El Defensor Andaluz pide apoyo a la Junta ante la “desproporción” de muertes por sobredosis en las cárceles de Sevilla
El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio ante la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias a tenor de la distribución de los distintos profesionales de los llamados Equipos de Apoyo a Instituciones Penitenciarias. El objetivo es la posibilidad de aumentar o redistribuir su número entre los distintos centros ante una posible “desproporción” en la provicia de Sevilla de muertes dentro del recinto penitenciario.
Y es que, a través de diversos medios de comunicación, en la institución dirigida por Jesús Maeztu han tenido conocimiento de recientes fallecimientos de internos en los distintos centros penitenciarios de Sevilla, según la referida información, por una posible sobredosis. También se alude a que, en lo que va de año (de enero a octubre) se han producido diez fallecimientos en estos centros frente a los 90 ocurridos en la totalidad de centros penitenciarios españoles. Es decir, el 11,1% de los fallecimientos en las cárceles españolas ocurrió en la provincia de Sevilla. Cinco de ellos parecen estar relacionados con una sobredosis, pudiéndose corresponder el resto con otras cuestiones.
El Defensor hizo referencia en un anterior expediente de queja que en el ámbito penitenciario concurren acciones y políticas en las que interviene la gestión de la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la propia Junta de Andalucía, responsable del ejercicio de competencias tan sensibles a la actividad diaria de la vida en las cárceles y de sus internos como son la sanidad, asistencia social, la educación, etc.
Se explica en la ctuación de oficio que un elevado porcentaje de los internos en los centros penitenciarios son drogodependientes y, “en muchos casos, cumplen condenas por delitos relacionados con este motivo, por lo que el hecho de que tengan acceso a dichas sustancias es una cuestión grave que dificulta, cuanto no, imposibilita su reinserción”.
Se indica también que “las medidas preventivas que han de ser tomadas dentro de los centros por la administración penitenciaria deben de tener su respaldo también en aquellas otras medidas alternativas que, en el ámbito competencial de la comunidad autónoma andaluza, tiene atribuida la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales”. “Resulta evidente que el ejercicio de estas políticas destinadas a la prevención, tratamiento y superación de las drogodependencias exigen la coordinación en esta materia entre los distintos estamentos implicados, priorizando programas de prevención, desarrollando estrategias de intervención y agilizando el acceso a los recursos establecidos”, argumenta el Defensor.
Los recientes fallecimientos del pasado mes de octubre “preocupa” a esta institución del Defensor del Pueblo Andaluz le “obliga a tomar un mayor conocimiento de la situación”, a fin de interesar “posibles medidas a adoptar al respecto en la provincia de Sevilla, o la justificación de no ser procedente o necesario”.
24 muertes en 2018
Hace unos días, y con motivo de los datos cerrados ya de 2018, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunciaba el “elevado número de muertes” en las prisiones de España, que en Andalucía ascendió a 77 personas, siendo “la comunidad autónoma donde más fallecimientos se produjeron”.
Precisamente en el comunicado dirigido a los medios, la asociación concretó que Sevilla fue la provincia donde murieron más personas presas, con un total de 24, “siendo la primera causa de muerte la sobredosis”. En el ámbito nacional, y con unas cifras que atribuye a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, apuntaba que en 2017 hubo 147 fallecidos en centros penitenciarios, y en 2018, 210.
Por todo ello, subrayó su coincidencia con el último informe del Mecanismo Nacional para la Prevención de la tortura, afirmando que este 2019 es “especialmente preocupante el fuerte incremento de muertes asociadas al consumo de drogas”, que cifra en 61, y también el “ligero incremento del número de suicidios”, que sitúa en 33. La APDhA ahondó en que el mayor número de muertes se registró en 2018 en las prisiones andaluzas de Puerto I, Puerto III (Cádiz) y Sevilla II (Morón de la Frontera).
