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Sumar denuncia a la Federación por incumplir la paridad y el CSD dice que tiene margen hasta 2024

La líder de Sumar, Yolanda Díaz en una imagen de archivo. EFE/ Rodrigo Jiménez

Ana Requena Aguilar / Diego Larrouy

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La vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes la presentación de una nueva denuncia ante el Consejo Superior de Deportes para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cumpla con las normas de igualdad y paridad en sus órganos de Gobierno. “Todos los organismos tienen que ser paritarios”, ha defendido Díaz en una entrevista en TVE.

Esta nueva denuncia se registró este domingo, según ha explicado la líder de Sumar. Díaz considera que es “clave” actuar en la paridad de los órganos de gobierno de la RFEF “para luchar contra los estereotipos machistas”. “Parece que son una normalidad en la Federación”, ha defendido la ministra de Trabajo, que este lunes se reúne con los sindicatos Futpro, que representa a la futbolista Jenni Hermoso, y AFE.

En la denuncia, Sumar considera que la Federación incumple la obligación de paridad que establece la ley del deporte aprobada en 2022 puesto que de sus 20 miembros solo dos son mujeres. “La desproporción entre mujeres y hombres no se limita a la Junta Directiva, sino que alcanza la totalidad de los órganos federativos, reflejando una patología que no puede considerarse puntual o coyuntural sino sistémica”, asegura el partido de Díaz. Por ejemplo, solo el 9% de su plantilla (38 de sus 411 miembros) son mujeres. 

Sumar quiere que la Junta Directiva de la Federación se reúna con carácter extraordinario para disolverse y poder nombrar así una nueva ejecutiva que sí cumpla con la paridad. Consideran, por tanto, que la actual estructura es “impugnable”.

Sin embargo, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, aseguró este lunes por la tarde que la ley del deporte contiene una disposición adicional que da de margen hasta el 1 de enero de 2024 para que las directivas de las federaciones cumplan con la paridad. “Ya vale de decir cosas que no son”, ha subrayado.

Se trata de la segunda denuncia por parte de Sumar ante el CSD por el caso Luis Rubiales tras la presentada la pasada semana. En esta primera, el partido de Yolanda Díaz subrayó que la Federación Española de Fútbol tiene aprobado un protocolo de actuación contra la violencia sexual que incluye “besar a la fuerza” y el “inadecuado contacto corporal, abrazos, apretones etc”. También apuntó que Rubiales está sometido a la ley del deporte y que no solo ejerce un rol privado, sino que es “el responsable de desarrollar funciones públicas por delegación ante el gobierno de España”. Por ello, Sumar denunció a Rubiales por una infracción grave incluida en la norma por la que se le podría sancionar con la inhabilitación para ocupar cargos en la entidad entre un mes y dos años.

El presidente de la RFEF se encuentra actualmente suspendido durante noventa días tras la acción ejercida por la FIFA durante este fin de semana, dejando al organismo bajo la dirección interina de una gestora. El comité disciplinario de la FIFA anunció este sábado su decisión de suspender de forma provisional a Luis Rubiales de “toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional”, así lo recoge un comunicado en el que la organización explica que la suspensión se hará “efectiva desde el día de hoy” y se extenderá durante un “periodo inicial de noventa días” y “en tanto en cuanto se tramita el procedimiento disciplinario abierto por esta Comisión Disciplinaria contra el Sr. Luis Rubiales el pasado jueves 24 de agosto”.

Mientras, en España es el turno ahora del Tribunal Administrativo del Deporte, que esta semana tiene que entrar a valorar el caso. En el caso de que la justicia deportiva ajuste su calendario al sistema más rápido, el dirigente del fútbol español se puede ver inhabilitado este miércoles.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones también ha apuntado a la igualdad retributiva en el mundo del deporte. Díaz considera que es una infracción la “discriminación retributiva”, lo que se entronca en “derechos fundamentales”. “No hay razón que lo justifique”, ha apuntado.

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