La afrenta de Milei y la quiebra del respeto democrático

La inaceptable intervención del presidente de Argentina, Javier Milei, en una universidad pública española —un foro que debiera ser santuario del rigor y el pensamiento crítico— constituye un hito de ignominia sin parangón en las relaciones bilaterales modernas.

Utilizar suelo extranjero para calificar groseramente de «delincuente», «ladrón» y «dictador» al presidente del Gobierno de España, e incitar abiertamente a la algarada y a la expulsión violenta del Ejecutivo legítimo, rebasa de forma intolerable la inmunidad diplomática y la cortesía internacional. No estamos ante un exceso retórico ni ante el legítimo contraste de pareceres, sino ante una agresión deliberada a la soberanía nacional y una intromisión inadmisible en nuestros procesos políticos internos.

Es profundamente alarmante que un mandatario extranjero acuda a nuestro país a sembrar la discordia, denigrar a nuestras instituciones y estigmatizar públicamente a millones de ciudadanos por su ideología, en este caso a la militancia y a los votantes socialistas, convirtiéndoles en diana de descalificaciones sectarias. Pero la gravedad de este episodio se multiplica trágicamente al comprobar la condescendencia, el aplauso y la bajeza política con la que líderes del Partido Popular y de Vox han justificado o minimizado estos insultos. Resulta incomprensible y desleal con el Estado que formaciones que se autodenominan constitucionalistas amparen y disculpen un ataque frontal a las instituciones españolas ejecutado en suelo propio por un mandatario ajeno, anteponiendo la polarización partidista a la defensa elemental de la dignidad nacional.

La democracia española, cimentada en la convivencia pacífica y el respeto constitucional, no puede ni debe normalizar el desprecio sistemático ni la connivencia interna con la agresión exterior. La tolerancia ante semejante afrenta no es signo de madurez institucional, sino de una peligrosa vulnerabilidad. España merece respeto, y sus gobernantes, instituciones, incluidos los representantes parlamentarios del PP y VOX y demás fuerzas políticas tienen la obligación inexcusable de exigirlo con toda la firmeza que el derecho internacional y la dignidad del Estado consagran.