Los conservadores del Poder Judicial insisten en el veto al candidato de los progresistas al Constitucional
El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no cede y sigue sin garantizar su apoyo al candidato progresista para el Tribunal Constitucional, el juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. Los interlocutores de los vocales elegidos a propuesta del PP han trasladado este jueves a sus homólogos en el grupo minoritario que se mantienen en su propuesta de cambiar el método de “negociación” para que haya un debate previo sobre los nombres propuestos por cada bloque, informan a elDiarioes fuentes del órgano. De entrada, los progresistas rechazan este planteamiento, que interpretan como un veto al candidato que eligieron hace un mes en una votación interna. No obstante, abordarán el asunto en una reunión interna.
La enorme distancia que hay entre las dos posturas deja en el aire la renovación del Tribunal, que acumula más de dos meses de retraso por la sucesión de excusas y condiciones cambiantes del núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP. Este miércoles, el tribunal de garantías optó por no dar paso a los candidatos designados por el Gobierno —Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, ex directora general en la Moncloa— hasta que el CGPJ nombre a sus dos aspirantes.
Pero, por el momento, es una incógnita cuándo el órgano de gobierno de los jueces hará esas designaciones. Los vocales se comprometieron la semana pasada a “votar candidatos” en el pleno del 22 de diciembre, aunque no garantizan que haya un acuerdo que permita sacar adelante esas designaciones. Los nombramientos del Constitucional deben conciliar el respaldo de al menos 11 de los 18 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas.
Dos meses después de que se cumpliera el plazo máximo marcado por la ley, los vocales elegidos a propuesta del PP siguen sin desvelar cuál es el candidato de su preferencia. No obstante, aseguran que hay hasta seis jueces que, según estas fuentes, verían con buenos ojos acceder al Constitucional. Se trata de los magistrados Vicente Magro, Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena, César Tolosa, Diego Córdoba e Inés Huerta. Los dos primeros están especialmente significados políticamente. Magro fue senador por el PP y presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que representa a los jueces conservadores. Sánchez Melgar, por su parte, fue fiscal general del Estado en la última legislatura de Mariano Rajoy.
Escribe Elena Herrera.
