El presidente del TSJM alerta de que instalar cámaras en colegios como pide Fiscalía iría “en contra de derechos fundamentales”
El número de delitos contra la libertad sexual tramitados en los juzgados españoles ha crecido significativamente en un año. En 2018, este tipo de delitos conllevaron un total de 18.986 procedimientos incoados, un 23,2% más que en 2017, según la memoria presentada este lunes por la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público ha constatado el incremento de los procedimientos de los abusos y agresiones sexuales cometidas por menores de edad, en total fueron 1.833, un 32,2% más que en 2017, cifras que ha calificado de “preocupantes” e “inquietantes”.
Preocupa especialmente a la Fiscalía la violencia machista y los abusos y agresiones sexuales entre menores de 14 años. “Existe una inequívoca tendencia al incremento de la violencia entre menores, adolescentes y jóvenes”, ha alertado. “Esta tendencia se refleja tanto en el ámbito doméstico como en las relaciones sentimentales iniciadas a una edad cada vez más temprana, y que se asientan sobre pautas de control y dominación del chico sobre la chica”, indica el informe.
La Fiscalía sugiere una medida para disminuir estos casos: la instalación de cámaras en determinados lugares. “La gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etcétera) podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados como despachos, aulas...”. Esas grabaciones, asegura, evitarían la comisión del delito o facilitaría la acreditación de los hechos.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, ha asegurado este martes que “la vigilancia excesiva siempre estaría en contra de los derechos fundamentales” como el derecho a la libertad o a la intimidad personal en alusión a la propuesta de la fiscal general del Estado, María José Segarra, de instalar cámaras en las aulas ante incremento de delitos de abuso de menores.
Así lo ha dicho el magistrado durante una entrevista en Onda Madrid, donde se ha pronunciado sobre la propuesta lanzada este lunes por Segarra durante el acto de apertura de año judicial, algo de lo que cree que pone el “dedo en la llaga” por un problema tras detectarse un aumento de las citadas infracciones legales.
“Sin duda alguna, plantearnos como horizonte una sociedad vigilada siempre se tiene que ponderar con suma cautela. Hay grandes obras de la literatura que plantean una reflexión sobre una sociedad en la que se puede vivir desarrollando una de las mayores riquezas del ser humano como es la libertad”, ha expuesto.
De este modo, ha manifestado que a la hora de evitar ese delito contra los menores, ese medio de “vigilancia puede ser eficaz pero tendrá que ser objeto de análisis de las comisiones de garantías en materia de videovigilancia”.
Por ello, ha dicho que “no tiene sentido” plantearse esa situación en “abstracto”, sino que tendría que ser matizado “caso a caso”. “De ninguna manera, la fiscal general quiso dar una sensación de caminar a ese horizonte de sociedad vigilada”, ha precisado.
Además, ha indicado que le produce tristeza el discurso de la fiscal pidiendo que se respeten las sentencias en alusión al proceso independentista. “Lo que causa la necesidad de recordar que las sentencias deben ser respetadas por todo el mundo, causa tristeza en una sociedad que forma un Estado de Derecho y presume del abanderamiento de las libertades”, ha dicho insistiendo qué sentido tiene recordar “lo obvio”.
