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El abuso de la prisión preventiva provoca hacinamiento en las cárceles paraguayas

El abuso de la prisión preventiva provoca hacinamiento en las cárceles paraguayas

EFE

Asunción —

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La construcción de cuatro nuevas cárceles en Paraguay, como plantea el Gobierno, no presenta una solución al hacinamiento que se vive en los penales del país, advierten desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) que citan al exceso de la prisión preventiva como el problema.

“Lo que nosotros proponemos es no construir cárceles por construir. La emergencia de la situación penitenciaria no debe implicar construir cárceles. Construir cuatro cárceles lo único que va a lograr es que dentro de cuatro años tengan los mismos problemas que las cárceles actuales”, dijo el comisionado del MNP, Dante Leguizamón en una entrevista con Efe.

El problema al que alude es un abuso de la prisión preventiva que provoca que siete de cada diez hombres y seis de cada diez mujeres privados de libertad se encuentren procesados y todavía no cuenten con una condena, a pesar de estar encarcelados.

A eso, se suma una edificación de cárceles que no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos, según sostienen desde el MNP, y de ahí que exista un desfase numérico entre los datos del Ministerio de Justicia y los del MNP.

“El cupo (actual en las cárceles) es de 4.310 frente a los 9.000 que dice el Ministerio. Por eso sostenemos hoy que faltan 11.000 plazas, no faltan 6.000 como dice el Ministerio, y mucho menos queremos que este estudio sea utilizado para justificar la construcción de cárceles”, afirmó Leguizamón.

Los cálculos del MNP, basados en recomendaciones internacionales, sostienen que una persona necesita un espacio de siete metros cuadrados y que en una prisión no debe haber más de 500 reclusos.

Por eso, si se atiende a esas directrices, “faltan 22 establecimientos penitenciarios, no cuatro como está planteando el Gobierno”.

Ante esto, Leguizamón aclaró que no quieren que se levanten 22 centros penitenciarios ni que se haga “una inversión fiscal de esa magnitud”, sino que se destine ese monto a “miles de otras cuestiones que podrían prevenir esas situaciones”.

“El problema no necesariamente tiene que ver con la construcción de cárceles. El problema tiene que ver con cómo se usa el derecho penal, cómo se abusa de la prisión preventiva, con la morosidad judicial y la falta de una política de prevención del delito”, aclaró el comisionado del MNP.

La carencia de estrategias, unida a las deficiencias que acarrea el sistema judicial, ha ocasionado que la población reclusa del país se cuadriplicara en los últimos 18 años, hasta llegar a esos cerca de 15.000 presos de la actualidad.

“Tenemos que sentarnos a ver cuáles son las causas que generan este crecimiento y desarrollar políticas. Sí, hay necesidad de alguna cárcel, pero tenemos que ver qué modelos queremos replicar: máxima seguridad, mínima seguridad, replicar las granjas... o seguir ampliando el modelo como esta”, planteó.

Asimismo, también invitó a revisar el perfil de las personas encarceladas, que en muchas ocasiones se corresponde con ciudadanos de bajos recursos o con adicciones, por lo que el encarcelamiento en un penal convencional no representa una solución.

“Las personas que son adictas a un grupo de drogas muchas veces cometen delitos bajo los efectos de luchar contra la abstinencia. En lugar de pensar en una estrategia, les metemos en la cárcel, donde se accede a la misma droga, a bebidas alcohólicas... A todo se accede en la cárcel a cambio de dinero. Estamos metiendo a gente sin abordar el problema de fondo”, lamentó.

Una vez cumplida la condena, las perspectivas de futuro tampoco mejoran ya que hablar de reinserción en la sociedad es “demasiado ambicioso”.

“Esa gente ya está marginalizada económica y socialmente. Para reinsertarse, en algún momento habría que pertenecer a la sociedad. Hay mucha gente en situación de calle, en situación de drogadicción, que no se reinserta”, manifestó Leguizamón.

Por eso insiste, “hay que generar un espacio de discusión” con las institución del Estado para delinear una política de seguridad y prevención.

En ese sentido, el MNP considera “claramente positivo” el censo penitenciario que se está realizando en las cárceles, aunque advierten de que para que se útil se le tendrá que proveer de información cada cierto tiempo para que “no se quede como una foto”.

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