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Los tribunales autonómicos entran en la batalla política sobre la reforma judicial del Gobierno retorciendo su jurisdicción

El presidente del Tribunal Supremo y del (CGPJ), Carlos Lesmes, acompañado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

La batalla política a propósito de la reforma con la que el PSOE y Unidos Podemos pretenden rebajar la mayoría requerida para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva casi dos años en funciones por el bloqueo del PP, se ha trasladado en los últimos días a los tribunales superiores de justicia. La sala de gobierno del TSJ de Andalucía se sumó este martes a las críticas a esa reforma expresadas el lunes por los tribunales autonómicos de Madrid, Castilla y León y Extremadura. En comunicados que siguen una línea argumental muy similar, expresan su "rechazo" a una reforma que, aseguran, "supone una merma de las garantías de independencia judicial" e incluso llegan a tacharla de inconstitucional. 

PSOE y Unidas Podemos registran la reforma para reducir la mayoría para renovar el Poder Judicial y limitar sus funciones con el mandato caducado

PSOE y Unidas Podemos registran la reforma para reducir la mayoría para renovar el Poder Judicial y limitar sus funciones con el mandato caducado

Se trata de iniciativas inéditas y que exceden las atribuciones que el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) asigna a las salas de gobierno, que son órganos que cumplen principalmente tareas organizativas y administrativas, no jurisdiccionales. Entre sus funciones está aprobar las normas de reparto de los asuntos, proponer al CGPJ magistrados suplentes, actuar en materia disciplinaria o elaborar la memoria anual, pero no realizar análisis de contenido político o informes relativos a proyectos legislativos, sostienen magistrados y juristas consultados por elDiario.es. En este caso se trata de una crítica al Poder Legislativo realizada ad hoc a través de comunicados públicos, no en sentencias ni resoluciones judiciales: la reforma en cuestión parte de un texto presentado por los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno: PSOE y Unidas Podemos.

El artículo 395 de la LOPJ consagra la neutralidad judicial y prohíbe a los miembros de la carrera "dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos", si bien no todos los expertos consultados creen que este precepto pudiera aplicarse en este caso. "Tendría que haber una reprobación, no sólo la expresión de una opinión. Si no, los jueces no podríamos hablar de nada", sostiene un magistrado consultado por elDiario.es. 

La magistrada María Jesús del Barco, portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, defiende que estas declaraciones tienen "todo el sentido" porque suponen "una respuesta excepcional a una situación excepcional". "No veo a los presidentes de los TSJ muy partidarios de saltarse la ley", dice en tono irónico e insiste en tienen "total justificación" porque "está en juego la separación de poderes en España". De hecho, es esta asociación la que la que está promoviendo la publicación de comunicados de rechazo a la iniciativa a través de sus representantes en estos órganos. 

La progresista Jueces y Juezas para la Democracia, sin embargo, considera que este tipo de pronunciamientos por parte de las salas de gobierno de los TSJ están "fuera de lugar". "Ni reglamentariamente ni orgánicamente las salas de gobierno tienen potestad para efectuar valoraciones sobre proyectos legislativos. Es una extrapolación de sus funciones y no deberían haber efectuado este tipo de manifestaciones", sostiene el magistrado Fernando de la Fuente, su viceportavoz, que explica que a efectos técnicos el único órgano competente para realizar análisis o informes relativos a proyectos legislativos es el CGPJ como órgano consultivo. "Por mucho que les inquiete o perturbe esta iniciativa, las salas de gobierno no tienen esa capacidad", sentencia. 

Los textos difundidos no escatiman en consideraciones de carácter político. Así, los comunicados de las salas de gobierno de los TSJ de Extremadura y Castilla y León muestran su "rechazo" ante una modificación normativa que, a su juicio, supone una "merma" en las garantías de independencia judicial. E insisten en que esa "independencia judicial" solo se conseguirá mediante la designación directa de los vocales judiciales del CGPJ por los propios jueces y magistrados. 

