Indignación entre las víctimas de pederastia tras la negativa de la Iglesia a entregar sus archivos al Gobierno

Los obispos no van a entregar al Ministerio de Justicia los archivos de los casos de pederastia conocidos o investigados en las diócesis española tras el informe de la Fiscalía que alertaba del oscurantismo. Ni siquiera van a contestar al requerimiento del Gobierno seis meses después de que se les solicitara.

Es la vía que ha planteado el portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, en unas declaraciones a El Mundo en las que confirmaba que el 7 de febrero tuvieron conocimiento de la reclamación del Ministerio, “pero primero por los medios de comunicación, y contestamos por la misma vía”.

Alega que la Conferencia (el órgano de Gobierno de los obispos) no tiene los datos que, en este caso, son de las diócesis, congregaciones religiosas y Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede. “Ese mismo día por la tarde [7 de febrero] llegó la carta, a la que no hemos respondido”, subraya Argüello.

En efecto, la respuesta mediática de la Iglesia llegó a través del presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez, quien aseguró a preguntas de este diario que no habría investigaciones, ni se abrirían los archivos, ni se entregarían al Ministerio de Justicia los expedientes de casos existentes en España: “Las diócesis y la CEE estamos dispuestos a colaborar, pero nuestra colaboración directamente es con los tribunales, que son los encargados en un Estado de derecho”.

Las víctimas: “Buscan que nos cansemos”

Las palabras del portavoz de la CEE han sido recibidas con estupor por parte de las víctimas. “Parece como si la Iglesia, en lugar de pretender justicia y verdad, buscara que nos cansemos de pedir ambas cosas, como si buscaran solventar estos graves delitos, estas violaciones de los derechos humanos y esta cuestión de salud pública, utilizando la más inconsistente de las respuestas, el silencio público y la mala fe privada”, ha denunció el presidente de la asociación Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, padre del superviviente del colegio del opus dei Gaztelueta.

“No ayuda poner los ojos solo en la Iglesia, pero tampoco ayuda ponerlos en el resto de ámbitos y con respecto a la iglesia ponerse una venda”, ha apuntado, y añade que “la paciencia tiene un límite: la situación es insostenible”. “Son muchas las promesas, interminables las peticiones de perdón, pero su exceso sin otras consecuencias resulta a estas alturas poco creíble al tiempo que colaboran más bien poco en ajustar las piezas necesarias del puzzle que los jerarcas católicos se empeñan en seguir desordenando”, lamenta Cuatrecasas, que subraya cómo tras reunirnos con Monseñor Blázquez, y consensuar una esperanza en el Motu Proprio del Papa Francisco, nos encontremos ahora con otra negativa para colaborar con la Fiscalía del Estado“.

Una deuda

“La Iglesia Católica tiene una deuda con sus víctimas y en vez de atenderlas, reconocerlas y repararlas siguen utilizando su ya cansino ejercicio de malabarismo en aras de ganar tiempo, prolongar los plazos y huir hacia delante”, resalta el presidente de Infancia Robada, quien exige “la denuncia transparente por parte de la Iglesia de sus propios delincuentes, lo contrario seguirá colaborando en una insufrible e injusta doble victimización de los seres humanos, que con independencia de su edad, fueron un día abusados y agredidos sexualmente en nombre de Dios y con un imperdonable abuso de autoridad, mediando trampas y tremenda malicia”.

El informe de la Fiscalía

El origen de la petición es un informe de la Fiscalía, quien en un informe subrayaba que las medidas para evitar y denunciar los abusos a menores en la Iglesia son “deficientes”, al tiempo que instaba a la institución a llevar cada sospecha a la justicia prescindiendo de “comprobaciones o filtros internos de verificación”, tal y como se sigue haciendo en la actualidad. Aunque la Fiscalía no pudo dar datos concretos de casos referidos a la Iglesia, sí apuntaba que la pederastia clerical es “una realidad compleja” que se da en “entornos tradicionalmente dotados de cierta opacidad”, lo que dificulta la detección de casos. Subrayó la necesidad de aplicar medidas para detectar casos que se hayan podido producir, castigar penalmente a sus autores, reparar “en lo posible” a las víctimas y establecer mecanismos de prevención.

Algo a lo que los obispos se han negado de manera reiterada, aduciendo la inminencia de una normativa desde la Santa Sede que les permitiera poder abrir archivos o instar a las diócesis y congregaciones a entregarles documentación y que, al parecer, no ha llegado. Para el Ministerio Público, “el panorama es deficiente” en el ámbito eclesial, y exige iniciativas más eficaces en la “prevención, detección, persecución y reparación en este tipo de conductas en centros e instituciones religiosas”.

Un mar de abusos

Pese a que, oficialmente, la Iglesia española no tiene datos sobre cuántos casos de pederastia se han investigado en su seno, o han afectado a eclesiásticos, lo cierto es que al menos son 110 los casos que se han investigado a través de los tribunales o gracias a las denuncias de los medios de comunicación, con cerca de 400 posibles víctimas. Un mar de abusos del que solo se ve la punta, pues son muy pocas las víctimas las que, aún hoy, se atreven a dar el paso y denunciar.

Algunos de los más conocidos son los de abusos en Astorga y La Bañeza (el más conocido, el de José Manuel Ramos Gordon, pederasta que ha sido apartado de la diócesis); el 'caso Gaztelueta', donde el profesor del colegio del Opus Dei ha sido condenado a 11 años de cárcel; el 'caso Romanones' de Granada (que acabó con la exculpación del único investigado que fue juzgado); los Maristas de Barcelona (con implicaciones también en Chile); el del fraile Soler, del monasterio de Montserrat (la víctima, Miguel Ángel Hurtado, es uno de los portavoces de ECA Global, la mayor asociación de supervivientes del mundo); o el del marianista Manuel Briñas (recientemente fallecido), que abusó de menores antes de ser responsable de la cantera del Atlético de Madrid.

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