La Guardia Civil sitúa al concejal socialista de Obras de Espartinas como epicentro de un “fraude de libro” en contratos públicos

El Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) está investigando al Ayuntamiento de Espartinas (PSOE), un municipio sevillano de 16.500 habitantes, por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos menores a empresas vinculadas con algunos de sus concejales, presuntamente para eludir los procedimientos de licitación pública mediante el fraccionamiento de contratos.

La Guardia Civil, en un oficio dirigido al juez, habla de un “entramado de empresas mercantiles que intentan acceder a contratos públicos en esa localidad donde sus administradores y apoderados son las mismas personas”. Hay 13 personas imputadas -concejales, exconcejales y funcionarios del Consistorio- que el juez ha citado a declarar entre el 14 y el 17 de octubre, aunque la investigación atribuye las operaciones más graves a dos actores principales: el concejal de Obras, Servicios y Cementerio, Filomeno Carmona Martínez, por sus vínculos con dos empresas adjudicatarias de numerosas obras públicas bajo sospecha; y Manuel González Baena, exdelegado de Medio Ambiente, que habría actuado en connivencia con Carmona para dirigir contratos a dedo, según consta en el sumario, al que ha tenido acceso este periódico.

La causa judicial, que nace de una denuncia anónima, apunta a cinco posibles delitos de corrupción: prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de fondos públicos y pertenencia a organización criminal. Pero, de momento, el atestado policial se limita a atribuir responsabilidades específicas a varios concejales por los tres primeros delitos: prevaricación continuada, tráfico de influencias continuado y falsedad documental continuada.

El juez investiga una docena de contratos menores adjudicados por el Ayuntamiento de Espartinas a una serie de empresas locales, por un valor total que ronda los 400.000 euros durante los cuatro últimos años [el presupuesto municipal ronda los 13 millones de euros]. Fuentes del Consistorio defienden la legalidad de todos esos contratos y subrayan que la investigación “no ha puesto en duda la ejecución de los mismos”. “En ningún momento se advierte una inejecución de contratos”, afirman.

“Entramado” de empresas

La Guardia Civil apunta a una compleja red de empresas vinculadas entre sí (como Jardinería del Sur 2016 SL, Sistema Integrales Medioambientales SL, etc.) que, según su investigación preliminar, actuaron de forma coordinada para obtener contratos públicos del Ayuntamiento de Espartinas, aprovechando las relaciones personales y de parentesco con los concejales investigados.

Hay dos firmas que están en el epicentro del caso: Jardinería del Sur 2016 S.L, beneficiaria de cuatro expedientes de contratación en los últimos tres años por un montante total de 124.738,21 euros; y Excavaciones y Obras Filo SL, empresa de la que el concejal de Obras, Filomeno Carmona, era administrador, y que se benefició de ocho contratos menores por un total de 282.113,29 euros hasta la fecha en que entró en el Gobierno local.

El denunciante anónimo aportó una fotografía para demostrar que la empresa de Carmona “se ubica en el mismo lugar” que la principal firma investigada por la Guardia Civil, Jardinería del Sur, propiedad del empresario Antonio Rodríguez. Fuentes de su entorno aseguran que Carmona “no tiene vínculos contractuales” con Rodríguez, que sólo comparte nave con su empresa “porque tiene allí aparcada maquinaria pesada”. “Filomeno Carmona era un empresario del municipio, había sido contratista del Ayuntamiento en el pasado, pero cuando entra en política, se escinden esos contratos”, explican estas fuentes.

De las empresas señaladas por el denunciante anónimo, el juez ha decidido investigar sólo tres: Jardinería del Sur 2016 S.L.; Hábitat Servicios Sostenibles SRL; y Construcciones y Excavaciones Filo S.L., esta última propiedad del concejal de Obras, que asegura que la “cerró y dejó sin actividad” cuando entró en la lista electoral del PSOE, en las municipales de 2023.

