El 'chófer de los ERE' ratifica en el juicio su inculpación en la tramitación de ayudas públicas

Juan Francisco Trujillo, antiguo chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero fallecido en octubre de 2020 tras su condena un año antes por el caso de los ERE, ha ratificado este lunes “totalmente” sus comparecencias previas en la fase de instrucción del caso sobre las ayudas autonómicas recibidas y la relación con su 'jefe'. Se trata de un proceso judicial extendido en el tiempo que ha pasado ya por cuatro jueces (dos jubilados, uno que solicitó el traslado y otro que se abstuvo por haber sido alto cargo de la Junta) y en el que la Fiscalía Anticorrupción le pide una pena de 14 años de prisión, 30 de inhabilitación y una indemnización de 1,5 millones de euros por las ayudas concedidas por Guerrero.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado el juicio de esta pieza separada de la macrocausa de los ERE. Durante la fase de cuestiones previas, Trujillo, quien fue chófer de Guerrero entre 2003 y 2007, ha renunciado a su abogado argumentando que no se siente bien atendido en las valoraciones emitidas por el mismo, ni en las negociaciones con la Fiscalía: “No confío en mi defensa, no me siento representado”. Tras efectuar la renuncia ha solicitado que se le asigne un abogado de oficio para el juicio pero la jueza se lo ha denegado argumentando que ya había comenzado la vista oral.

Trujillo, ya en su interrogatorio, ha ratificado las declaraciones que prestó durante la fase de instrucción, entre ellas las que figuran las referentes a la póliza que suscribió a nombre de su madre y las realizadas con motivo de la entrada y registro realizadas en su domicilio de Jaén para investigar su relación con Guerrero y el destino de los fondos públicos concedidos por el mismo. También a las realizadas de marzo de 2012, donde el encausado respondió con detalle a cada una de las pretensiones, tanto las subvenciones recibidas por las sociedades como las pólizas a nombre de su madre. Ese mismo día

Exime a su esposa

En todo caso, la intervención de Trujillo en el juicio ha concluido con la única pregunta realizada por su abogado sobre a los 24.000 euros que prestó a su mujer, también procesada por esta causa debido a su responsabilidad civil como supuesta beneficiaria de esos fondos públicos. En su declaración Trujillo la ha eximido de cualquier culpabilidad que se le pueda atribuir por el uso de ese dinero. “Me los devolvió, hipotecó la casa y me mandó más dinero del que le había prestado”, ha dicho ante el tribunal.

Así lo ha refrendado su esposa, Juan Gallego, quien ha ratificado ese relato recalcando que la hipoteca la pidió por un importe de 50.000 euros y que posteriormente le prestó más dinero para saldar otras deudas. “Me dijo que lo ingresara en una cuenta de la empresa”, ha concretado. Además, también ha especificado que, pese a que Trujillo le reintegró después unos 12.000 euros, a día de hoy aún le debe dinero. Ese mismo día, Trujillo reveló a la jueza Alaya que con el dinero de los fondos públicos llegó a comprar hasta 25.000 euros al mes en cocaína y que tanto el entonces director general de trabajo, Javier Guerrero, como él la consumían “a cualquier hora”, ya que este último le comentó que esa sustancia “lo ayudaba a mantenerse despierto”.

Además, Trujillo entregó a Guerrero en la casa que este tenía en su pueblo natal, el Pedroso, una cantidad entre 60.000 y 80.000 euros en metálico y regalos como cuadros, relojes y ropa valorada en unos 2.000 euros y móviles valorados en unos 1.000 euros.

En el banquillo de los acusados se han sentado también por los mismos hechos Antonio Alabarracín, exdirectivo de Vitalia, una de las empresas que mediaron ante la Junta de Andalucía para la formalización de las pólizas de prejubilaciones, para el que se solicita seis años de prisión y diez de inhabilitación e Isidoro Ruz Espigares, administrador de una de las empresas del exchófer, para el que la Fiscalía pide seis años y tres meses de prisión y 17 años de inhabilitación.

El exsocio de Trujillo se desvincula de la subvención

Tras la intervención de Trujillo le tocó el turno a Isidoro Ruz, el que fue su socio en las dos empresas que recibieron las ayudas de la Junta: Ave Nueva y la empresa hotelera. Esta primera empresa avícola nunca llegó a funcionar debido a la negativa recibida por parte del ayuntamiento de poner en marcha la explotación del terreno por la existencia de restos arqueológicos en la finca colindante. Ruz afirma que solo realizaba el trabajo a pie de obra, siendo Trujillo el responsable de adelantar el dinero para la compra de los terrenos en los que se tenía previsto ubicar la empresa.

En la segunda empresa, destinada a la explotación hotelera, Ruz declaraba ser el gerente: “Yo hacía las compras, hablaba con los proveedores, mientras que Trujillo inicialmente se dedicaba a la contabilidad”. No obstante, tiempo después, debido a la “falta de implicación de Trujillo” , decidieron dividirse la sociedad, de forma que Ruz se quedó con la empresa hotelera y Trujillo con la empresa avícola: “Solo iba los fines de semana al hotel y en vez de trabajar se dedicaba a comer con su familia en la terraza”.

La ayuda que recibió esta empresa, constó a nombre de Ruz y no al de la sociedad: “Trujillo me dijo que podía destinar el dinero a cualquier otra de mis empresas, aunque yo quería devolverlo a la Administración”.

“El tramite de transpaso de la subvención a yadelso hoteles se admitió por la Junta, yo no gestioné los papeles”, ha detallado Ruz, que ha insistido en que el hotel funcionó, y que en los últimos cinco años llegó a tener “entre 20 y 25 trabajadores” invirtiendo en este tiempo la subvención integra de la Junta.

De esta forma, afirma no haber pagado contraprestación alguna a Trujillo a cambio de recibir dicha subvención y que no fue hasta años después cuando le reclamaron dicha cuantía: “Nadie me había pedido que pagase nada”.