El PP alega ser el partido más votado para controlar en el Supremo las acusaciones contra Chaves y Griñán
La imputación por parte del Tribunal Supremo de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha convertido a ambos en las piezas judiciales más cotizadas del espectro político cuando ya ha comenzado la precampaña electoral en Andalucía. En consecuencia, el PP batalla para hacerse con la dirección de la acusación popular en el proceso, que la Sala de lo Penal concedió el pasado 28 de enero a Manos Limpias.
En su recurso de súplica a la decisión de los magistrados del Alto Tribunal, la representación legal del Partido Popular alega ser el partido político “con respaldo electoral mayoritario en España y Andalucía”. Asimismo, destaca que, frente al sindicato de funcionarios y la Asociación Pro Justicia Siglo XXI –las otras dos acusaciones populares–, un partido político como el suyo representa “los valores y funciones expresados en el artículo 6 de la Constitución”. O lo que es lo mismo, el PP se erige en representante del “pluralismo político”, la “voluntad popular” y la “participación política” como argumento para dirigir una acusación judicial contra su mayor rival político en Andalucía.
En su auto, la Sala de lo Penal apreciaba que existe la “suficiente convergencia de intereses” entre los tres personados para que actúen “bajo una misma dirección y representación” y evitar así durante la instrucción “dilaciones indebidas”. Así las cosas, el Supremo optó por Manos Limpias para ejercer la dirección letrada de la acción popular por ser la primera en personarse en la causa, concretamente el 21 de noviembre. La Asociación Pro Justicia Siglo XXI lo hizo tres días después y el Partido Popular dejó pasar nueve.
Tanto Manos Limpias como el Partido Popular de Andalucía están personados con anterioridad en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige la magistrada Mercedes Alaya, y de la que parte la causa especial abierta en el Tribunal Supremo. La formación de Juan Manuel Moreno alega en su escrito que las distintas querellas instruidas en Sevilla ponen de manifiesto “los diferentes enfoques y puntos de vista de ambas acusaciones populares”.
Una dirección letrada de Manos Limpias en la causa del Supremo contra Chaves, Griñán y tres exconsejeros de la Junta reduciría al PP a un papel testimonial, ya que serían los abogados del sindicato los que participarían en las tomas de declaración y recibirían los documentos incorporados a la causa.
Al recurso de súplica del PP ha reaccionado Manos Limpias con otro de impugnación en el que solicita a la Sala de lo Penal que expulse de la causa al partido de Mariano Rajoy. Alega Manos Limpias que hay “varios afiliados o exafiliados” del PP imputados en la causa que instruye Alaya y que hasta el alcalde de Sevilla, Ignacio Zoido, “está siendo investigado” por haber negado la existencia de “intrusos” en cinco expedientes de regulación de empleo sobre los que tenía presuntamente responsabilidad. Donde el PP ve “pluralidad”, Manos Limpias detecta intereses “partidistas, espurios y poco claros”.
En su exposición, el Partido Popular llega a recurrir al juez José Castro, cuando en una resolución del caso Nóos permitió diferentes direcciones letradas del PP y Manos Limpias habida cuenta de las “diferencias irreconciliables” que mantenían sobre la imputación de Cristina de Borbón. Respecto a la alusión al caso Nóos que hace el abogado del PP, Manos Limpias recuerda que ni el partido de Rajoy, ni ningún otro, decidió finalmente ejercer la acción popular en el caso.
Pendientes de la fianza
Las tres acusaciones personadas están pendientes en estos momentos de que el Supremo establezca la fianza para ejercer la acción popular. Manos Limpias y Asociación Pro Justicia Siglo XXI se arriesgan a no poder hacer frente a una cantidad elevada, lo que beneficiaría los intereses de la organización más grande de las tres, el Partido Popular.
Manos Limpias se queja de que el PP no colaboró con Alaya en el caso de los ERE “hasta hace relativamente bien poco”. El sindicato alega que los conservadores hicieron “dejación de funciones” al no fiscalizar las cuentas de la Junta y concluye: “Pretende abogarse la bandera de perseguidores de los desmanes hechos por los políticos de la Junta de Andalucía, cuando el propio Partido Popular debió haber evitado el presunto mayor latrocinio de la historia de España”.