Más contundentes son los textos aprobados en los tribunales superiores de Madrid y Andalucía, que incluso tachan de inconstitucional la reforma. Según el TSJ madrileño la iniciativa del PSOE y Unidas Podemos "no se ajusta a la Constitución, al eludir el necesario consenso parlamentario y dejar en manos de la mayoría política –sea cual fuere- la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial". 

Un cariz similar tiene la nota del TSJ andaluz, que sostiene que la pretensión de que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos por una "simple" mayoría absoluta "se aleja de modo radical de la doctrina constitucional, quebranta los presupuestos que legitiman la elección parlamentaria de estos vocales, compromete la independencia del Consejo General del Poder Judicial y lesiona de modo inadmisible la imagen de independencia del Poder Judicial". Así, los jueces de este órgano consideran "preciso" desbloquear la renovación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, pero coinciden en que la respuesta a esta necesidad "no puede darse con medidas que hacen más vulnerable al CGPJ o a su politización para el cumplimiento de las funciones constitucionales a las que viene llamado".

La APM, mayoritaria en las salas de gobierno

Las salas de gobierno —formadas íntegramente por jueces y magistrados— son órganos bastante politizados y permeables, por tanto, a este tipo de asuntos, si bien no existen precedentes de pronunciamientos públicos en cadena sobre iniciativas legislativas como los difundidos en los últimos días. Parte de sus miembros son elegidos por los jueces del órgano por sufragio directo, mientras que otros son miembros natos —el presidente del TSJ, los de sus salas jurisdiccionales y los de las audiencias provinciales de la comunidad autónoma— que, a su vez, han sido elegidos de manera discrecional por el CGPJ. La mayoría de sus miembros electos están afiliados a algunas de las cuatro asociaciones profesionales.

Las últimas elecciones, celebradas en noviembre de 2019, las ganó con mayoría absoluta la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera. Obtuvo el 52,1% de los votos y se impuso con holgura en las salas de gobierno de los TSJ de Andalucía, Madrid, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Galicia, Castilla-La Mancha y el País Vasco. La participación en estas elecciones no suele ser muy alta. Por ejemplo, en los últimos comicios en el TSJ de Madrid se emitieron 414 votos, lo que supone una participación del 55,85% del censo, según informó su gabinete de prensa

La APM, a la que están asociados los presidentes de diez de los 17 TSJ, está siendo muy combativa con la propuesta del PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría requerida para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi dos años con el mandato caducado. De hecho, son los vocales conservadores más próximos a esta asociación los que han forzado la celebración de un Pleno extraordinario del CGPJ —fijado para el próximo 28 de octubre— en el que intentarán que se haga un pronunciamiento público contrario a esta reforma, que también consideran "contraria a la Constitución". La propuesta también cuenta con el rechazo frontal de dos de las otras tres asociaciones de jueces, la moderada Asociación Judicial Francisco Vitoria y la minoritaria Foro Judicial Independiente. 

Este mismo lunes el PP registró en el Congreso una reforma judicial que, entre otras medidas, defiende que sean los propios jueces los que elijan a los doce vocales del llamado turno judicial, formado por jueces y magistrados, y que desde 1985 son designados por el Congreso y el Senado. La propuesta del partido de Pablo Casado prevé que esa elección se haga con un censo universal y listas abiertas, pero dificulta que candidatos que no estén afiliados a ninguna asociación puedan concurrir. 

Ahora, los considerados independientes tienen que aportar el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo para presentar su candidatura y el PP pretende elevar esa cifra a cien. Y eso a pesar de que según los últimos datos difundidos por el CGPJ el pasado junio, el 44,2% de los jueces y magistrados en activo que integran la Carrera Judicial no están afiliados a ninguna asociación. 

La iniciativa, por tanto, pretende beneficiar a las asociaciones, que son mayoritariamente conservadoras. Solo una, Jueces y Juezas para la Democracia, con 463 afiliados (un 8,7% del total) es de carácter progresista. La mayoritaria es la APM, con 1.349 afiliados, lo que supone el 25,% del total; seguida de la Francisco de Vitoria, con 838 afiliados (15,7%). Foro Judicial Independiente, por su parte, cuenta con 334 afiliados (6,2%).

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Publicado el
20 de octubre de 2020 - 22:25 h

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