El Congreso respalda el plan del Gobierno para intentar evitar el colapso de los tribunales por la COVID-19

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, interviene en el Congreso.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este miércoles al real decreto con el que el Gobierno pretende contrarrestar la saturación de la justicia que va a provocar la pandemia de la COVID-19. El texto, que será tramitado como proyecto de ley para recibir enmiendas, establece entre otras medidas que el plazo para investigar "volverá a computarse desde su inicio" cuando se levante el estado de alarma. En consecuencia, el contador de los plazos para investigar macrocausas de corrupción cuya instrucción estaba a punto de concluir como Púnica o los papeles de Bárcenas se pondrá a cero cuando acabe la situación de excepcionalidad. Esta medida afecta a todas las investigaciones judiciales abiertas. 

El Gobierno pone a cero el contador de plazos de la Justicia para no frustrar investigaciones de grandes casos de corrupción

El Gobierno pone a cero el contador de plazos de la Justicia para no frustrar investigaciones de grandes casos de corrupción

El Gobierno ha conseguido para esta votación el respaldo de ERC, PNV y otras formaciones minoritarias que han exigido que se tramitara como proyecto de ley para poder proponer modificaciones. Han votado en contra PP, Ciudadanos, Junts per Catalunya o la CUP. El debate ha sido duro y los grupos de la oposición han criticado que el real decreto no contemple la inversión necesaria y no haya tenido en cuenta la opinión de los operadores jurídicos. "Ha logrado enfadar a todo el mundo", ha asegurado Edmundo Bal, de Ciudadanos, solo una semana después de que su partido diera apoyo al Gobierno para prorrogar el estado de alarma.

El diputado del PP Carlos Rojas ha señalado que se trata de un texto que "nace herido" por la falta de consenso y ha pedido que se tenga especial cuidado con los plazos procesales porque le generan dudas de inconstitucionalidad. Por su parte, el parlamentario de Vox José María Sánchez ha tachado la norma de "inaceptable" y, al igual que otros intervinientes, ha puesto sobre la mesa las quejas de los abogados por la habilitación de agosto. 

Lo cierto es que el real decreto ha sido criticado por parte de la abogacía y otros operadores jurídicos por incluir la habilitación de parte de ese mes que habitualmente es inhábil a efectos judiciales, salvo para actuaciones urgentes. Algunas asociaciones judiciales también han calificado de "cosméticas” las medidas contempladas y sindicatos como CCOO han solicitado que se tramitara como proyecto de ley para poder introducir enmiendas al texto al presentar, en su opinión, "graves deficiencias que causarán perjuicio a muchos colectivos y ningún beneficio".

Plazos procesales 

Una de las cuestiones clave del real decreto es la relativa a los plazos de instrucción. La declaración del estado de alarma provocó la "suspensión" e "interrupción" de los plazos procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. La idea inicial era que el cómputo se reanudase con la vuelta a la normalidad. Pero finalmente el Gobierno optó por el "reinicio" y que no se tome "en consideración" el plazo que hubiera transcurrido "previamente" a la declaración del estado de alarma, según detalla el preámbulo del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril y que este miércoles ha validado la Cámara baja. 

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó en solitario el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 limita a seis meses la investigación de las causas penales y a 18 meses, prorrogables a otros 18, los casos complejos como son las causas de corrupción. Las asociaciones de jueces y fiscales se quejaron de que tras el estado de alarma se haría "prácticamente inviable" el "efectivo cumplimiento" de este artículo que limita los plazos de instrucción. 

El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez fue uno de los beneficiados por este cambio legal que introdujo su partido. Una de las tres causas que tenía abiertas, el caso Pasarela, se cerró porque se superaron los plazos de instrucción, y aunque la Fiscalía trató de evitarlo, finalmente la justicia archivó el caso. Sánchez se enfrentaba a una pena de cuatro años de prisión. La norma ha obligado también a cerrar otros casos, como el de los contratos fraudulentos de la Alhambra –donde había 28 imputados–, el sumario Emucesa o una investigación contra ACS. También ha provocado que se cierren investigaciones sobre ETA, como el caso Giménez Abad.

El pasado febrero el PP se abrió por primera vez a reformar este artículo tras haber bloqueado en más de sesenta ocasiones desde 2017 la iniciativa de Unidas Podemos que pedía derogarlo.

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13 de mayo de 2020 - 16:40 h

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