios (235 diputados), desde luego que no va a ser una figura partidista. Tiene que ser una figura respetada y en torno a la cual tiene que haber un amplísimo consenso político. Un fiscal general del Estado de todos, no de un partido.

Dicen también en su proposición de ley que todas las órdenes a los fiscales deben quedar por escrito para evitar presiones o injerencias. La propuesta suena algo ingenua porque si el ministro de Justicia o el fiscal general llama a alguno de los fiscales para presionarle y darle instrucciones, ¿quién va a saberlo? Salvo que tengan pinchados los teléfonos.

Es que ya no va a ser un fiscal del Estado de ningún gobierno y su mandato además durará seis años, superando al de cualquier gobierno. No va a tener mecanismos para presionar, digamos, con eficacia. Nosotros lo que hacemos con nuestra reforma es generar las condiciones para que esa persona sea independiente y su nombramiento quede blindado por una mayoría del Congreso. Claro que lo que no podemos hacer es interrumpir las comunicaciones, ni podemos impedir que alguien descuelgue el teléfono. Pero no se pueden dar instrucciones a alguien que ya no depende de uno.

Hay fiscales que más parecen abogados defensores que acusadores. ¿No falta en su reforma mecanismos que impidan esos comportamientos?

Yo no me voy a meter en el trabajo de cada fiscal. Precisamente de lo que queremos hablar es de su autonomía y de proteger esa autonomía para para que su único norte de actuación sea la legalidad. Evidentemente, su desempeño profesional estará sujeto a la crítica como cualquier otro funcionario, porque se podrán equivocar o acertar como cualquier persona. Pero defender la autonomía de los fiscales es fundamental.

Todos los grupos de la oposición censuraron el comportamiento del fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix. Sin embargo, al final tuvo que dimitir por tener una sociedad en Panamá, no por mala praxis en el cargo.

Yo creo que su dimisión fue el final de todo un proceso de una pérdida de credibilidad de forma muy acelerada. No tenía las condiciones para haber sido nombrado, de hecho ha quedado demostrado que su nombramiento fue un error.

¿No cree que el ministro Catalá hizo el ridículo primero defendiéndole y a los tres días reconociendo que su comportamiento no era “ético”?

A mí no me gusta emplear el término ridículo pero, en fin. Creo que Catalá ha perdido autoridad para manejar ese ministerio cuando se ha visto desautorizado por los hechos de forma tan acelerada.

¿Y de qué vale reprobar a un ministro si luego sigue en su cargo?

Creo que tiene un valor político evidente. Se puede pensar que no sucede nada pero evidentemente ser reprobado por un Congreso de los Diputados por tan amplia mayoría no ha sucedido nunca. Yo no banalizo en absoluto lo que supone ese mecanismo de reprobación porque me parece que es un instrumento político de importancia. Si luego esa reprobación no tiene expresión práctica es porque no lo quiere el presidente del Gobierno.

Usted recordará que el ministro de Justicia del Gobierno de Zapatero, Mariano Fernandez Bermejo, dimitió en 2009 porque había ido a una cacería en la que también participó el juez Garzón, que investigaba la trama Gürtel. El PP, que estaba entonces en la oposición, ejerció una feroz presión. Entonces pedían dimisiones y ahora que están gobernando se comporta de una manera totalmente distinta.

Todos los partidos lo hacen. El PSOE también se comportó distinto en la oposición que en el gobierno. Y si hay un ejemplo de cómo se comportan de una manera o de otra es precisamente en lo que hace referencia a la Justicia. Con los nombramientos del fiscal general del Estado, todos han dicho una cosa cuando estaban en la oposición y han hecho otras cuando han tenido la posibilidad de ser ellos los que lo nombraran. De ahí nuestra reforma, porque no nos fiamos de que en cuanto tengan posibilidad vuelvan a repetir la misma política partidistas que han hecho.

¿Un juez no debe entrar en política?

