Aplazado otras tres semanas el juicio de Magrudis a la espera de contar con varios informes médicos

La celebración del juicio por el brote de listeriosis de 2019 provocado por carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis se ha aplazado otras tres semanas, quedando fijado para el día 23 de noviembre; ello, cuando la Audiencia Provincial de Sevilla ya había autorizado aplazarlo una semana, hasta el 3 de noviembre, en relación con la fecha inicial prevista.

Así lo han confirmado fuentes de la negociación a Europa Press, en las que justifica esta medida en la posibilidad “de contar con algunos informes médicos que aún no han sido analizados”. Una decisión que se ha tomado de común acuerdo entre las partes que están negociando, con la excepción del Ayuntamiento, “que es el único que no se ha sentado a la mesa”, en aras de alcanzar un acuerdo, hecho este último que ha lamentado el citado abogado.

Ese aplazamiento inicial tenía como fin que el Ayuntamiento de Sevilla “reaccionara”, dado que “todos están poniendo de su parte; los lesionados, por ejemplo, piden unas indemnizaciones básicas”, expresaba entonces Manuel Parrilla, letrado de algunos de los afectados.

En el horizonte, la posibilidad de alcanzar un acuerdo que evite la celebración del macrojuicio, que contempla más de 40 sesiones para esclarecer un caso que dejó cuatro fallecidos y más de 200 personas intoxicadas, e instar al Gobierno local a aplicar “los mecanismos necesarios” de financiación para aportar las indemnizaciones solicitadas.

A la espera de acuerdo

El procedimiento se dirigirá contra José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa y sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario.

También será orientado contra Sergio L.G., por su papel como arquitecto técnico contratado por la empresa, y María José Ojeda, inspectora veterinaria municipal. Al igual que contra las mercantiles Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L., así como contra las compañías aseguradoras AXA S.A., AIG Europe S.A. (sucursal en España) y Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros, declaradas responsables civiles en la causa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla figura como responsable civil subsidiario, ante la posible responsabilidad derivada de la actuación de la inspectora veterinaria municipal. “Esperemos que durante esta semana se llegue a un acuerdo, nosotros no queremos ir a juicio, y es por ello que vamos a hacer todos los esfuerzos”, señalaron hace unos días Manuel Parrilla y Germán Grima, abogados que representan a la mayoría de las víctimas.