Como concejal proponente, Carmona invitó en al menos cinco expedientes a Jardinería del Sur. La investigación considera que esta empresa forma parte de un conglomerado de mercantiles relacionadas entre sí (Bormujardin XXI SL, Sistema Integral Medioambiental SL, Acanthus SL y Hábitat Servicios Sostenibles SRL). El atestado subraya el conflicto de intereses derivado de su cargo público y su vinculación con las empresas adjudicatarias.

Los otros concejales imputados tienen una implicación más puntual en el caso, derivada de su papel en las mesas de contratación de las que fueron adjudicatarias las empresas investigadas. El atestado policial señala al concejal de Urbanismo y Hacienda, Juan Luis Núñez de Fez, al que se le imputa un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias por proponer una contratación a Excavaciones y Obras Filo SL, y por presidir mesas de contratación en las adjudicaciones bajo sospecha; al concejal de Medio Ambiente, Pablo Márquez, por proponer contratos a Jardinerías del Sur; y al exconcejal Fernando José Iturralde Nove, por facilitar contratos a Excavaciones y Obras Filo SL.

“Fraccionamiento” de contratos y empresas “de relleno”

La investigación, impulsada inicialmente por la Fiscalía y posteriormente desarrollada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, describe un “modus operandi” en el que ha identificado varios indicios delictivos significativos en las adjudicaciones: por un lado, considera que hubo un fraccionamiento de contratos para no superar el máximo legal y así evitar la licitación pública; y por otro, que hubo adjudicaciones irregulares, “alterando” los códigos de los contratos para la realización de distintos trabajos que, en realidad, eran el mismo.

La Guardia Civil también sospecha que el Ayuntamiento de Espartinas usó empresas “ficticias” o de “relleno”, es decir, que invitaba a varias firmas a las licitaciones aparentando que competían entre sí, cuando en realidad estaban vinculadas. Según el atestado policial, a menudo estas empresas no presentaban ofertas reales o eran administradas por las mismas personas o por sus familiares, un modus operandi del que se habría beneficiado la sociedad Jardinería del Sur 2016 SL.

En el documento se destaca que en al menos cuatro expedientes se detectaron presupuestos de una mercantil supuestamente inexistente (“Construcciones Félix Carmona” o “Félix Carmona”) para simular concurrencia competitiva, lo que la Guardia Civil califica como un “fraude de libro en la contratación pública”.

El titular de esta supuesta empresa falsa es Feliciano Carmona, hermano del concejal de Obras y epicentro de la investigación. En un correo dirigido a la Guardia Civil negó tener relación con esta sociedad mercantil. Fuentes municipales aseguran que el nombre “Félix Carmona” que cita el atestado policial como una supuesta empresa ficticia, “en realidad no es una empresa”. “Es un error de la Guardia Civil, que le ha añadido las siglas de Sociedad Limitada (SL), cuando no lo es”, explican.

Según fuentes municipales, el hermano del concejal de Obras es “autónomo, no tiene registrada ninguna empresa, y fue invitado a concursar y a presentar su oferta como persona jurídica, no como Sociedad Limitada, por tanto es falso que usara una empresa ficticia, como aparece en el sumario”.

Con todo, el atestado policial señala al hermano del concejal Filomeno Carmona como colaborador indispensable en la “trama de falsificación de ofertas”, en la que habría utilizado su correo personal para enviar presupuestos de una empresa ficticia y así facilitar que la empresa familiar, administrada por él y su hermano concejal, ganara contratos públicos de manera presuntamente fraudulenta.

La empresa que finalmente resultó adjudicatiaria en al menos cuatro licitaciones investigadas fue Excavaciones y Obras Filo SL, de la que el concejal fue administrador. La investigación policial considera que la presentación de estos presupuestos desde el correo de Feliciano Carmona es una “prueba evidente de fraude de estos contratos menores”.

La Guardia Civil considera que su participación fue “absolutamente consciente” al presentar ofertas falsas a petición del exdelegado de Medio Ambiente, Manuel González Baena, para favorecer la adjudicación a la empresa de la que él mismo es administrador.