Yo creo que no es deseable. Dentro de nuestra reforma de la Justicia planteamos suprimir o evitar las puertas giratorias. Precisamente en la reforma de la fiscalía, pedimos una incompatibilidad para que los diez años anteriores no se haya tenido un cargo de representación política. Creo que son dos campos distintos. Además, hay que tener en cuenta que los jueces manejan un material muy sensible. No solo deben mantener el principio de independencia sino también esa apariencia de independencia. No solo serlo, sino parecerlo ante los ciudadanos a los que van a enjuiciar y van a decidir sobre sus vidas y sobre su patrimonio.  

¿Y cómo se les explica a los ciudadanos que ahora se castigue más en proporción poner un chiste o un comentario en Twitter que se considere “ofensivo” que robar o desfalcar una entidad financiera?

No banalicemos algunas cosas.

No es banalizar, hay varios casos que podrían servir como ejemplos.

Sí, es banalizar. Cada caso es completamente distinto. Lo que no se puede hacer es comparar procedimientos judiciales que juzgan comportamientos que no tienen nada que ver uno con otro. Y yo lo del Twitter y las redes sociales no lo banalizaría diciendo que son meros chistes. No. Ofenden en muchos casos a personas que no tienen por qué ser ofendidas. Es cierto que las redes sociales han supuesto un salto en la libertad comunicativa tremenda, pero esa libertad tiene que llevar al mismo tiempo también aparejada un ejercicio responsable.

Hay gente que utiliza las redes sociales y Twitter como un arma de combate, como un arma de guerra contra los otros o de adoctrinamiento en ideas y valores peligrosísimos. Estamos viéndolo con las nuevas formas de terrorismo, por ejemplo. Yo no banalizaría para nada lo que supone el uso de las redes sociales como instrumentos para cometer delitos, que también lo son.

¿No cree que hay una involución democrática en este sentido y que cualquier cosa ahora, bromas, chistes, puede ser susceptible de ser penalizada?

No, cualquier cosa no. El delito de injurias ha existido siempre en el Código Penal. Las injurias con publicidad antes exigían otros instrumentos pero es que ahora las redes son un instrumento de comunicación fenomenal que amplifica el mensaje. Por eso creo que hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque a veces se dicen auténticos disparates.

¿Qué propone su partido? ¿Endurecer o penalizar más ciertos comportamientos?

No. Yo no he dicho que lo penalizaría más. Esos delitos están regulados, están bien regulados en el Código Penal.

¿Y no cree que la ley mordaza ha dado un tratamiento desmesurado a algunas cosas que antes eran simplemente faltas? ley mordaza

Ese es otro asunto. Nosotros hemos pedido una revisión de algunos cuestiones de esa ley.  Hay algunas cosas que se han sustraído al control policial o se han llevado a la vía administrativa que no nos gustan.

Citaba antes las nuevas formas de terrorismo. Precisamente Theresa May, la primera ministra británica, ha dicho que es partidaria incluso de conculcar los derechos humanos para perseguir estos delitos, un debate que corre el riesgo de extenderse por otros países de  la UE. ¿Qué opina?

Nosotros no somos partidarios de eso en absoluto. Creemos que los principios de seguridad y libertad hay que seguir preservándolos. No queremos una seguridad a costa de la libertad de todos, no creemos que la solución sea dar un paso atrás. Hay que preservar el modelo actual europeo que es preservar la libertad y el respeto a los derechos fundamentales. Y no creo en ese sentido que Europa tenga que entrar en un proceso de regresión o involución porque, entre otras cosas, eso es lo que querrían los terroristas.

Cambiando de asunto. Usted aspiró en el Congreso a presidir la comisión de investigación sobre las cajas. No lo consiguió y ahora ni siquiera figura en ella como vocal. ¿Qué es lo que ha ocurrido?

No ha ocurrido nada. En un grupo pequeño como el nuestro de 32 diputados tenemos que dividirnos y multiplicarnos y yo ahora mismo tengo muchísimo trabajo, tengo el ámbito de la Mesa, la Comisión de Justicia, y formo también parte de la subcomisión de la reforma electoral que se ha puesto ya en marcha. Y uno da para lo que da, no se puede multiplicar más.

¿Es cierto, como fueron diciendo el PP y el PSOE el día que se constituyó la comisión, que Isidro Fainé, el expresidente de La Caixa, tenía mucho interés en que ustedes presidieran esta comisión y que así se lo dijo a Albert Rivera?

