El Defensor del Pueblo investiga el incumplimiento de las recomendaciones de la ONU en desahucios

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una investigación por el incumplimiento del Gobierno de las recomendaciones de hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de vivienda social y desahucios.

En julio de 2017, el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU determinó que España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores que fue desahuciada en 2013 sin que se le proporcionara una vivienda alternativa.

Pese a que la orden judicial de desahucio era legal, el Comité indicó que las autoridades no habían tomado todas las medidas necesarias para proporcionar un hogar alternativo.

Por ello, instó a España a tomar todas las medidas necesarias para ayudar a esa familia a obtener una vivienda adecuada, a darle una indemnización por la violación de sus derechos y a formular y aplicar un plan integral que garantice el derecho a la vivienda adecuada con personas de bajos recursos.

El pasado abril, el mismo Comité aseguró que las medidas de austeridad en España han perjudicado el derecho a la vivienda de los más pobres.

Ahora, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación por el incumplimiento del Estado de las recomendaciones de la ONU en materia de vivienda, al considerar que no está prestando la debida consideración al dictamen del Comité.

Lo hace después de que diversas organizaciones, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), le presentaran una queja.

El Defensor considera que España también habría incumplido su obligación de divulgar la decisión del Comité, al limitarse a publicarlo en el Boletín del Ministerio de Justicia, y ha pedido que aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE).