El PSOE pide el ingreso en prisión por Kitchen del número dos de Interior con el PP y el policía asesor de Cospedal

La acusación popular del PSOE en el caso Kitchen ha solicitado al tribunal que acuerde el ingreso en prisión preventiva de dos de los principales acusados, el secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez y el comisario Andrés Gómez Gordo. En ambos concurren cuatro circunstancias que, según los socialistas, elevan el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen es inminente –arranca el próximo lunes–, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas desde que se dictó hace tres años el auto de apertura de juicio oral y existe la sospecha de que tienen fuentes de financiación ocultas.

En el escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es, la acusación popular destaca la detención de Martínez en junio del pasado año acusado de integrar una organización criminal que lideraría un joven hacker que penetró en las bases de datos de la Administración central. A eso habría que sumar su imputación en la causa que sigue el juzgado de Santiago Pedraz por las maniobras policiales contra Podemos. Además, argumenta el PSOE, Francisco Martínez está casado con una ciudadana mexicana y realiza continuos viajes a ese país, por lo que se eleva el riesgo de fuga.

Francisco Martínez, número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, por lo que debe responder en el juicio de Kitchen, entre otros, de los delitos de malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Francisco Martínez, dice el PSOE, ejerce como letrado de las Cortes, si bien en estos momentos se encuentra en excedencia y trabaja de abogado. Los socialistas argumentan que una condena le haría perder su condición de funcionario. La pérdida de esa fuente de ingresos, añade, “incrementa de forma significativa el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia, en la medida en que supone la pérdida definitiva de su medio de vida y de su principal vínculo profesional con el territorio nacional”.

Por su parte, Andrés Gómez Gordo está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia para intentar recuperar información comprometedora para el Partido Popular. Gómez Gordo también habría realizagos pagos de los fondos reservados al conductor, Sergio Ríos Esgueva. Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal cuando arrancó la operación y dejó su puesto para reingrear en la Policía y monitorizar al chófer.

Andrés Gómez Gordo, recuerda el escrito del PSOE, ha sido condenado en el caso Ciudad de la Justicia como cooperador de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con malversación agravada a 3 años y 6 meses de cárcel, estando a la espera de sentencia firme. La responsabilidad civil impuesta en la condena, a pagar entre todos los detenidos, es de más de 40 millones de euros. Esto, añade el PSOE, “consolida un horizonte penal concreto y especialmente gravoso” para Gómez Gordo.

“Resulta difícil explicar cómo el procesado puede hacer frente al coste de su defensa letrada en varias causas penales de especial complejidad, ejercida por un despacho de reconocido prestigio y elevada minuta profesional, con los ingresos propio de su condicion de funcionario público, ya más aún en el caso de que se encontrara, como cabría presumir, en situación de suspensión de empleo y sueldo”, recoge el escrito. Y añade: “Esta circunstancia permite inferir, al menos indiciariamente, la posible existencia de fuentes de ingresos adicionales no esclarecidas”. El PSOE se refiere a que Gómez Gordo está representado por el despacho de José Antonio Choclán, abogado de, entre otros, Julio Iglesias. Los socialistas se quejan de que el tribunal no haya ordenado un “análisis patrimonial” de los investigados para esclarecer esta situacion.

En el banquillo de Kitchen se sentarán once acusados. La solicitud de penas más altas por parte de Anticorrupción son para los dos citados, Gómez Gordo y Martínez, y para otros dos procesados, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el antiguo director operativo de la Policía Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Pino fue condenado a un año de cárcel por revelación de secretos en el caso del pendrive de los Pujol.

El riesgo de fuga ya fue apreciado por el Tribunal Supremo como motivo para dictar la prisión provisional contra José Luis Ábalos y Koldo García en el caso mascarillas. Ambos ingresaron en prisión el pasado 28 de noviembre con el argumento de Anticorrupción de que el juicio se celebraría en pocos meses y eso, sumado a las altas penas de prisión solicitadas contra ellos, elevaba el riesgo de que se sustrajeran a la acción de la justicia, pese a no haberlo hecho hasta ese momento y desde que arrancó la investigación contra ellos.