No me costa para nada lo que me está diciendo. En absoluto me consta. Eso forma parte de esa política de 'intoxica que algo queda'. Es una pura y burda intoxicación. Desde luego si alguien cree que presidiendo esa comisión nosotros íbamos a ser complacientes con el sector bancario, con lo que ha pasado con el rescate financiero, se equivoca de medio a medio.

¿Qué va a hacer Ciudadanos si el PP presenta un recurso de amparo ante la Mesa del Congreso por considerar que se están conculcando sus derechos en la comisión que investiga su financiación?

Yo creo que no procede ningún amparo porque no se ha conculcado el derecho a nada. El objeto de la comisión de investigación se fija por acuerdo del Pleno que decide su creación y su  funcionamiento por un tiempo, unas reglas y un objetivo determinado. Y eso fue acordado en el Pleno con el voto favorable del PP.  Por lo tanto, Ciudadanos no apoyará ese recurso si se presenta porque no creemos que haya que amparar a nadie porque no se ha conculcado ningún derecho.

Nos parece además muy mala política esa actitud del PP de echar balones fuera, de ponerse a la defensiva y de tratar de cargarse la comisión para esconder no sé qué cosas. Dice muy poco del afán del PP por regenerarse, por ofrecer explicaciones o de asumir responsabilidades. Con tanta furia contra la propia comisión lo que parece es que están muy preocupados, que tienen mucho miedo y que quieren tapar sus vergüenzas y responsabilidades.

Como respuesta el PP ha puesto en marcha la comisión del Senado para investigar las finanzas de todos los partidos.

Me parece una reacción un poco absurda, infantil diría yo, que pone en juego la credibilidad de las instituciones como si éstas fueran puras alambradas defensivas para protegerse.

¿Si llaman a Albert Rivera, irá a comparecer?

Irá sin ningún género de dudas. Si llaman a Rivera o al tesorero, que ya le llamaron y vino, o a cualquier persona de Ciudadanos. No tenemos nada que ocultar ni tenemos ningún problema.

La financiación de Ciudadanos también se ha puesto en alguna ocasión en entredicho. 

Nos pondrán lo que quieran. Pero cualquiera que vea las finanzas de nuestro partido, ahí están. Nuestro tesorero ya compareció en el Congreso y estuvo a disposición de los diputados del PP para que le hicieran todas las preguntas que quisieron. Amenazaron con que iban a aparecer todas las vergüenzas de Ciudadanos y parieron un ratón porque no hubo nada.

Elevan ustedes el tono contra el PP pero van a votar en contra de la moción de censura.

Hay ciertos comportamientos del PP que no son de recibo y que no vamos a aceptar en ningún caso, como todo lo que hace referencia a la regeneración, al combate contra la corrupción y la asunción de las responsabilidades políticas. En todo eso vamos a ser exigentes al máximo. Y ellos lo saben. Pero desde luego no vamos a apoyar esa moción de censura de Podemos porque no tiene nada constructivo. No presentan ningún plan. Es una cáscara absolutamente vacía.

¿Van a seguir apoyando al Gobierno y dando “estabilidad”, como dicen, a la legislatura?

Vamos a seguir dando estabilidad a España para que se acometan las reformas que se necesitan. Estabilidad y cambio que es lo que significa Ciudadanos, no el caos y la desorientación que representa esa gente [Podemos] que no tienen un proyecto claro, solamente atacar al sistema democrático en su conjunto.

¿Cómo ve al nuevo PSOE de Pedro Sánchez? Ustedes pactaron con él.

Le vemos buscando el norte. Y, sí, pactamos con él, pero era otro Pedro Sánchez. 

¿Le parece adecuado que un exministro como Martín Villa que está reclamado por la Justicia argentina por crímenes durante la dictadura franquista haya participado en el Congreso en el acto para festejar el 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas?

No tiene cuentas pendientes con la Justicia en España y jugó un papel destacado durante la Transición democrática. No veo inconveniente en que acuda al Congreso o cualquier otra institución pública.