Una sucesión de medias verdades y datos sesgados de la investigación alimentan una ofensiva contra los Mossos
Un correo con cuatro frases que envió un policía local belga a un colega suyo de los Mossos el 8 de marzo de 2016 y en el que pedía información de manera general sobre el que luego sería el imán de Ripoll Abdelbaki es Satty –sin alertar de ningún proceso de radicalización ni de vínculo terrorista alguno– ha servido para alimentar la campaña que desde el mismo momento en que se desarticuló el comando yihadista se ha desatado contra la policía catalana.
El texto del correo electrónico, de cuya existencia habían informado varios medios, lo desveló el jueves la agencia Efe. Fue remitido como una comunicación informal de un agente de Vilvoorde (localidad belga de 42.000 habitantes), sin hacerlo a través de una petición oficial desde el Ministerio del Interior a las autoridades españolas, al agente de los Mossos con el que había compartido un curso.
Su texto es el siguiente: “Quería pedirte si hay la posibilidad de indagar sobre una persona que quiere trabajar aquí, en Vilvoorde, como imán. En el fichero adjunto encontrarás su identidad. Sé que se está planteando ir a Barcelona en febrero y que está casado allí. Cuanta más información puedas compartir sobre este individuo, ¡mejor! Espero tener noticias tuyas muy pronto. Muchos gracias senior ;-) (sic). Salutaciones”.
La existencia de dicho correo fue aireada por distintos medios que citaban “fuentes de la lucha antiterrorista” para confirmar su veracidad y apuntaban a un error de los Mossos d'Esquadra por haber ignorado una supuesta “advertencia” de la policía belga a la catalana en la que alertaba de la radicalización del imán. Las mismas informaciones sostenían que dicho email fue remitido al número dos de los Mossos.
El conseller de Interior de Catalunya, Joaquim Forn, había insistido en que las autoridades belgas nunca informaron de sus sospechas, sino que se limitaron a pedir una información que les fue ofrecida. “Si hubiese sido formal, el contacto no habría podido ser directo, porque no podemos, se tendría que haber hecho a través del Ministerio”, recalcó para responder a las informaciones publicadas.
La respuesta del agente catalán a su colega belga fue que en los ficheros de los Mossos no figuraba ningún antecedente del imán, aunque un hombre con un apellido igual y otro nombre figuraba en una operación anterior contra el yihadismo.
Según desveló la agencia EFE, el correo –enviado a la dirección personal del mosso– no fue una comunicación oficial ni apuntaba ningún vínculo terrorista de quien año y medio después resultó ser el líder de la célula que atentó en Cataluña.
Ese correo electrónico fue solo una más de las medias verdades y los datos sesgados de la investigación que engordaron la campaña desatada contra los Mossos en los últimos días. A ella se sumaron sindicatos policiales y de la Guardia Civil e incluso un teniente general del Ejército en la reserva que llegó a ser jefe de la División de Logística de la OTAN, Pedro Pitarch.
Pitarch ha sido entrevistado en televisión como experto, a pesar de que en su currículum militar no aparece ninguna experiencia relacionada con la lucha antiterrorista. En su blog personal, ha criticado con extrema dureza a los Mossos y también la intervención que hizo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, horas después del atentado por hablar en catalán y no mencionar “a ni a España ni a la actuación de las FCSE”: “¿Es que puede darse mayor nivel de estupidez, ruindad y óptica provinciana (por no decir de necrofilia)?”.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles envió un comunicado en el que deslizaba que el doble atentado podría haberse evitado “a lo mejor” si los Mossos hubieran aceptado su colaboración. La nota recordaba que la oferta de colaboración de los Tedax del Instituto Armado no fue tenida en cuenta la víspera del atentado cuando voló por los aires el chalé donde los terroristas manipulaban explosivos y que provocó la muerte del imán y heridas a otro integrante de su célula. En un primer momento la policía catalana atribuyó el incidente a una explosión de gas.
En declaraciones a la agencia Efe , el portavoz de la AUGC, Juan Fernández, aseguró: “Quizá, si la Guardia Civil hubiera actuado y determinado que no era una explosión rutinaria, y que ahí se estaba gestando una operación terrorista, se podría haber atajado todo el operativo mucho antes”.
Esa asociación y el Sindicato Unificado de Policía, habían hecho público horas antes un comunicado en el que lamentaban haber sido “ninguneados” por los Mossos en lo que calificaron como “exclusión dolosa”, es decir, premeditada.
La facultad para decidir qué policía judicial actúa en una investigación compete al juez que instruye el caso. La explosión en la vivienda de Alcanar (Tarragona) fue asumida en un primer momento y hasta que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional por la titular del juzgado de instrucción número 2 de Amposta, Sonia Nuez Rivera, que no requirió de la participación de la Guardia Civil.
El diario ABC abrió su edición del martes con una información en la que atribuía a la citada juez unas palabras la noche misma de la explosión en la que esta desconfiaba ante los Mossos de que fuese un accidente fortuito y aventuraba que las bombonas halladas en el chalé podrían servir para un atentado. No consta que la jueza escribiese ninguna de esas supuestas sospechas en los autos que firmó antes de inhibirse para que el asunto fuese instruido en la Audiencia Nacional por el juez Fernando Andreu.
Tras el atentado, se sucedieron además informaciones sobre una supuesta negativa de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y de los Mossos de instalar bolardos que impidiesen un atentado como el de La Rambla. Varios medios recordaban la recomendación del Ministerio del Interior tras los atentados de Niza y Berlín en la Navidad de 2016: colocar obstáculos en los acceso a zonas turísticas “en aras a evitar ataques”.
A aquellas informaciones les siguieron otra ristra de acusaciones contra Colau y la policía autonómica. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, del PP, dijo que Colau había “allanado” el camino de los terroristas por su negativa a instalar los obstáculos. El regidor fue desautorizado por su partido, pero se negó a retirar sus palabras. Un sacerdote madrileño de ideología ultraderechista aseguró durante una misa que Colau tenía “parte de la culpa” de ese atentado y propuso presentar una denuncia contra la regidora, una acusación desautorizada por el Arzobispado de Madrid.
Barcelona en Comú decidió responder publicando la carta que había enviado el Ministerio del Interior. Fechada el 20 de diciembre de 2016, en ella se recomendaba la instalación de barreras físicas “con motivo de las próximas Fiestas Navideñas”. Interior aconsejaba la “instalación provisional de grandes maceteros o bolardos” que impidiese el avance de vehículos, y así lo hizo el Ayuntamiento de Barcelona. Como el de Madrid y otro consistorios, los retiró pasadas las fiestas.
