El juez cita a declarar a 40 imputados y testigos tras las revelaciones de uno de los cabecillas de la Púnica
El juez que instruye la Operación Púnica ha programado 40 nuevas declaraciones en la Audiencia Nacional. La mitad de los citados son imputados en el caso en las ramificaciones que afectan a ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana, según han informado fuentes jurídicas. El resto son testigos del caso.
Las citaciones en la Audiencia Nacional corresponden a una de las doce piezas en las que Velasco ha dividido la Púnica. No obstante, se trata de una pieza separada que aún permanece secreta y que afecta a Madrid y Valencia. Las 40 personas desfilarán por la Audiencia Nacional durante las próximas semanas
Las nuevas declaraciones parten de la investigación que Velasco ha instruido a partir de las revelaciones que hizo en sede judicial de uno de los cabecillas de la Púnica, David Marjaliza, en el mes de junio, tras pasar varios meses en prisión preventiva.
En esa declaración, Marjaliza implicó a un consejero de Cristina Cifuentes. Según publicó El Español, Marjaliza aseguró ante el juez que el actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboadam, participó en el amaño de adjudicaciones de infraestructuras concedidas por la empresa pública Arpegio, que presidía Granados por ser el consejero de Presidencia de la Comunidad. González Taboada era el artífice de los proyectos como director egenral de Cooperación con la Administración Local.
En esa declaración también apuntó a uno de los hombres fuertes de Esperanza Aguirre, que actualmente sigue siendo diputados, Bartolomé González, a quien involucró en el presunto cobro de comisiones. Tanto Taboada como González están aforados por lo que el ámbito de actuación excede las competencias de Velasco en la Audiencia Nacional.
Según fuentes jurídicas, el magistrado ha anulado la citación a Víctor Soler, que es diputado del PP en las Cortes Valencianas y que estaba citado para ratificar la declaración que hizo a principios de junio ante agentes judiciales. La anulación de la declaración se ha producido porque Soler está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia.
El exalcalde de Gandía Arturo Torró (PP) es uno de los exdirigentes que tendrá que pasar por la Audiencia Nacional. El ayuntamiento de la localidad, que ahora gobierna el PSOE, ha anunciado que se personará en la causa. Los socialistas sostienen que existen “evidencias notorias de que el PP del municipio utilizaba fondos púbicos para aligerar el importe de sus gastos de campaña electoral”.