El informe entiende que colaboró en la creación de una apariencia de legalidad para que las licitaciones se adjudicaran a la empresa de su hermano. González Baena también promovió contratos a una de las firmas del supuesto entramado -Hábitat Servicios Sostenibles SRL- por un valor total de 190.054,18 euros, donde la investigación considera que “existe un fraude por colusión manifiesto”.

“Prácticas colusorias”

La Policía Judicial describe esas “prácticas colusorias” en el atestado, esto es, empresas con algún vínculo entre sí que se presentan a las mismas licitaciones con ofertas acordadas para que gane una de ellas. Esto incluye presentar ofertas idénticas o retirar ofertas para favorecer al adjudicatario predeterminado. En este marco entraría el concejal de Obras y las dos firmas con las que, según la Guardia Civil, sigue vinculado: Jardinería del Sur SL y Excavaciones y Obras Filo SL.

También se señala la vinculación familiar de otros concejales con los administradores de las empresas beneficiadas. En la causa figuran como denunciados seis cargos y excargos públicos del Ayuntamiento de Espartinas, incluida a alcaldesa, aunque ésta ni está imputada ni siquiera ha sido citada a declarar ante el juez como testigo.

Además de estos cargos públicos, el informe de la Guardia Civil identifica como presuntos responsables de los delitos a otras ocho personas: concejales y exconcejales, funcionarios y empresarios.

Espartinas ha sido un histórico bastión de la derecha en la provincia de Sevilla, ahora gobernado por los socialistas. El actual equipo de Gobierno ha sido objeto de 30 denuncias anónimas por supuestas irregularidades desde las elecciones municipales de 2023, cuando la alcaldesa socialista revalidó mandato con mayoría absoluta. Todas fueron archivadas por los juzgados, según fuentes municipales, incluida esta última.

Sin embargo, donde la jueza no halló indicios delictivos, la Fiscalía sí vio pertinente investigar y autorizó a la Guardia Civil a personarse en el Ayuntamiento de Espartinas el pasado mes de julio para reclamar decenas de contratos bajo sospecha con empresas locales de construcción, jardinería, catering e iluminación, suscritos entre 2021 y 2024.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor archivó la denuncia anónima sobre supuestas irregularidades en la contratación el 13 de enero de 2024 pero, cuatro meses después, el pasado 1 de abril, reabrió diligencias previas tras recibir la denuncia de la Fiscalía y un primer atestado de la Guardia Civil. 

El juez ha imputado a 13 personas, entre ellas tres concejales de la actual corporación, varios de la corporación anterior y varios funcionarios del municipio. Todos los investigados formaron parte de mesas de contratación de los presuntos contratos irregulares que ahora están bajo investigación. Se trata del secretario general del Ayuntamiento espartinero, José Rodríguez Sánchez; el concejal de Medio Ambiente, Pablo Márquez; el de Obras, Filomeno Carmona; y el de Urbanismo yi Hacienda, Juan Luis Núñez de Fez, el único que ha repetido en el cargo desde la pasada legislatura.

También están investigados dos funcionarios del área de Contratación y dos altos funcionarios del Estado destinados en el Consistorio: la ex vicesecretaria general y la ex viceinterventora municipal. De la corporación anterior están imputados el exdelegado de Medio Ambiente, el socialista Manolo García Baena, y el exconcejal de Educación y Deporte, Fernando Iturralde, de IU.

Fuentes del Gobierno municipal aseguran que mantienen su “plena confianza” en los concejales investigados y descartan ningún cese o dimisión. Sostienen que el Ayuntamiento “desconoce si hay vínculos empresariales” entre familiares de sus ediles y las empresas adjudicatarias, rechazan que este caso “esté vinculado al PSOE”, y recuerdan que algunas de las sociedades mercantiles investigadas tienen relación con familiares de exdirigentes del PP de Espartinas.

Las mismas fuentes defienden que la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 118, no exige que se presenten tres ofertas para la adjudicación de un contrato menor, aunque una instrucción del Ministerio de Hacienda sí considera que es conveniente esa pluralidad de ofertas para la Administración Central como garantía jurídica.