Los afectados por el brote de listeriosis culpan al Ayuntamiento de Sevilla de impedir el acuerdo que evite el juicio
La Audiencia de Sevilla ha aplazado una semana el juicio por el brote de listeriosis de 2019 provocado por la carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis, que dejó más de 200 personas intoxicadas y cuatro fallecidos. De esta manera, concede más margen, hasta el 3 de noviembre, para que las partes implicadas sigan negociando y alcancen un acuerdo que evite la vía judicial.
“Esperemos que durante esta semana se llegue a un acuerdo, nosotros no queremos ir a juicio, y es por ello que vamos a hacer todos los esfuerzos”, han señalado Manuel Parrilla y Germán Grima, abogados que representan a la mayoría de las víctimas. Pero la cuestión no parece sencilla, ya que una de las partes implicadas, el Ayuntamiento de Sevilla, apunta que no puede llegar a un acuerdo porque aceptando la propuesta que se le ha hecho llegar se reconocería la culpabilidad de María José O. B., la veterinaria municipal acusada. Esto, apunta, en la práctica sería condenarla.
Eso no quita para que, si finalmente el juez condena a esta profesional, el Consistorio garantiza que acatará su decisión y afrontará los pagos que sean necesarios. Fuentes municipales señalan que incluso se está dispuesto a renunciar a la reclamación de 100.000 euros planteada, pero insisten en que “no podemos pactar temas extrajudiciales reconociendo culpabilidades que no nos corresponden”.
Los abogados de la acusación, por su parte, piden que la mitad de la indemnización venga del Ayuntamiento como responsable civil subsidiario, lo que supondría afrontar el pago de cinco de los diez millones de euros que se reclaman. Pero “el Consistorio no se pronuncia a la hora de aprobar una partida extraordinaria para la compensación a los afectados”, y aseguran que “hemos hablado con su letrado y nos comunica que no tiene instrucciones”.
Los letrados denuncian que para evitar un contagio de esta índole “se necesitan unos medios y una serie de normativas, y esto se ha infringido”, a lo que añaden que “si se hubiesen llevado a cabo estos controles, los principales acusados no hubieran podido ocasionar el contagio que causaron”. En este caso, si la veterinaria municipal acusada fuera condenada, implicaría de forma directa al Ayuntamiento y le obligaría a pagar.
“Una condena ejemplarizante”
“El Consistorio sigue siendo el responsable civil subsidiario, por lo que tiene que asumir responsabilidades”, se subraya. Y se recalca que cuando ocurrieron los hechos la plantilla municipal de veterinarios era de nueve personas, de los cuales cuatro estaban de baja, una situación en la que consideran que es inviable cubrir la ciudad de Sevilla.
Parrilla es el abogado de las dos víctimas más afectadas, Pablo y Javier, dos menores con graves secuelas después de que su madre consumiera la carne contaminada cuando estaba embarazada. En relación con esta familia, ha resaltado que “hay que agradecer que son muy buenas personas, porque si ellos no ceden en parte de la responsabilidad civil que le correspondería según este criterio objetivo, no podríamos estar hablando de este principio de acuerdo que estamos intentando concretar”.
Además, Parrilla y Grima han aclarado que la pena mínima para los cuatro principales acusados sería de cuatro años, teniendo en cuenta todos los informes sanitarios que se han realizado. “Queremos que haya una condena ejemplarizante para que esto no vuelva a ocurrir, por lo que habría que instar a las administraciones que crearan unos fondos o bolsas para afrontar este tipo de brotes o hechos que ocurran de esta índole”.
Homicidio por imprudencia grave
De cara al juicio, la Fiscalía detectó respecto a los hechos un supuesto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y un último delito de falsedad en documento oficial.
Por el primer delito, reclamó para cada uno de los acusados José Antonio Marín Ponce (propietario de Magrudis), su hijo Sandro José Marín Rodríguez, su otro hijo Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, cuatro años de cárcel. También solicita para cada uno de los mismos otros seis años más por el delito de homicidio por imprudencia grave y multas por el delito de defraudación del fluido eléctrico.
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